Es la presión de la Administración el que ha hecho aumentar el número de evasors fiscales o es que cada vez hay más contribuyentes que intentan sortear los controles de la Administración? Qué era antes, el huevo o la gallina, podríamos preguntarnos. Según José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA, ni en el mejor año de recaudación de la Agencia Tributaria (AT) se logra un 20% del cómputo total de la economía sumergida. "Si miramos los 15.700 millones de euros que la Agencia Tributaria ha conseguido en la lucha contra el fraude haciendo un récord viene a representar el 19% de la evasión estimada anual, lo cual significa que cerca del 81% de la evasión anual no es recaudada ni en el mejor año de la Agencia".
Según explica Mollinedo, de cada tres euros evadidos en el Estado español, dos corresponden al pago de impuestos y un tercero, a la cuenta de la Seguridad Social. Y los casos no dejan de aflorar. El último, el de la polémica entre Ikea, Leroy Merlin y Conforama por la acusación del Ayuntamiento de Sabadell de tributar de forma diferente a su actividad real. Este martes, la multinacional sueca ha contestado a través del consejero de Ikea Ibérica, Ignacio Navarro, quien ha confirmado el pago de 1.021.7781 euros que le había reclamado el consistorio por los últimos cuatro años, aunque ha matizado que esto no significa admitir el impuesto que exige la Administración local, sino que lo han hecho "para no incurrir en intereses de demora".
El conflicto con el consistorio de Sabadell proviene de la diferente interpretación que hacen cada una de las partes de un epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), puesto que el directivo de Ikea ha señalado que la Dirección general de Tributos ha avalado su criterio de inscribir cada epígrafe del IAE divididos en venta de muebles, restauración y alimentación, porque aunque es un impuesto municipal "es una ley central que vale para toda España", ha subrayado.
Por su parte, Leroy Merlin ha asegurado que ya ha pagado las cantidades correspondientes, así como los intereses de demora al Ayuntamiento de Sabadell y en también ha defendido la diferencia de criterio en cuanto al epígrafe del IAE en el cual se inscribe su actividad, pero ha confirmado que ya ha realizado el pago, tanto de las cantidades solicitadas cómo de los intereses de demora, y ha añadido que está realizando acciones legales para resolver la situación.
En este sentido, Mollinedo apunta que las diferentes controversias entre los contribuyentes son habituales y que "si las empresas han optado por diferentes epígrafes, es posible que haya algunas actividades que no estén amparadas bajo este impuesto". Este impuesto de actividades económicas se exige a las sociedades que facturan más de un millón de euros, no a las personas físicas, y en el caso del Ayuntamiento de Sabadell se remonta al año 2012, año de apertura de los centros a la ciudad vallesana.
Afán recaudatorio y transparencia
Con la crisis económica en plena ebullición, han aumentado las inspecciones por parte de las Administraciones con un objetivo recaudatorio, habría que añadir, para hacer frente al escassedat de fondo de las arcas públicas. Pero según el ministro de Hacienda en funciones Cristóbal Montoro, el que pasa ahora es que hay un afloramiento de los casos. Preguntado sobre la cuestión, en una rueda de prensa reciente ha declarado que los casos actuales son porque "no estamos ante nuevos enriquecimientos personales, sino que son personas que ya tenían previamente elevados patrimonios pero los escondían en el extranjero, de forma que no podían ser controlados por Hacienda y no pagaban impuestos por ellos".
Los últimos días la palabra impuestos también ha ido ligada a Leo Messi, quienes ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona junto con su padre, Jorge Horacio Messi, a 21 meses de prisión para cada uno de ellos, más una multa de 2.093.001,55 euros para el jugador y de 1.596.939,93 para el padre, por fraude fiscal. El caso del futbolista del FC Barcelona, público con denuncia de la Fiscalía y admisión del Tribunal, así como la difusión de los casos de morosidad de los últimos meses ha servido también, según Mollinedo, porque el ciudadano conozca "de verdad" la situación de la Agencia Tributaria y la realidad "de quien paga y quien no" sus impuestos a nuestro país y quien utiliza figuras para evadirlos.
