Más de 300 entidades, contra la ampliación del aeropuerto

Las organizaciones consideran "injustificable e inviable" plantear inversiones de este tipo en el contexto de crisis climática y social

Imagen de archivo de varias puertas del aeropuerto de | ^*ACN Imagen de archivo de varias puertas del aeropuerto de | ^*ACN

Más de 300 organizaciones del ámbito social, económico, vecinal, ecologista, del campesinado y académico han unido su voz este miércoles contra la ampliación del aeropuerto del Prat. En un acto unitario en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, han reclamado al Govern y a los ayuntamientos implicados que se opongan a cualquier ampliación de infraestructuras. Las organizaciones consideran "injustificable e inviable" plantear inversiones en este sector en un contexto de crisis climática y social. Además, creen que la ampliación es una operación "especulativa" en contra del interés general y en favor de constructoras, bancos y el accionariado de Aena.

Las organizaciones denuncian "opacidad" sin ningún proyecto presentado públicamente y "con total ausencia de justificación técnica, social, ambiental, económica y financiera". Además, lamentan que la respuesta dada por parte de la Generalitat y de los ayuntamientos implicados haya sido plantear nuevas inversiones para impulsar el crecimiento de la aviación con la conexión del Prat con Girona y Reus a través de la alta velocidad.

Las entidades recuerdan que el 60% del territorio del Delta del Llobregat ya se ha perdido y reiteran que la ampliación del aeropuerto sería "un nuevo atentado" contra sus valores naturales y agrarios y el sistema de acuíferos. Asimismo, denuncian que hace más de 20 años que se incumplen los acuerdos que se realizaron con la ampliación de la T1 de Prat.

Por otro lado, señalan que ampliar las infraestructuras aeroportuarias también compromete los objetivos climáticos de la Generalitat y citan un informe reciente de la Agencia de Desarrollo Urbano, Barcelona Regional, que estima que la ampliación del aeropuerto del Prat incrementará, como mínimo, un 33% las emisiones de CO₂. Por todo ello, las organizaciones exigen que las inversiones se prioricen "en función del interés general" y apuestan por el transporte público cotidiano y la integración del sistema ferroviario.

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