¿Son más gandules los séniors españoles que los del resto de Europa?

Hay lugar para los jóvenes, para los inmigrantes que necesitamos y para los séniors activos; no podemos prescindir de nadie

Dos personas jubiladas pasean por un parque, en una imagen de archivo | Europa Press Dos personas jubiladas pasean por un parque, en una imagen de archivo | Europa Press

La pregunta no es un reclamo retórico, si atendemos a los datos que acaba de facilitar el Eurostat. En un último informe, la oficina estadística de la Unión Europea descubre que España es el último país de la UE en porcentaje de mayores de 65 años que siguen activos. Hace 10 años, representaban el 2% de la población y, aunque han pasado al 2,7%, se sitúan en la última posición de los 27, lejos de la media europea que en el mismo periodo se ha incrementado del 4,2% al 5,7%; países como Francia, Bulgaria, Lituania, Malta o Polonia han doblado la cifra, mientras que ninguno de los que la han reducido, como por ejemplo Austria o Luxemburgo, llegan ni de lejos al porcentaje español. A excepción de Francia, en las grandes economías -Alemania, Bélgica y los países nórdicos-, entre el 7% y el 10% de los séniors siguen en activo.

Vamos a ver si la cuestión es más compleja como para plantearla en términos de holgazanería. Aproximarse a los motivos por los que hay menos séniors activos en España que en el resto de países europeos requiere analizar los cuatro vértices del ring en el que se debate el tema: la esperanza de vida de la población, la falta de jóvenes que trabajan -y, por lo tanto, aportan recursos a la Seguridad Social-, la edad de jubilación y la forma de construir las pensiones. En cuanto a los dos primeros vértices, España se sitúa entre la población con mayor esperanza de vida de la UE, después de Mónaco, San Marino, Suiza y Andorra -todos países pequeños-, habiendo escalado a los primeros lugares en el último decenio. Este estiramiento de la pirámide de edad por la parte superior ha dejado en evidencia la falta de población joven, capaz de aportar los ingresos necesarios a la Seguridad Social para mantener el incremento del número de mayores: por un lado, como consecuencia de la bajada brutal de la natalidad; por otra, de las políticas migratorias restrictivas, y también, de la extraordinariamente alta tasa de desempleo entre los jóvenes -casi uno de cada cuatro-, que es la mayor de Europa y duplica la media. Este desequilibrio se hace cada día más grande y amenaza que en un par de décadas los gastos de las pensiones y la salud pasarán del 11% del PIB actual al 14%. ¿Quién soportará estos costes si la ratio de población empleada y población mayor llega a un cuarto en 2030 o a un tercio en 2050?

El freno de las jubilaciones anticipadas y la mejora de la pensión si se prolonga la actividad laboral a partir de los 65 años han hecho escalar la edad de jubilación de los españoles hasta los 64,6 años de media

El tercer vértice de la discusión es la edad de jubilación. A partir de enero de este año, para obtener el 100% de la pensión se tienen que tener 66 años, que aumentará a los 67 en 2027. El ministro José Luis Escrivá defiende que el Estado español tendría que ir en la misma dirección que la mayoría de países del continente y, por lo tanto, retrasar escalonadamente la actividad laboral hasta los 75 años. Es verdad que se han realizado algunos pasos: se han frenado enérgicamente las jubilaciones anticipadas y la prolongación de la actividad laboral a partir de los 65 años mejora la pensión. Estos dos hechos han provocado que, en pocos años, la edad de jubilación de los españoles haya escalado hasta los 64,6 años de media.

Y el cuarto, la forma de construir las pensiones en nuestro país. Se trata de un sistema público, de reparto -las clases activas financian las pasivas-, universal -todo el mundo tiene derecho, haya o no contribuido- y, aunque también se basa en el criterio de proporcionalidad contributiva, hay un techo para los que más han aportado, para permitir que los que no han contribuido o lo han hecho con menor cuantía dispongan de una pensión más o menos digna. Adicionalmente, la máxima aportación permitida a los planes de pensiones individuales es de 10.000 euros anuales -8.000 provenientes de la empresa-.

Un activo estratégico

Veamos. Somos los más longevos entre los países grandes; no hay jóvenes de reposición que aseguren la continuidad de las prestaciones; la edad de jubilación se retrasa, pero no contempla la posibilidad de que cada uno decida el momento de adoptarla, a la vez que se desarrolla muy tímidamente la capacidad de compaginarla con otras actividades remuneradas; y la facilidad de invertir en pensiones privadas acontece bastante moderada por las penalizaciones fiscales y por las muchas limitaciones inherentes. Consecuencia: los séniors españoles se aferran a la pensión pública -bien ganada- cuando antes pueden.

Y en cambio, los séniors activos son un activo estratégico. Por la experiencia y casuística, por la perspectiva, por la resiliencia, por la fidelidad y por la adaptación a los entornos cambiables y a los momentos. Estos no son valores excluyentes a los otros grupos de edad, pero distinguen el colectivo sénior. Respecto a la resistencia al cambio, que se asocia frecuentemente con los mayores, justo es decir que no conozco ninguna encuesta en la que la edad sea determinante al respecto. Uno de los factores de éxito del milagro japonés de 1960 a 1980 fue el elevado porcentaje de trabajadores y directivos de 65 años para arriba que permanecían en sus kaishes, hecho que sigue todavía.

Es vergonzoso que los jóvenes se encuentren el panorama laboral creado

Seguro que aumentaría inmediatamente el porcentaje de actividad de los séniors españoles, al menos hasta la de la media de la UE, si se estableciera una edad de jubilación flexible, donde cada uno pudiera decidir el momento, según el tipo de trabajo que realiza, la circunstancia personal y los intereses; si a la pensión pública se incrementaran con menores limitaciones otras fuentes privadas -colectiva de empresa e individual- y se redujera su fiscalidad; si se permitiera compaginar la pensión, bien ganada, con otras actividades laborales remuneradas. En definitiva, garantizar una pensión pública para todo el mundo y aprovechar el talento sénior, como hacen en los Países Bajos, Suecia, Canadá o Dinamarca.

El otra día, en el diario Ara, @Etoiu tuiteó preguntándose "¿por qué quieren hacer que la gente mayor trabaje cuando tenemos a jóvenes que no pueden trabajar?". Le responderé: es vergonzoso que los jóvenes se encuentren el panorama laboral creado. La estrechez del mercado de trabajo que penaliza a los jóvenes no está a la altura ni de la segunda década del milenio ni de la UE. Pero pensar que los puestos de trabajo son finitos y no dependen de la vitalidad de cada sociedad es reducir la economía a una etapa precapitalista. Con todas las deficiencias, vicios y correcciones indispensables para hacer el sistema social y reequilibrador, el marco actual permite liberar todas las fuerzas sociales y económicas ante la nueva etapa de transformación digital que estamos a punto de comenzar en Europa con los fondos europeos poscovid. Si en tres años no son capaces de convertir la creación de puestos de trabajo de calidad en el objetivo principal de la nueva economía, habremos perdido la oportunidad histórica de rehacer lo que no hemos sabido hacer las generaciones desde 1970. Hay lugar para los jóvenes -los más golpeados-, para los inmigrantes que necesitamos y para los séniors activos. No podemos prescindir de nadie. Y este no es otro reclamo retórico.

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