"Cuando se tramitó esta medida pensábamos que había que ampliar esta ventana de transparencia. Consideramos que esto sirve porque el ciudadano sí que tome conciencia, tal vez si conociéramos el volumen total de impuestos que paga en nuestro país y ponemos esta cifra en relación con el volumen de ventas de empleados, o de beneficios que declaran tener en nuestro país, muchos ciudadanos podrían ver si a estas empresas son tan socialmente responsables como en muchas ocasiones dicen ser",apunta.
Según explica Mollinedo, de cada tres euros evadidos en el Estado español, dos corresponden al pago de impuestos y un tercero, a la cuenta de la Seguridad Social. Y los casos no dejan de aflorar. El último, el de la polémica entre Ikea, Leroy Merlin y Conforama por la acusación del Ayuntamiento de Sabadell de tributar de forma diferente a su actividad real. Este martes, la multinacional sueca ha contestado a través del consejero de Ikea Ibérica, Ignacio Navarro, quien ha confirmado el pago de 1.021.7781 euros que le había reclamado el consistorio por los últimos cuatro años, aunque ha matizado que esto no significa admitir el impuesto que exige la Administración local, sino que lo han hecho "para no incurrir en intereses de demora".
El conflicto con el consistorio de Sabadell proviene de la diferente interpretación que hacen cada una de las partes de un epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), puesto que el directivo de Ikea ha señalado que la Dirección general de Tributos ha avalado su criterio de inscribir cada epígrafe del IAE divididos en venta de muebles, restauración y alimentación, porque aunque es un impuesto municipal "es una ley central que vale para toda España", ha subrayado.
Por su parte, Leroy Merlin ha asegurado que ya ha pagado las cantidades correspondientes, así como los intereses de demora al Ayuntamiento de Sabadell y en también ha defendido la diferencia de criterio en cuanto al epígrafe del IAE en el cual se inscribe su actividad, pero ha confirmado que ya ha realizado el pago, tanto de las cantidades solicitadas cómo de los intereses de demora, y ha añadido que está realizando acciones legales para resolver la situación.
En este sentido, Mollinedo apunta que las diferentes controversias entre los contribuyentes son habituales y que "si las empresas han optado por diferentes epígrafes, es posible que haya algunas actividades que no estén amparadas bajo este impuesto". Este impuesto de actividades económicas se exige a las sociedades que facturan más de un millón de euros, no a las personas físicas, y en el caso del Ayuntamiento de Sabadell se remonta al año 2012, año de apertura de los centros a la ciudad vallesana.
Afán recaudatorio y transparencia
Con la crisis económica en plena ebullición, han aumentado las inspecciones por parte de las Administraciones con un objetivo recaudatorio, habría que añadir, para hacer frente al escassedat de fondo de las arcas públicas. Pero según el ministro de Hacienda en funciones Cristóbal Montoro, el que pasa ahora es que hay un afloramiento de los casos. Preguntado sobre la cuestión, en una rueda de prensa reciente ha declarado que los casos actuales son porque "no estamos ante nuevos enriquecimientos personales, sino que son personas que ya tenían previamente elevados patrimonios pero los escondían en el extranjero, de forma que no podían ser controlados por Hacienda y no pagaban impuestos por ellos".
Los últimos días la palabra impuestos también ha ido ligada a Leo Messi, quienes ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona junto con su padre, Jorge Horacio Messi, a 21 meses de prisión para cada uno de ellos, más una multa de 2.093.001,55 euros para el jugador y de 1.596.939,93 para el padre, por fraude fiscal. El caso del futbolista del FC Barcelona, público con denuncia de la Fiscalía y admisión del Tribunal, así como la difusión de los casos de morosidad de los últimos meses ha servido también, según Mollinedo, porque el ciudadano conozca "de verdad" la situación de la Agencia Tributaria y la realidad "de quien paga y quien no" sus impuestos a nuestro país y quien utiliza figuras para evadirlos.
"Cuando se tramitó esta medida pensábamos que había que ampliar esta ventana de transparencia. Consideramos que esto sirve porque el ciudadano sí que tome conciencia, tal vez si conociéramos el volumen total de impuestos que paga en nuestro país y ponemos esta cifra en relación con el volumen de ventas de empleados, o de beneficios que declaran tener en nuestro país, muchos ciudadanos podrían ver si a estas empresas son tan socialmente responsables como en muchas ocasiones dicen ser",apunta.
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