El Govern ha planteado una proposición de ley al Congreso de los Diputados para obligar las entidades bancarias a garantizar un cajero en cada municipio en riesgo de exclusión financiera. Según ha explicado el Conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat Jaume Giró, el objetivo de la medida es luchar contra la exclusión financiera fuera de las zonas urbanas del Estado .
Giró, que se ha reunido hoy con entidades y asociaciones municipalistas y organizaciones de consumidores para presentar medidas contra la exclusión financiera, ha recordado que la Generalitat no tiene competencias en la regulación de las entidades bancarias, cosa que motiva que la medida tenga que pasar por las Cortes Generales. La ley, de aprobarse, no contempla "ni un solo euro público" para que las entidades se instalen en todas las poblaciones, e impedirá que se cobren comisiones en los municipios en riesgo de exclusión financiera, según ha reiterado el consejero.
La medida no contempla la dedicación de "ni un solo euro público" a la instalación de cajeros
La medida se hace necesaria, afirma el conseller, en cuanto que solo a 443 Catalunya municipios no tienen un cajero, y 250.000 personas no tienen acceso a servicios financieros de proximidad. "Las cifras son preocupantes – según Giró – pero todavía estamos a tiempo de hacer que este problema social no vaya además". Según el titular de Economía, las entidades bancarias "no pondrán las cosas difíciles" a la hora de aplicar esta legislación, en cuanto que son consciente de la problemática y de las soluciones necesarias. "No es exagerado hablar de pobreza financiera", afirma.
Según ha avanzado Giró, desde la conselleria se pondrán en contacto con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. La propuesta de ley, así, entrará en el registro del cuarto entre viernes y lunes de la semana próxima, cuando se abrirá a las enmiendas de los diputados. Si la ley se aprueba, tardaría alrededor de un año a hacerse efectiva, en cuanto que se tendría que esperar a la publicación del listado de poblaciones españolas sin servicios financieros.
El proceso de aplicación de la ley pasa por un primer periodo en que las entidades podrán instalar cajeros de forma voluntaria en los municipios que consideren. Cuando se supere este periodo, la banca tendrá que participar del programa de acuerdo con la cuota de depósitos y créditos que tengan a cada demarcación. Los bancos también podrán ofrecer cobertura a los municipios mediante una oficina móvil que se tendrá que situar un mínimo de tres días a la semana en horario de oficina.
Según el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Lluís Soler, presente a la reunión con el consejero, la exclusión financiera es "un tema de necesidad". Así, el dirigente ha afirmado que confía en "la empatía de los grupos parlamentarios" para aprobar la propuesta de ley. Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de ha Catalunya valorado la propuesta de Giró.