España sale del control europeo del déficit gracias a Comunidades y Ayuntamientos

Bruselas pedirá cerrar el expediente al Estado español por déficit excesivo después una década

Pierre Moscovici Pedro Sanónchez Pierre Moscovici Pedro Sanónchez

España saldrá de la supervisión europea por el déficit excesivo después de diez años. La Comisión Europea cerrará del procedimiento por déficit excesivo al Estado español una década después de haberlo abierto y tras haber llevado a cabo una consolidación fiscal para reducir el desvío desde el pico del 11% que registró en 2009 hasta bajar del umbral del 3% que establecen las normas comunitarias en el pasado ejercicio. Gran parte del éxito es gracias a las Comunidades Autónomas y los entes locales, ya que el Estado español ha centrifugado los recortes del gasto a estas administraciones al largo de los años.

Así lo ha anunciado en varias ocasiones el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, y el Ejecutivo comunitario formalizará este miércoles finalmente su propuesta. La decisión final tendrán que tomarla los ministros de Economía y Finanzas en su reunión de la próxima semana en Luxemburgo.

"La Comisión estará en la posición de recomendar al Consejo (los países) el próximo mes la salida de España del procedimiento por déficit excesivo después de diez años. Esto son bastante buenas noticias", dijo el socialdemócrata francés en una rueda de prensa a principios de mayo.

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Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 -tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%- y propondrá cerrarlo este miércoles, más de diez años después y tras cuatro prórrogas: una concedida al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y tres al Ejecutivo popular de Mariano Rajoy.

El primer plazo exigía a España reducir su déficit público por debajo del 3% como muy tarde en 2012, pero el Gobierno de Zapatero solicitó un año más de prórroga pocos meses después de la apertura del procedimiento. Ya con Rajoy en la Moncloa, la UE concedió una nueva prórroga a España hasta 2014, después una nueva de dos años, hasta 2016, y finalmente una última hasta 2018.

El verano de 2016 fue el momento más tenso entre Bruselas y Madrid en el marco de este expediente. En ese momento, las autoridades europeas estuvieron cerca de multar a España por relajar la aprobación de medidas de consolidación fiscal e incumplir el objetivo que estaba establecido para el año anterior. El Ejecutivo comunitario canceló finalmente dicha multa y también la congelación de una parte de los fondos que recibe el país.

El cierre del expediente llegará después de que las administraciones públicas cerraran el año pasado con un déficit del 2,48%, más de medio punto por debajo del umbral del 3% aunque es casi tres puntos superior al objetivo pactado con Bruselas, que era del 2,2%.

Cabe destacar que gran parte del esfuerzo para reducir el déficit es gracias a las comunidades autónomas y los entes locales. El Gobierno del Estado centrifugó los recortes a estas administraciones, que sólo representan un tercio del gasto, pero el menos flexible y necesario, como la salud, la educación y el bienestar social. En 2018 la mayor parte del déficit correspondió al Estado, mientras las comunidades registraron un déficit inferior al previsto y los ayuntamientos cerraron el año con superávit.

Hasta ese punto, el desvío había crecido desde el 4,4% de 2008 hasta el 11% de 2009. Descendió hasta el 9,4% un año después, para posteriormente encadenar dos años de crecimiento: 9,6% en 2011 y 10,5% en 2012. A partir de entonces el déficit público encaminó una senda de fuertes descensos y se redujo al 7% en 2013, 6% en 2014, 5,3% en 2015, 4,5% en 2016 y 3,1% en 2017.

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