Desburocratizar, ¿misión imposible?

El funcionario debe acercarse a la preocupación del ciudadano y darle respuesta, no dilatarla

Existe un problema de excesiva burocratización de la Administración Pública | iStock Existe un problema de excesiva burocratización de la Administración Pública | iStock

Las protestas campesinas han sacado a la luz el problema de la excesiva burocratización de la Administración Pública. Un tema en el que tres administraciones tienen responsabilidades: la europea, la española y la catalana. Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar su funcionamiento. Posiblemente, esta propuesta mueva consensos, pero la historia no anima hacia el optimismo. Ha llegado a convertirse en una realidad fosilizada. Es un mal funcionamiento sostenido que malgasta energías y provoca absurdos costos billonarios.

Un tema que viene de lejos

Es un tema que no solo afecta a nuestra Administración, lo cual nos libera, ya que mal de muchos... El economista inglés Cyril Northcote Parkinson, ayudado por la ironía, "descubrió" en 1957 las leyes que llevan su mismo nombre. Las leyes de Parkinson se basaban en observaciones reales y llegaban a conclusiones que solamente podían sobrevivir en el mundo del absurdo. ¡Pero sobrevivían! Por ejemplo, observó cómo en el Ministerio de Marina inglés existía una relación inversa entre el número de barcos y el personal funcionario del Ministerio. Extrapolando esta observación llegaba a la conclusión absurda de que el número de funcionarios de un departamento público no era función del trabajo, sino una variable correlacionada con el tiempo. El tiempo, por sí mismo, creaba funcionarios. Simplificando, Parkinson decía que el trabajo se expandía hasta llenar el tiempo del que se dispone para su realización, que los gastos aumentaban hasta cubrir todos los ingresos y que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda era inversamente proporcional a su importancia.

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En general, más allá de la Administración Pública, el funcionamiento de las organizaciones empresariales ha creado una rica literatura del absurdo. Recordemos el principio de Peter, según el cual todo empleado escala en la jerarquía de su empresa hasta el nivel de su incompetencia. Por lo tanto, con el tiempo, toda la organización empresarial acaba gobernada por incompetentes. Siguiendo los caminos de la burla inteligente, en España Mariano José de Larra aporta su artículo Vuelva usted mañana. Ya más actual y con rigor de análisis sociológico, Alejandro Nieto publicó La organización del desgobierno. La literatura catalana del absurdo burocrático no ha querido ser indiferente al tema y cuenta, entre otras publicaciones, con La dictadura de la incompetencia de Xavier Roig.

Normativa y realidad

En Catalunya existe una necesidad de reducir la burocracia | iStock
En Catalunya existe una necesidad de reducir la burocracia | iStock

En el año 2005 publiqué Control y efectividad, allí exponía cómo la normativa legal dificultaba el trabajo más allá del absurdo y eso promovía prácticas irregulares generalizadas en la búsqueda de la eficacia, funcionarios honestos no encontraban ningún camino para resolver las funciones encomendadas que transgrediendo normas bloqueadoras. Por ejemplo, la no periodificación contable entre ejercicios, es decir, la no transmisión de los presupuestos de funcionamiento de un ejercicio a otro, es un gran generador de irregularidades normalizadas. Hoy, seguramente, podría escribir el mismo artículo. Nueve años más tarde, en 2014, escribí De duplicaciones y simplificaciones. Allí afirmaba que "una legislación moderna debe basarse en la claridad, la simplicidad, la integración o derogación de normativas conexa y la apuesta clara por las tecnologías de la información y la comunicación (...) deben producirse cambios importantes en la cultura administrativa, con unas normas más flexibles, más orientadas a los contenidos y menos a las formas". Hoy, seguramente, podría escribir el mismo artículo. Han pasado más años, pero los problemas persisten siguiendo los ritmos de una eterna ley de la marmota.

