El dinero en efectivo es menos controlable que el dinero bancarizado. Por esta razón, poco a poco, todos los gobiernos, o prácticamente todos, avanzan hacia la eliminación del dinero en efectivo. Ahora, en España, todos los pagos en efectivo de más de mil euros serán notificados a Hacienda, tal y como se publicó en el BOE el 10 de julio de 2021.
¿Dónde nos lleva esta medida?
Según Antoni Bisquert, vicepresidente de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya, este proceso nos lleva a una bancarización total de la economía y, en consecuencia, un control absoluto por parte del Estado sobre los movimientos económicos que efectúan personas y empresas, a través de la información facilitada por el sistema financiero. Todos los pagos deberán efectuarse mediante tarjetas de débito o crédito, transferencias u otros medios electrónicos. “Para los Estados comportaría un importante ahorro proveniente de no tener que emitir billetes y monedas, además de no tener que efectuar mantenimiento y gestión de los mismos”, añade Bisquert.
No solo eso, segun la ley de medidas en prevención y lucha contra el fraude fiscal, a aquellos que excedan este límite, Hacienda les puede sancionar con una multa equivalente al 25 por ciento de ese pago en efectivo, a pesar de que, el dinero en efectivo, es dinero de curso legal.
BCE: "Este límite del pago en efectivo reduce la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago”
La medida preocupa tantos al resto de países de la zona euro como a sus instituciones. Así, ell Banco Central Europeo (BCE), que evidentemente también tiene intereses en eliminar el dinero en efectivo, considere, de acuerdo con el dictamen emitido el 15 de marzo de este año 2022, “desproporcionado reducir a mil euros el límite del pago en efectivo en las operaciones en las que alguna de las partes actúa en calidad de empresario o profesional. Esta reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros. Este límite del pago en efectivo reduce, significativamente, la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago”.
Varios expertos están de acuerdo en que, la medida, puede convertir al ciudadano en rehén del sistema bancario. Un sistema que, además, es oligopolístico; no hay libertad de entrada. Para crear un banco es necesario obtener una licencia bancaria, y ésta es muy difícil de conseguir. Los pocos operadores bancarios existentes son los que habrá, y no se ven amenazados por la presión de futuras entradas que les hagan la competencia.
Bisquert considera que habría que prever que la banca no pudiera aplicar tipos de interés negativos a las cuentas (cobrar por tener depositado dinero), como ha ocurrido a raíz de que los Bancos Centrales aplicaran tipos de interés de intervención negativos para activar la economía, pero tal que el ciudadano no vea condicionado su día a día por las influencias que ambas instituciones (gobierno y banco) ejerzan sobre él.
Bisquert: "Sería lógico disponer de la gratuidad de estos servicios porque no tiene otra alternativa"
De hecho, debería establecerse un marco legal que evitara abusos por parte de la banca y que garantizara que todo el mundo podrá ser titular de una cuenta bancaria y los servicios asociados con condiciones reguladas. Sería "lógico disponer de la gratuidad de estos servicios porque no tiene otra alternativa", afirma Bisquert.
Elisabet Ruiz, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, considera que lo que persigue el Estado es apoyar a una banca, que tiene unos costes de estructura, a raíz de tener unos tipos de interés muy bajos y la situación en la que estamos viviendo, muy elevados y que han provocado el cierre de oficinas y el despido de personal. “Ha ido muy bien la pandemia para reducirlos. No ha habido impedimento alguno porque ha sido muy razonado y era muy fácil hacerlo. La pandemia ha ayudado a la banca a acelerar ese proceso”, considera Ruiz.
Ruiz: "La pandemia ha ayudado a la banca a acelerar este proceso"
Preguntado por la exposición de los ciudadanos al sistema financiero y si el Estado debería elevar sus garantías, Bisquert cree que “sería un tema complejo teniendo en cuenta el volumen de ahorro de familias y tesorerías de las empresas. Quizás excedería la capacidad financiera de los Estados”. En cualquier caso, considera que habría que reforzar la vigilancia de la solvencia de las entidades financieras para evitar situaciones de quiebra, como ocurrió con la crisis del 2008.
