Coláis, un año de cambio no tan radical

La apocalipsis económica que algunos auguraban no se ha producido, pero la falta de experiencia y una perspectiva más ideológica que técnica dificulta afrontar los grandes retos de ciudad

"Cambio radical", titulaba una portada de prensa el 25 de mayo de 2015. El diario que más se había significado a favor del alcalde Xavier Trias hacía un juego de palabras que encajaba bien con el miedo de los sectores de la ciudad más relacionados con la economía productiva. Ada Coláis, una activista de ideología difusamente comunista sería la nueva alcaldesa de la ciudad y se disponía a gastar 160 millones de euros en un plan de choque social que tenía que incluir contrataciones masivas en el sector público, expropiaciones y parar todos los grandes proyectos de la ciudad.

Qué queda de la revolución de mayo, un año después? "Mucho simbolismo y, de momento, poco contenido", resume el abogado y economista Vicenç Aparicio. Al fin y al cabo, recuerda, "el Gobierno Coláis sigue las líneas maestras del presupuesto de Trias, que se había aprobado con consenso, y que a la vez era continuista con las últimas legislaturas socialistas".

Cómo se ha parado el ímpetu revolucionario? El analista de Políticas Públicas Andreu Orte (@CiutatsE) responde: "La geometría de los varios grupos en el Ayuntamiento y la mecánica de aprobación de presupuestos e inversiones para el mandato dificultan inversiones que podían ser prioritarias para Barcelona en común (PICO), como por ejemplo el tranvía. En cambio, posiblemente encontrarán apoyos transversales para proyectos de reforma de barrios y a la financiación de la L10".

Sin un nuevo presupuesto aprobado, la única herramienta a disposición del consejo municipal es la modificación de crédito, es decir, mover dinero no gastado de un concepto a otro. Este sistema es el que se ha utilizado para ampliar el presupuesto para escuelas cuna, con la polémica municipalització de la gestión del Caspolino.

Los hoteles no son bienvenidos
Pero la mide estrella del primer año de legislatura ha sido, sin duda, la moratoria hotelera. Desde hace un año no se da ni una licencia nueva, a la espera de un nuevo plan turístico que tendría que llegar el año que viene. El edificio Deutsche Bank del Paseo de Gràcia o el antiguo Banesto de Plaza Cataluña están medio vacíos desde hace meses porque la reforma no tiene licencia o ha expirado antes de tiempo. Aquellos grupos que querían invertir en Barcelona sólo tienen una alternativa: comprar un hotel existente.

"La moratoria hotelera beneficia los establecimientos ya establecidos en la ciudad", dice Aparicio, porque "el valor de su inversión se ha multiplicado a la haberse prohibido la entrada de nuevos operadores". Aparicio añade que "al menos se tendría que permitir la compraventa de licencias, cerrar un hotel para abrir otro, cosa que permitiría una asignación más eficiente de los recursos".

Sobre el plan estratégico de turismo, el más caliente es al fregadero. Barcelona en común prometió un plan elaborado con la gente, pero la participación en un proceso tan amplio, publicidad y promocionado –incluso con sartenes populares- como el nuevo Plan de Actuación Municipal sólo ha atraído la participación de 21.000 barceloneses, un 1,2% de la población de la ciudad. Además, la propuesta que sacó más votos fue la cobertura de la Ronda de Arriba, un proyecto que el Ayuntamiento actual no piensa llevar a cabo.

Un año de transición?
El economista David Rodríguez (@cotidianidades) pide un poco de paciencia. "El primer año de una legislatura el nuevo equipo de gobierno tiene dos opciones, acabar los proyectos del anterior y ponerse las medallas, o poner en marcha proyectos nuevos, que piden un procedimiento largo". En este sentido, el primer año de legislatura ha permitido "poner en cuestión muchos años de continuidad".

A la vez, Rodríguez apunta que Barcelona en común "tiene muchos geógrafos, muchos sociólogos, muchos ambientalistes, pero la plantilla de economistas es bastante corta". El flamante nuevo pacto con el PSC, firmado este miércoles, permite atacar esta debilidad y nutrirse del plantel socialista.

