La Reforma de la Administración (con mayúsculas) es la gran asignatura pendiente, junto con el modelo educativo, que debe permitirnos recuperar posiciones en productividad y renta per cápita respecto a nuestros competidores. Las empresas se enfrentan a un entorno administrativo y normativo cada vez menos favorable a la actividad económica y esto se está traduciendo en una pérdida de competitividad exterior. Cabe recordar que la competitividad es la suma de la competitividad-empresa y de la competitividad-país. Esta última viene determinada por el entorno regulador y el funcionamiento del sector público. Las empresas se enfrentan cada vez a más controles, más regulaciones (de los distintos niveles administrativos) y más burocracia (la información requerida no ha disminuido, solo se ha digitalizado). Esta pérdida de calidad del entorno administrativo tiene elevados costes para las empresas, pero también para la sociedad porque se pierden inversiones que podrían generar empleo y riqueza.
Los indicadores internacionales lo confirman. Según el Ranking de Competitividad 2023 que elabora la escuela de negocios suiza IMD, España ocupa la posición 51 en eficiencia del gobierno, muy por debajo de la que le correspondería en función de su PIB (posición 14 en el mundo). En los últimos cinco años, España ha descendido 11 posiciones, de la 40 a la 51 de un total de 64 economías analizadas. En Catalunya el diagnóstico es aún más decepcionante. Según el European Quality of Government Index 2021 que publica Eurostat, Catalunya está en la cola de las regiones de España y Europa en calidad del gobierno. Este indicador está alineado con los resultados del informe del World Economic Forum sobre la confianza en el gobierno y la percepción de corrupción en España. Por último, un reciente estudio del Banco de España señala que la producción normativa se ha multiplicado por cuatro desde finales de los años setenta, hasta alcanzar las 11.737 en 2018, una normativa que se ha concentrado sobre todo en las comunidades autónomas.
Las empresas se enfrentan cada vez a más controles, más regulaciones y más burocracia
Las trabas administrativas y las exigencias normativas desproporcionadas están frenando la colaboración público-privada, cuando esta debería ser la piedra angular de nuestro sistema económico. El modelo actual se basa en la desconfianza y, por eso, los requisitos de documentación e información para optar a la contratación pública son cada vez más altos. El resultado es un escaso interés por parte de las empresas en participar en proyectos de interés público, con consecuencias importantes sobre la implementación de políticas públicas, ya que las empresas podrían dar una respuesta más ágil y eficaz a los retos actuales. La baja participación de las empresas (y especialmente de las pymes) en los fondos Next Generation es un buen ejemplo: el 60% de los fondos están siendo ejecutados por las administraciones públicas. Otro ejemplo del hecho de que la baja calidad normativa genera inseguridad jurídica y desincentiva la inversión lo vemos en el sector inmobiliario. Los cambios legislativos no se han evaluado previamente y están generando el efecto contrario al deseado: baja de la inversión privada e incremento del precio de los alquileres.
Tenemos una administración garantista y lenta que no se adapta a las disrupciones que están ocurriendo en la sociedad actual. Las empresas del siglo XXI tienen que enfrentarse a grandes desafíos como la digitalización o la descarbonización, y necesitan trabajar con administraciones adaptadas al siglo XXI. Vivimos en un mundo cada vez más dinámico, donde la agilidad y la adaptabilidad son clave para el éxito.
Las trabas administrativas y las exigencias normativas desproporcionadas están frenando la colaboración público-privada, cuando esta debería ser la piedra angular de nuestro sistema económico
La digitalización es solo parte de la solución. Si las administraciones no aprovechan el proceso de digitalización para simplificar la tramitación, reducir los plazos de respuesta, unificar las diferentes fuentes de datos e implantar el principio de "una vez y basta", no estaremos avanzando realmente hacia una mejora de la eficiencia y la eficacia de la administración pública. Hay que recordar que el gasto público representa cerca del 40% del PIB. Si la administración no es capaz de gestionar este importante volumen de recursos con eficiencia y productividad, seguirá siendo un freno al aumento de la productividad del conjunto de la economía.
Vienen tiempos complejos para el sector público. Con el nivel de deuda más alto de su historia, tendrá que hacer frente a importantes retos que requerirán grandes volúmenes de gasto público, como los efectos del envejecimiento sobre la salud, las pensiones y la dependencia, el aumento de las desigualdades derivadas de la transición digital y de los procesos migratorios, y las inversiones medioambientales. Sin una gestión eficiente de los recursos, difícilmente se podrán abordar estos grandes desafíos.
Diferentes entidades de la sociedad civil, entre ellas la Cámara de Comercio de Barcelona, nos hemos reunido en el FERA (Foro de Entidades para la Reforma de la Administración) para pedir una reforma urgente de la administración. Hace pocos días entregamos un documento con más de 80 propuestas a los partidos políticos, que también hemos hecho llegar al Govern de la Generalitat. El diagnóstico y las propuestas ya los tenemos. Ahora se necesita voluntad política, capacidad de consenso, visión a largo plazo y valentía. Las próximas generaciones nos lo agradecerán (o nos lo recriminarán).