Por otra parte, ante situaciones de alarma financiera no se podría retirar efectivo para mantenerlo en los domicilios particulares, y debería valorarse que una caída de la red comportaría paralizar todo tipo de pagos y, además, “habría que reforzar la seguridad frente a ciberataques”, concluye Bisquert.
La economía sumergida, el gran debe de Espanña
La economía sumergida ha caracterizado a España desde los años 70. El país ha registrado desde entonces tasas de actividades no declaradas muy por encima de sus socios europeos, equivalentes a alrededor de un 20% de todo su producto interior bruto (PIB), frente al 13% de promedio de la UE, según un informe del FMI.
Aparentemente, el aumento de los pagos con tarjeta, la prohibición de hacer transacciones en metálico de más de 1.000 euros y la negativa de muchos empleados a trabajar en la sombra estarían provocando un cambio de tendencia.
Ruiz: "A la gente inmigrante que llega aquí, los primeros dos años no se les puede hacer papeles. Es un hándicap"
Pero la economía sumergida sigue siendo el día a día, y la forma de vida, para miles de trabajadores en el país. Sobre todo, en las regiones más empobrecidas y en los sectores más precarios. "La gente inmigrante que llega aquí, en los primeros dos años, no se les puede hacer papeles, aunque quisieras no los puedes dar de alta. Es un hándicap", explica Ruiz.
La no existencia de efectivo afectaría especialmente a las personas con mayor riesgo de exclusión social (sin techo, inmigrantes, etc.) que difícilmente pueden ser titulares de cuentas bancarias en las condiciones actuales ya las que no se les podría retribuir tareas que realizan, a menudo sin contrato laboral y cobrando en efectivo, como detalla Bisquert.
De este modo, para el experto no cabe duda de que "los gobiernos tendrán más capacidad de controlar la economía sumergida y otras actividades delictivas", aunque tendrán que establecer cómo controlar los pagos con criptomonedas u otros sistemas de pago pensados para evitar el control (intercambios por ejemplo o utilizar el oro como moneda).
Bisquert: "Los gobiernos tendrán mayor capacidad de controlar la economía sumergida y otras actividades delictivas"
Sin embargo, es difícil medir cuáles pueden ser los costes añadidos de esta medida para una economía sumergida que verá incrementar los costes fiscales al aflorar parte de sus ingresos. Sin duda, los ingresos por impuestos y contribuciones a la seguridad social aumentarán al dificultar la evasión fiscal y por comportar muchas dificultades tener personal sin contrato laboral, que cobran en efectivo y que no se declaran a efectos impositivos.
Por el lado empresarial, si se parte del hecho de que todas las empresas cumplen con sus obligaciones contables y fiscales, no debería haber afectación. En cuanto a los asalariados menos, puesto que sus ingresos los declaran directamente las empresas que los han contratado y que efectúa retenciones a cuenta del IRPF (en el caso de España), explica Bisquert. Ruiz, por su parte, ve difícil que cambie la importancia de la economía sumergida mientras sea posible pagar en efectivo. "Pienso que siempre habrá pagos alternativos. Siempre aparecen formas en las que se pueda enviar dinero sin que tenga que pasar por una cuenta corriente. De hecho, cada vez hay más".
Ruiz: "Siempre habrá pagos alternativos"
Por tanto, parece que la medida del gobierno de limitar los pagos en efectivo, busca, por un lado, aumentar el control sobre la totalidad de los recursos al alcance de los ciudadanos y, por otro, echar una mano a las entidades bancarias que, pese al nuevo impuesto, no hacen más que acumular poder a expensas de los ciudadanos.
Cuando toda la maquinaria del estado se orienta a un único propósito: extraer todos los recursos posibles del ciudadano, es necesario fiscalizar completamente a este ciudadano. Y, por tanto, ese estado obsesionado en maximizar su recaudación impositiva a costa de los ciudadanos, es un estado donde la libertad se va marchitando.