La ciudad de Barcelona ha tenido desde hace siglos -no exageramos- la jacta aspiración de disponer de un puerto franco de mercancías , un activo que hubiera sido de valor incalculable para el país. Pero tener un Estado en contra hace que las grandes iniciativas a menudo acaben descafeinadas, y es así como los sueños de puerto franco han quedado reducidos en una zona franca, talmente como una declaración de independencia acabó en Estatut d'Autonomia.
Del primer intento de 1711, hasta unas últimas tentativas durante el franquismo, la posibilidad de disponer de un puerto franco ha volado a menudo sobre la ciudad, sin que nunca haya llegado a aterrizar del todo. La evolución de todo este seguido de proyectos es el actual Zona Franca, un polígono industrial de dimensiones colosales (seis millones de metros cuadrados) que es parte fundamental de la vida económica de la ciudad y que está gestionado por la entidad objeto del presente artículo, el Consorci de la Zona Franca, creado en 1916. Según esta misma entidad explica, su objetivo es dinamizar la economía de la zona metropolitana de Barcelona a través de la gestión del polígono industrial de la Zona Franca, así como de la Zona Franca Aduanera.
El organismo está regido por un consejo de administración denominado Plenario con miembros de perfil mayoritariamente político. La presidencia lo ocupa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con un vicepresidente primero designado por el Estado, que no es otro que Pere Navarro Morera, antiguo "líder" de los socialistas en Catalunya. También hay una vicepresidencia segunda, en este caso Oriol Sagrera Saula, del Departament de Empresa de la Generalitat, por parte de ERC. En las vocalias encontramos fundamentalmente miembros del ayuntamiento de Barcelona de todos los grupos municipales (Artadi, Guilarte, Maragall, Collboni, Bou, Martí y Parera), así como presidente y director general de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Damià Calvet Valera y José Alberto Carbonell Camallonga), representantes de la Cambra de Comerç (Jordi Pomarol Clotet y Pere Barrios Esturlese), el presidente de Foment de Treball (Josep Sánchez Libro), secretarios y sub-secretarios de Estado (Maria Pilar Paneque Sosa, María José Gualda Romero, María José Rallo del Olmo y Xiana Margarita Méndez Bértolo), secretarios de la Generalitat (Isidre Gavin Valls), representantes de la administración aduanera (Almudena Escobedo Canalda), líderes sindicales (Javier Pacheco Serradilla y Camil Ros Duran) y el también presidente de Renfe (Isaías Táboas Suárez).
El Consorci de la Zona Franca tiene en su expediente uno de los fraudes más llamativos de la historia de la ciudad
Por debajo de este plenario hay toda la estructura ejecutiva, encabezada por la directora general Blanco Sorigué Borrell (grado en Turismo, máster en marketing y formación adicional a IESE), que tiene dependencia funcional de Pere Navarro Morera, como delegado especial del Estado. Este último tiene un salario asignado para este 2021 de aproximadamente 170.000 euros, dentro de un gasto global en retribuciones alrededor de los siete millones de euros.
El Consorcio de la Zona franca tiene a su expediente uno de los fraudes más llamativos de la historia de la ciudad, cómo es el que perpetró Antonio de la Rosa Vázquez, secretario general de la entidad y padre del "financiero catalán" Javier de la Rosa Martí, este último conocido por el caso KIO y por la quiebra del Banco Chaparral-Nogués. La estafa de de la Rosa Sr. se produjo durante la segunda mitad de los setenta y consistía en la realización de compra-ventas de terrenos con dinero de la entidad pública, unos terrenos que se suponía que estaban ubicados en Montmeló, pero que en realidad no existían.
Su supuesto socio en el fraude era José Luis Morena de Quixano, precisamente el delegado especial del Estado en el consorci, y también había implicado otro personaje que hacía la función de intermediario en la operación, de nombre Rafael del Barco Carreras. Más tarde también apareció vinculado a toda la trama Fernando Serena Mascaray, propietario de un conocido concesionario de coches de lujo en Barcelona. El importe de la estafa ascendía a 1.229 millones de pesetas (7,4 millones de euros). La sentencia en primera instancia se hizo pública el mayo del 1983 y condenó Morena a 23 años de prisión, mientras que Del Barco y Serena recibieron penas inferiores a los tres años. Pero el cerebro de la trama, de la Rosa, no va poner los pies a la prisión porque huyó en el extranjero -primero París, después América Latina- tan pronto cómo se destapó el fraude.
Los ingresos que el consorci tuvo durante el ejercicio 2020 ascendieron cerca de 70 millones de euros
Pero la trama todavía tendría que hacer unos cuántos giros adicionales. El 1995 el hijo de de la Rosa, Javier, hizo público que su padre había muerto a un París par de años antes, a los setenta y cinco años de edad. El 1997 el juez archivó el caso al considerar que había transcurrido el tiempo legal de prescripción del delito y pocos días después salió a la luz pública que Antonio de la Rosa no solo no había muerto, sino que además vivía en la ciudad de Barcelona. Para redondear la performance, un año más tarde el mismo de la Rosa escribió una carta abierta y certificada ante notario donde exculpaba su supuesto colaborador José Luis Morena (que al final cumplió más de cuatro años de prisión) de toda responsabilidad en la estafa. La frase final de la misiva decía: "Nadie sabe más bien que yo cómo de injusto fue aquello [el paso por la prisión de Morena] por el desconocimiento que tenías de mis acciones, de las que eras absolutamente inocente".
Volviendo a los tiempos actuales, hay que añadir que los ingresos que el consorci tuvo durante el ejercicio 2020 ascendieron cerca de 70 millones de euros, dejando un excedente de 36 millones, que sirvieron por engruixir el patrimonio de la entidad hasta los 488 millones de euros. La actividad medular proviene del polígono industrial (118 empresas), de la Zona Franca aduanera (24 empresas) y también del proyecto DFactory Barcelona, que es una iniciativa que pretende fomentar la atracción de talento, tecnología e inversiones en ámbitos punteros cómo la inteligencia artificial, la ciberseguretat, la robótica o la impresión 3-D, entre muchos otros. En este proyecto, el socio tecnológico del consorcio es la firma Leitat, una entidad de carácter asociativo nacida a Terraza en 1906 y que tiene como presidente a John William Carnes Ayats, antiguo conseller y director general de Turismo de Barcelona.
Pero la actividad del consorci va mucho más allá de los terrenos de la Zona Franca porque disponen de instalaciones en diferentes emplazamientos del país, y no todos de carácter industrial, sino que también poseen activos inmobiliarios del ámbito residencial, como es el caso de los edificios a los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu o al barrio de la Marina. También disponen de una amplía reserva de 36.000 metros cuadrados de oficinas en edificios singulares disponibles para el alquiler. De hecho, el edificio Media-TIC del distrito 22@ es una promoción del mismo Consorci.
En resumen, como ellos mismos se definen, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona es el motor económico y logístico de Barcelona.