El Cercle d’Economia advierte contra la "polarización creciente" de la política por considerar que dificulta las salidas a las actuales crisis. El lobby empresarial que preside Jaume Guardiola se muestra especialmente contundente contra el PP de Alberto Nuñez Feijóo, por bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también contra el gobierno de Pedro Sánchez, por impedir el año pasado que este órgano nombrara los magistrados del Tribunal Supremo. De este repaso a la clase política no se escapan las formaciones catalanas, a las que se les exige que aprueben los presupuestos de la Generalitat para el próximo año.
Las notas de opinión del Cercle d’Economia no dejan a nadie indiferente. Esta vez atacan a las principales formaciones políticas por su estrategia de confrontación que les impide alcanzar acuerdos. En las primeras líneas, la nota advierte que “las sociedades occidentales viven momentos de creciente polarización, una dinámica que vacía el centro político, dificulta la negociación parlamentaria e impide los acuerdos transversales que las sociedades plurales necesitan para avanzar. De esto se resiente el propósito de la política”. Esta situación resulta "especialmente preocupante" en un contexto de superposición de crisis -energética, inflación, guerra en Ucrania, climática, globalización, choques comerciales,...- que afectan a los ciudadanos. Para hacer frente a estas crisis, el Cercle subraya que es necesario acelerar “la necesidad de conseguir consensos amplios”.
El Cercle d’Economia recuerda a los partidos que gobiernan o con vocación de gobernar que son "los responsables de revertir las dinámicas de confrontación"
Recuerdan que los partidos que gobiernan o tienen vocación de gobierno son los “responsables principales” de revertir las dinámicas de confrontación partidista. Ponen como ejemplo el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la que hacen responsable al PP. “Que el mayor partido de la oposición haya roto las negociaciones cuando el acuerdo estaba a punto de suscribirse es lamentable desde cualquier ángulo. Un partido que apela continuamente a los valores constitucionales no puede incumplir, con este bloqueo sistemático, los deberes que la propia Constitución le impone”.
La nota señala que el "pretexto" del PP ha sido la reforma del Código Penal en materia de sedición. En este sentido, recuerdan que el Cercle d’Economia, que apoyó conceder los indultos, "entiende que puede ser una medida que ayude a canalizar el conflicto territorial ya devolverlo al ámbito de la negociación política". Consideran que "modificar las normas penales no debe mezclarse con el mandato constitucional de renovar el CGPJ".
Pero también critican a los socios del gobierno de Pedro Sánchez por la modificación normativa que, el año pasado, impidió que el CGPJ nombrara a los magistrados del Tribunal Supremo. El Cercle d’Economia apela al conjunto de las fuerzas políticas y, especialmente, a los dos partidos principales, a reanudar "inmediatamente" la negociación para desbloquear el gobierno de los jueces.
Por lo que respecta a la política catalana, el Cercle d’Economia exige que las formaciones políticas faciliten la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. “La única forma de sacar adelante los presupuestos es con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. En el fondo, esto implica una oportunidad para salir de la dinámica de blogs en la que la política catalana lleva años instalada”, señala el lobby empresarial. Advierten a los partidos con vocación de gobierno que "mantenerse en la trinchera sería un acto profundamente irresponsable".
Y detallan el precio de esta “irresponsabilidad”: un total de 3.098 millones de euros, el aumento de la capacidad de gasto de la Generalitat para 2023, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya ha validado y que, si no se aprueban nuevos presupuestos, quedaría en el aire.
Recuerdan que, sin presupuestos, el gobierno de la Generalitat “no podría aprobar nuevas inversiones, lo que aún agravaría más la falta de inversión pública en Catalunya, porque el ritmo de ejecución de las inversiones estatales se mantiene en mínimos inaceptables y, lejos de corregirse, se va acentuando”.