Las burbujas a explotar
Los precios de los pisos, de las oficinas e incluso del poco terreno industrial que queda en la Zona franca están subiendo, y en algunos casos se acercan a los niveles de antes de la crisis. Ada Coláis ha mencionat en varias ocasiones la palabra "burbuja". Burbuja turística, burbuja de alquileres, todo para justificar una intervención a fondo a cada sector, normalmente en forma de fijar precios, una prometida que no se ha producido.

"El concepto de burbuja turística no tiene sentido", dice Aparicio, que explica que "una burbuja es un incremento prolongado de precios por encima de su valor real". Es decir, que si hubiera burbuja turística, los hoteles estarían vacíos y los precios bajarían automáticamente. Aparicio añade que "la demanda turística de Barcelona ha aumentado, pero los precios hoteleros no son más altos en Barcelona que en otras grandes ciudades europeas.".

Con vivienda, tampoco hay ideas claras. Orte apunta que "todo el mundo cree tener una receta mágica para evitar una nueva subida de precios generalizada, pero nadie lo ha acertado en el pasado". Ni los socialistas, ni Convergència, ni Iniciativa que trajo la concejalía de Vivienda durante buena parte de los 20 años de gobierno en coalición. Orte afirma que, a pesar de que los precios estén subiendo, "intervenir sobre el precio de alquiler poniendo límites, como pretendía Barcelona en común, no funciona".

La alternativa, según Orte, sería intervenir "en colectivos con dificultades en un parque de alquiler social, o que el Ayuntamiento garantice el cobro en varios perfiles de riesgo. Las garantías para poder firmar contratos son duras y obligan a dedicar unos recursos que muchas familias no disponen".

"Hay un cierta mitificación de bastante gente de Barcelona en relación con los límites municipales", apunta Orte. "La llegada de la L2 en Badalona la hace ser más cerca de Paseo de Gràcia que el Guinardó, y los precios son equiparables, o incluso más bajos".

Coláis, año II
Qué se puede esperar del año que ahora empieza? Seguirán encallados algunos proyectos emblemáticos como el tranvía de la Diagonal? Todo indica que el PSC no querrá meterse en el lío que supone levantar otro golpe una de las principales avenidas de la ciudad, un tema que conocen bien porque el alcalde Jordi Hereu ya perdió su consulta sobre la Diagonal.

David Rodríguez recuerda que "el Ayuntamiento seguirá encorsetado por toda la legislación vigente, especialmente la Ley Montoro, que limita la nueva contratación de personal". Una norma que precisamente obligó Xavier Trias a hacer malabarismos para contratar más guardias urbanos, y que perpetúa las diferencias entre funcionarios y personal externalizado, uno de los caballos de batalla de los Comunes.

Un proyecto emblemático que sí que ha conseguido consenso es la apertura de algunas estaciones de la Línea 10 de metro en la Zona franca, pero fuentes del sector dudan que con la modificación de crédito actual, que prevé 15 millones de euros, se pueda acabar el proyecto.

Entre los restauradors, hay confianza que la entrada de Jaume Collboni al consistorio moderará la aplicación del ordenanza de terrazas y acabará haciendo que el Ayuntamiento sea más permisivo con la instalación de vetlladors en la Diagonal, que continúa con las aceras vírgenes.

La modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que ha subido ligeramente la cuota a los bienes más caros y rebajado la de los más baratos, entrará en vigor el 2017, pero no se esperan grandes cambios recaudadores. En general, la situación fiscal del Ayuntamiento está blindada por la Carta Municipal, que ha permitido un crecimiento sostenido de los ingresos, al contrario que a la Generalitat, que tenía una gran dependencia de impuestos más especulativos como el de transmisiones patrimoniales.

Por Rodríguez, la clave del éxito económico de Barcelona en común puede ser el cambio generacional, como la "gente nacida entre 1970 y 1984, que ha entrado a los 40 con feinetes porque no lo han dejado subir, se enfrenta a unos interlocutores del mundo económico que tienen alrededor de 70 años".
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