España ha solicitado 6.500 millones de euros a la Comisión Europea en el marco del sexto pago correspondiente a su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Del importe total de esta solicitud -en términos brutos asciende a 7.256 millones de euros- un 85% corresponden a transferencias directas y el 15% restante a préstamos. En un comunicado publicado este martes, el gobierno español detalla que la obtención de estos recursos está ligada al cumplimiento de 78 hitos y objetivos, 69 de ellos referentes a subvenciones directas y 9 a préstamos. Una vez Bruselas dé luz verde a la operación, España habrá recibido un 70% del total de sus fondos nacionales asignados.
Además de solicitar el sexto pago, España también pedirá a Bruselas que levante el bloqueo de los fondos retenidos en relación con la digitalización de las entidades locales (40 millones de euros) y aquellos vinculados a reformas fiscales. Sobre este último punto, y a pesar de no conseguir aprobar la subida al impuesto sobre el diésel, el Estado sostiene que los nuevos datos de recaudación recogidos por la Agencia Tributaria demuestran que el país "supera ampliamente el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un 0,3% del PIB".
En caso de que la Comisión Europea aceptara la entrega de fondos vinculados a reformas fiscales, el Estado recibiría 460 millones de euros adicionales. No obstante, aún quedarían pendientes los 626 millones de euros del quinto pago por no haber compensado debidamente a los trabajadores interinos.
Bruselas dispone ahora de dos meses para analizar los documentos presentados por el gobierno español y decidir si el Estado ha cumplido con los objetivos e hitos marcados. En el comunicado difundido este martes, el ejecutivo español subraya que la sexta solicitud se ha caracterizado por "reformas legislativas y grandes inversiones" que "ya están llegando al tejido productivo".
Bruselas dispone ahora de dos meses para analizar los documentos presentados por el gobierno español
Entre ellas destacan, según indica la Moncloa, la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible para garantizar un transporte "descarbonizado, digital y eficiente", una reforma -a través de la creación de CASA47- para reforzar el parque público de vivienda asequible o la implementación de mejoras para la estabilidad y las condiciones del personal sanitario, sobre todo para incentivar la cobertura de plazas en zonas de difícil cobertura.
En materia de transformación industrial y digital, el gobierno español también indica que la sexta solicitud incluye la ejecución de más de 2.200 millones de euros en inversiones a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y la inversión de más de 1.800 millones de euros en transformación digital y ciberseguridad.