La Cecot ha presentado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un documento de alegaciones para solicitar que promueva los mecanismos necesarios para que las redes eléctricas en tarifa 6.1TD pasen cuanto antes posible a tarifa 6.2TD. La patronal catalana ha denunciado un "agravio comparativo por sobrecostes de los peajes eléctricos en alta tensión" y ha exigido garantías para que las empresas afectadas puedan competir al mercado con igualdad de oportunidades.
En concreto, el informe aduce a la modificación de la circular 3/2020 del 15 de enero sobre la metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. Desde la Cecot consideran que hace décadas que 3.200 empresas catalanas sufren una situación injusta en este sentido, pero también otros territorios del Estado, como Andalucía, Extremadura, Aragón o Murcia . Estas deficiencias provocan unos sobrecostes que, según la patronal, obedecen a "criterios políticos y no imputables a consideraciones técnicas, ni de eficiencia de la red".
Desprotegidos legislativamente
El empresariado cifra en 200 millones de euros anuales los sobrecostes producidos en Catalunya por esta circunstancia. De hecho, ya hace años que la entidad catalana lucha por soluciones. El director de la Oficina por la Transición Energética de la Cecot, Josep Casas, recuerda que "en 2015 ya denunciamos estos sobrecostes mediante la Plataforma kV25/30, junto con entidades del País Vasco y otras organizaciones en Catalunya, para conseguir corregir las incoherencias, arbitrariedades y discriminaciones que en aquel momento se daban en la regulación de las tarifas de acceso a la red eléctrica". Todo ello, sin embargo, cambió en 2017, cuando el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de EBB, Andoni Ortuzar, pactaron un nuevo tramo en la tarifa eléctrica para los Presupuestos Generales del Estado. Este acuerdo benefició las empresas en 30kV y 36kV, la mayoría de ellas ubicadas en el País Vasco, según la patronal.
La Cecot cifra en 200 millones de euros anuales los sobrecostes producidos a Catalunya
Además de la CNMC, la Cecot ha hecho extensible la protesta en el gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Por otro lado, también han interpelado a todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados. La idea es que atiendan su petición formulada a la CNMC y aprueben una acción legislativa que pueda resolver la problemática con más celeridad. Según Casas, el método más viable sería incluir "medidas presupuestarias", puesto que una aplicación inmediata del cambio que solicitan tendría "un impacto en el volumen de ingresos de la recaudación de las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución".
Adecuar las tarifas de las redes como solución
En Catalunya, las empresas están conectadas a una red de distribución de hasta 25kV, debido a motivos históricos de despliegue en cada territorio. Otros puntos del Estado como el País Vasco tenían una red de entre 30 y 35kV. Independientemente de la diferencia, todas ellas contaban en aquel momento con un peaje de acceso más caro que los de las redes de 36kV, lo cual representaba un sobrecoste energético considerable. Con el acuerdo entre Rajoy y Ortuzar en 2017, el gobierno español aplicó un cambio de tarifa energética en las líneas de distribución de tensión entre 30kV y 36kV, la más habitual para las empresas vascas con tarifa 6.1. Es decir, el pacto dejó sin resolver la cuestión en el resto del territorio conectado a las redes de 25kV. En total, 4.500 empresas en todo el Estado, y más de 3.200 sólo en Catalunya. Desde entonces, la Cecot busca un cambio regulador que corrija esta desigualdad, de manera que las redes eléctricas con tarifa 6.1TD (antigua 6.1A) también queden encuadradas en la tarifa 6.1B derivada del acuerdo PP – PNV, o bien a la 6.2TD (antigua 6.2).
El documento de alegaciones de la patronal catalana insiste que el término de potencia del peaje de transporte y distribución de la 6.2TD es más económico que el de la tarifa 6.1TD.
En general, el empresariado considera que se ha agravado una situación que ya era injusta hace años, dado que la reforma aprobada el 2017 supuso "una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinados territorios del Estado español". Por consiguiente, los efectos de la medida son "selectivos territorialmente" y "pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten en el ámbito de todo el territorio comunitario".