Dentro de las múltiples funciones que definen el marco legal de la Unión Europea, una de las prioridades consiste en la defensa del sistema financiero de todos los estados miembros y del mercado interno. Una de las vías que el organismo tiene para evitar estas amenazas es la lista de terceros países con jurisdicciones de alto riesgo, que señala aquellos estados que se considera que presentan “deficiencias estratégicas” en el blanqueo de capital o en la financiación de organizaciones terroristas. Este listado se renueva cada cierto tiempo en función de los cambios que se hayan producido en cada uno de los estados señalados, y la actualización más reciente se ha producido este 10 de junio, en que la UE ha incorporado diez nuevos países al listado (Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela) y ha retirado ocho (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, las Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos).
El listado de la UE no sale de la nada, sino que se basa en buena parte en las valoraciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo conformado por 40 países de todo el mundo con sede en París que se encarga de monitorizar la financiación de terrorismo y el blanqueo de capital en el mundo. A través de la coordinación internacional, el GAFI ha establecido una serie de estándares que todo país debería seguir para combatir estos dos fenómenos, así como una guía de recomendaciones para implementar estas prácticas. La entidad trabaja con dos metodologías para evaluar si los países cumplen con las recomendaciones, una de 2013 y una de 2022, que son las que se utilizan para evaluar su rendimiento y valorar si es necesario incluirlos o retirarlos de las listas de seguimiento.
Estas evaluaciones se llevan a cabo en una serie de reuniones trianuales en la sede del GAFI en París, en que los países miembros valoran los resultados y deciden qué movimientos hacer. Fruto de estas conversaciones surgen dos listas, la de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a una demanda de intervención (denominada comúnmente como la “lista negra”), y la de jurisdicciones bajo monitorización creciente (llamada “lista gris”). Es esta selección la que la UE utiliza para decidir qué estados incluir en su lista propia, aunque en algunos casos la clasificación europea exige un grado de garantías más elevado, o bien una interlocución en primera persona, para retirar países que ya no forman parte de los listados del GAFI.
La última actualización de estos dos listados se llevó a cabo en febrero de 2025 y estos son los países que forman parte:
La lista negra mira hacia Asia…
Los países considerados jurisdicciones de alto riesgo son aquellos que el GAFI considera un problema mayor y a los cuales pide una respuesta contundente, hasta el punto de reclamar a los otros estados la implementación de contramedidas para proteger el sistema financiero internacional. La edición más reciente del listado incluye tres países: Corea del Norte, Irán y Myanmar.
El caso de la República Popular Democrática de Corea es uno de los que más tiempo arrastra el GAFI. Según comunica la entidad, el estado gobernado por Kim Jong-un no ha dado respuesta ni ha mostrado intención de solucionar las “deficiencias significativas” que muestra, que suponen una “amenaza seria” para su desarrollo “ilícito” de armas de destrucción masiva. Es por esta razón que, desde 2011, el GAFI pide a todo el resto de países la implementación de sanciones financieras, el fin de cualquier correspondencia con entidades bancarias norcoreanas, el cierre de cualquier subsidiaria que estos bancos puedan tener en otros estados y la limitación de las relaciones comerciales y financieras con personas del país.
Con todo, desde el Grupo de Acción Financiera Internacional se lamentan de que el país asiático ha conseguido incrementar su conexión con el sistema financiero global, principalmente a través de empresas pantalla, empresas conjuntas y estructuras de propiedad opacas y complejas. Es por todo ello que desde el GAFI piden, además de las sanciones y restricciones antes citadas, también un aumento de la vigilancia para intentar detectar y neutralizar estos intentos de Corea del Norte para infiltrarse en la economía mundial.
Corea del Norte ha conseguido conectar con el sistema financiero internacional con empresas pantalla y otras estrategias
El segundo país que forma parte de la lista negra del GAFI es Irán, con el cual inicialmente hubo unas interlocuciones más cordiales que en el caso norcoreano. En 2016, el país persa se comprometió a aplicar una serie de medidas para atacar las deficiencias estratégicas que la entidad había detectado en su sistema financiero. La respuesta inicial fue positiva, e Irán puso en marcha medidas como un régimen de declaración de dinero en efectivo, aprobó una serie de enmiendas propuestas por el GAFI a las leyes contra la financiación terrorista y contra el blanqueo de capital y adoptó el antiblanqueo de capital por ley.
