Encrucijada empresarial en tiempos de pandemia

El profesor José Maria Gay de Liébana, crítico con la gestión de la crisis, pide "arbitrar soluciones que proporcionen el suficiente oxígeno financiero a las empresas que se están ahogando"

La vacuna de Pfizer. | EP La vacuna de Pfizer. | EP

Aunque albergamos la esperanza de la tan esperada y deseada vacuna o, mejor dicho, de las vacunas, que permite ver la luz en este túnel de la pandemia por el que llevamos varios meses transitando, hoy por hoy la realidad es la que es y, por el momento, los riesgos bajistas y las incertidumbres predominan mientras los rebrotes del coronavirus, a modo de segunda ola, siguen impactando entre la población. Si el aspecto sanitario, cual muro de contención, tiene que funcionar perfectamente, el flanco económico se muestra ciertamente debilitado tanto por los perniciosos efectos del virus como por el cariz de las medidas adoptadas por distintos gobiernos que, en ciertos casos, como en España suponen un torpedo a la línea de flotación de la economía, hundiendo a un sinfín de empresas en una situación desastrosa y precipitando a pymes y autónomos al abismo, provocando que se pare el pulso de muchos negocios que iban funcionando y poniendo en jaque cientos de miles, por no decir millones, de empleos.

Desde el punto de vista empresarial, lo que empezó siendo una crisis de liquidez, debida a la falta de ingresos como consecuencia de la hibernación económica y que se tradujo en cortar en seco el flujo de cobros, derivó hacia una crisis de endeudamiento, tanto por la necesidad de endeudarse para contar con recursos líquidos con los que atender compromisos de pago y gastos fijos de funcionamiento de una actividad paralizada, como por la moratoria de impuestos y cotizaciones sociales cuando, en cambio, en otros países de nuestro entorno se optó, para aligerar la presión de la deuda amenazante para gran parte del tejido empresarial de reducido tamaño, por exonerar de tales cargas hasta que vengan tiempos mejores o, por lo menos, neutralizar impuestos y cotizaciones en tanto la pandemia arrecie y la economía flojee.

"Las medidas suponen un torpedo a la línea de flotación de la economía, hundiendo a un sinfín de empresas en una situación desastrosa y precipitando a pymes y autónomos al abismo"

La prolongación de un escenario fatídico, empañado por más medidas gubernamentales restrictivas, castiga con severidad a infinidad de empresas, sobre todo, medianas, pequeñas y autónomos, que lamentablemente están en la cuerda floja. Así que la inicial crisis de liquidez reconvertida en crisis de deuda deviene ahora en una crisis de solvencia, es decir, en el riesgo de insolvencia que acecha a gran parte del sufrido y esforzado entramado empresarial, compuesto por empresas de reducida dimensión, que caracteriza a nuestra economía.

Mientras que las condiciones financieras y la política monetaria sean las que son, más o menos se aguantará, aunque, eso sí, a golpe de deuda que se va acumulando, haciendo más grande la bola de los pasivos exigibles y teniendo que apechugar con ella durante largo tiempo. De ahí que no sean pocos los negocios que a la vista de la crítica envergadura que toman los balances y el desolador panorama que cunde por sus cuentas de resultados, se debaten entre continuar remando en busca de una orilla que no se acierta a ver dónde está o rendirse en el empeño. Eso, en cualquier caso, es destrucción económica, con defunciones empresariales y eliminación de empleo. Y el milagro de la resurrección empresarial es utópico, como muy remoto se antoja que quienes pierdan sus puestos de trabajo puedan reincorporarse en el futuro al mundo laboral porque las circunstancias del cambiante entorno económico marca que tras la caída de la economía española en forma de I, i latina mayúscula, vendrá la K, con un trazo hacia arriba que será el de los sectores, actividades, empleos y países que se encaminan en la correcta dirección coincidente con el nuevo rumbo económico que prevalecerá, y un trazo en caída por el que se deslizarán negocios que pierden el paso en el rompedor escenario que surge, empleos que cede por mor de las nuevas tecnologías y los incipientes modelos de actividad ya no los necesitan, y países que no han sabido preparar sus modelos productivos para adaptarse al que será el contexto imperante, que no han hecho absolutamente nada para reconstruir y viabilizar sus economías, ni tan siquiera para resistir, como es el caso de España y Catalunya.

"El milagro de la resurrección empresarial es utópico, como muy remoto se antoja que quienes pierdan sus puestos de trabajo puedan reincorporarse en el futuro al mundo laboral"

En ese marco, es preciso modelar un sistema que dé protección y apoyo a las empresas que están sufriendo el rigor de las consecuencias de las restricciones obligatorias de la actividad, que en España y, concretamente, en Catalunya son demasiadas. No se trata simplemente de alargar los plazos para la declaración del concurso de acreedores, de aplazar pagos de impuestos que ineludiblemente se tendrán que acabar liquidando de un modo u otro, sino de arbitrar soluciones que proporcionen el suficiente oxígeno financiero para que las empresas que hoy se están ahogando, para entendernos, que se debaten ante una situación de insolvencia a causa de las circunstancias sobrevenidas, en cuanto amaine la tormenta del coronavirus, gracias a las vacunas o a las terapias que se desarrollen, y vuelva la ansiada normalidad, puedan retomar su actividad sin que espadas de Damocles pendan sobre su cabeza.

Ésta es una tarea urgente que las autoridades deben afrontar. Porque el corolario de cuantas recetas se ha marcado desde la propia Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales, es que no desaparezca ni una sola empresa ni se destruya un solo puesto de trabajo. Y para eso, los gobiernos tienen que afrontar un esfuerzo sublime en gasto público consistente en sostener la estructura económica de sus países y brindar todo tipo de ayuda a la población para resistir. En nuestro caso, lamentablemente, parece que las autoridades competentes se proponen hacer todo lo contrario.

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