La Generalitat ha sancionado a seis grandes tenedores de las comarcas de Lleida por no ofrecer alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión residencial. El total de las multas que ha impuesto el Govern asciende a los 125.000 euros, según datos del balance del primer año del programa de refuerzo para velar por el cumplimiento de estas obligaciones. En total, Consumo ha abierto un total de 36 expedientes y Mollerussa, con 10, es el municipio que ha registrado más.
En enero del 2023, la Generalitat impulsó la actividad inspectora de la Agencia Catalana del Consumo con la incorporación de 19 profesionales. El organismo ha aumentado en un 779% su producción desde 2020, con un balance de 246 sanciones a 79 grandes tenedores de todo el territorio y 6,07 millones de euros recaudados en multas. En Lleida se han recogido más de una treintena de expedientes después del levantamiento de la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley 24/2015 de medidas para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Del total, de momento solo se han resuelto estos seis, pero las sanciones han sido severas: hasta 30.000 euros por cada caso. El ranking está encabezado con Mollerussa (10), seguido de los siete de la ciudad de Lleida y los seis de Tàrrega. De los casos ya resueltos con multa, dos pertenecen a la misma Lleida y otros dos a Les Borges Blanques. Alcarràs y Alòs de Balaguer suman unp cada uno.
Se disparan las investigaciones y multas en toda Catalunya
El informe publicado por la Generalitat ha detallado que desde la puesta en marcha del programa de refuerzo, la Agencia ha hecho 1.609 actuaciones inspectoras. Con relación a los expedientes sancionadores, Consumo ha abierto 1.087, un 600% más que en el periodo de 2020 a 2022 (155), y ha resuelto con sanción 168, un 115 % más respecto a los resueltos antes de la aplicación del programa de refuerzo (78). El informe también ha recordado que a partir de un número considerable de expedientes se aplica una sanción accesoria que permite hacer publicidad de los grandes tenedores que incumplen la ley. De este modo, el Govern ha comunicado que Divarian Propiedad, con 423 expedientes, y Promontoria Coliseum Real Estadoe, con 221, son las dos figuras más sancionadas. Las dos acumulan casi el 52% del total de expedientes incoados por posibles infracciones en la normativa.
Desde el 2020, los expedientes abiertos han repuntat un 600% y las sanciones un 115%
La actual normativa establece que las personas físicas o jurídicas consideradas grandes tenedores tienen que ofrecer un alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio –o bien antes de adquirir una vivienda fruto de acuerdo de compensación o dación en pago–, cuando la unidad de convivencia de una vivienda se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial, de acuerdo con el nivel de ingresos.