Sin embargo, la fecha de expiración de plazo, fijada para enero de 2018, se superó sin una respuesta completa a las demandas del GAFI. En febrero de 2020, Irán todavía no había “criminalizado debidamente” la financiación del terrorismo, no había identificado y congelado los bienes de grupos terroristas siguiendo las indicaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, ni tampoco había demostrado cómo las autoridades identifican y sancionan proveedores de servicios de transferencia de dinero no regulados.
Las principales carencias de Irán que identifica el GAFI se vinculan a la poca contundencia contra grupos terroristas
Es por estas razones que el GAFI ha decidido mantener Irán en la lista negra hasta que el país no acate las Convenciones de Palermo y de Financiación Terrorista, que defienden la implementación de las medidas propuestas por el GAFI. En este caso, la entidad todavía no ha pedido contramedidas económicas específicas por parte del resto de países como sí que sucede con Corea del Norte, pero sí que alerta a la comunidad internacional de estar preparada para hacerlo si así se considera conveniente.
Finalmente, el último país del listado es Myanmar, estado que, por calendario e intencionalidad, es el menos amenazado de los tres. En su caso, el estado del sud-asiático se comprometió a cumplir con las recomendaciones impulsadas por el GAFI en febrero de 2020, pero de la misma manera que ha sucedido con Irán, no consiguió cumplir con el plazo impuesto, que expiró en septiembre de 2021. Ante la falta de avances, la entidad pidió a los estados aliados un incremento en la monitorización de las actividades comerciales con instituciones financieras de Myanmar. La situación puede intensificarse muy pronto, ya que el GAFI dio plazo hasta este mes de junio de 2025 para avanzar en la implementación de las reformas, bajo la amenaza de impulsar nuevas contramedidas económicas.
A pesar de la lentitud que ha demostrado la antigua Birmania, desde el GAFI reconocen que el país ha progresado recientemente en la imposición de sanciones financieras ante intentos de financiar actividades no lícitas. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer: el organismo enumera hasta cinco medidas pendientes, entre las cuales destacan demostraciones de las investigaciones que se están haciendo para investigar y perseguir los intentos de blanqueo de capital o bien para congelar y confiscar bienes empleados en tareas criminales. El Grupo también subraya la falta de cooperación internacional que Myanmar ofrece en las investigaciones transnacionales.
… Y la lista gris también tiene países europeos
El segundo nivel de amenaza para el sistema financiero internacional se identifica en los países que forman parte de la lista gris, es decir, aquellos que no se encuentran en una situación tan grave como Corea del Norte, Irán y Myanmar, pero que también presentan deficiencias estratégicas que el GAFI monitoriza activamente. En la última actualización, este listado contaba con 25 países, la totalidad de los cuales se ha comprometido a resolver los problemas identificados por la entidad.
Dentro de este listado, Europa aporta tres países: Bulgaria, Croacia y Mónaco, los dos primeros miembros de pleno derecho de la Unión Europea. En el caso del país búlgaro, desde el GAFI señalan que el estado ha ido haciendo pequeñas mejoras, destacando el esfuerzo para mantener actualizada la información de propiedad de las organizaciones sin ánimo de lucro que son más vulnerables a caer en la financiación terrorista. Entre las mejoras pendientes, sobresalen la mejora de las investigaciones y persecuciones de los diferentes tipos de blanqueo de capital y asegurar la habilidad de ejecutar investigaciones de financiación paralela en todas las investigaciones terroristas. Por su parte, Croacia se encuentra en la rampa de salida del listado, ya que el GAFI consideró en la última reunión que el país ya había completado el plan de acciones y garantías propuesto por la entidad. Finalmente, el principado monegasco ha demostrado “avances significativos” desde que empezó a aplicar las medidas pedidas por el organismo en diciembre de 2022, especialmente por lo que respecta a la detección de financiación terrorista a través de la implementación de sanciones financieras y de una supervisión basada en el riesgo de las ONG.
Bulgaria, Croacia y Mónaco son los únicos países europeos que se encuentran en monitorización por parte del GAFI
Con todo, el continente que más países aporta al listado es África, con un total de 14: Argelia, Angola, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Kenia, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Sudán del Sur y Tanzania. El caso geográfico más próximo, que es Argelia, es también uno de los que ha mostrado más predisposición para salir del listado, con un “compromiso de alto nivel político” en octubre de 2024 que ya ha implementado mejoras que han mejorado la efectividad de las investigaciones de blanqueo de dinero. Asia aporta otros seis países a la lista gris (Yemen, Laos, Líbano, Nepal, Siria y Vietnam), mientras que América la cierra con la presencia de Haití y Venezuela.