Progresos insuficientes a la era de la inteligencia artificial

En los últimos años, se han hecho progresos en la Administración Pública catalana. Han mejorado los sistemas digitales disponibles y se ha reforzado la cultura de la planificación estratégica y los sistemas de calidad. Se ha impulsado la ventanilla única y la publicación de "datos abiertos". Son progresos importantes. Sin embargo, es necesario revisar los procesos administrativos considerando la eficiencia y la seguridad, pero también los costos del usuario. La simplificación es posible. Es necesario que la Administración, toda ella, tenga los sistemas de información integrados, con un único lugar para cada dato, consultable, con los criterios de seguridad precisos, desde cualquier lugar del sistema. No tiene sentido que el ciudadano tenga que rellenar datos que la Administración ya conoce, ni que se pidan informaciones que con los medios técnicos actuales (teledetección vía satélite, por ejemplo) puedan obtenerse. Hay buenas herramientas, se dispone de los datos, pero es necesario espíritu de servicio y buena gestión de estos datos. Un ejemplo de buen funcionamiento es la gestión de la declaración de renta, hace muchos años que se implantó este sistema, pero no ha sido suficientemente copiado por otras unidades de la Administración Pública.

Vuelva mañana

Entre el personal de nuestra Administración hay verdaderos corredores de fondo en dedicación y maestros en talento. Nuestros servicios que cuentan con el usuario cercano (médicos, enfermeras, maestros, bomberos, policías, etc.) suelen expresar un alto grado de solvencia profesional. Los malos funcionamientos de los que nos advertían los autores mencionados se referían sobre todo a los servicios administrativos que no tienen una conexión tan directa con el usuario. Un bombero no puede decir que el incendio lo apagaré mañana. Y no lo hace, por el contrario, demuestra heroísmo al dar la mejor y más efectiva respuesta para apagar el fuego. Pero desde los servicios administrativos sí se puede decir "vuelva mañana" o "ya lo miraré después".

La ley como obstáculo y como excusa

Las leyes, los decretos, las normas, pretenden obtener la máxima seguridad frente a posibles demandas del ciudadano. Así, las normas legales se sobrecargan de prevenciones. Al mismo tiempo, con este ánimo defensivo, todas las leyes llevan alguna salida. Siempre hay alguna cláusula que indica posibilidades no explicitadas. Por ejemplo, "salvo situaciones razonablemente justificadas", "salvando circunstancias excepcionales" u otras equivalentes. Al funcionario o al político a menudo les da miedo las decisiones, en tanto que comprometen. Para evitar la decisión, se usan estas cláusulas de salida y se acaban negando o posponiendo propuestas con todo el sentido y legalidad.

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Corporativismo e indefensión ciudadana

La imagen que recibe el ciudadano es de indefensión. He podido conocer diferentes procedimientos de reclamación frente a malas prácticas o errores de los trabajadores públicos. Sé que mi muestra no es representativa, pero la respuesta, en los casos que he conocido, siempre ha sido endogámica, dando la razón al funcionario, incluso negando la existencia de los hechos o modificándolos con narrativas creativas. El cuerpo administrativo del funcionariado, del cual he formado parte durante un período de mi trayectoria profesional, es un cuerpo con ventajas profesionales, por la seguridad en el empleo, por los horarios y jornadas laborales. La contrapartida a las ventajas debe ser la profesionalidad y una voluntad de servicio excelente. Hay muchos buenos funcionarios, la mayoría. Pero también existe lo contrario sin que nadie se atreva a ponerle freno, temiendo -como se ha demostrado- una respuesta corporativista a la defensiva.

Gestión evaluable por el ciudadano

El funcionario debe acercarse a la preocupación del ciudadano y darle respuesta, no dilatarla. De ellos y de la Administración Pública en general esperamos resultados, esperamos soluciones y esperamos espíritu de servicio. La búsqueda de los procesos efectivos, pero más cortos y sencillos, debe ser una tarea a abordar sin demora. Las leyes se deben compilar y simplificar, evitando duplicidades y complejidades que sean innecesarias. Las respuestas deben tener plazos. La profesionalidad y el espíritu de servicio que hay que reclamar deben evaluarse mediante indicadores objetivos. De la misma manera se deben incentivar las respuestas excelentes. Pero, en estos procesos de evaluación independientes, los usuarios deben tener participación. Se debe salir de la autocomplacencia. Los retos que hay que afrontar lo requieren.

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