La consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciado la resolución de las alegaciones a la memoria catalana de la Ley de Vivienda del Govern y ha dicho que bajarán de diez a cinco los inmuebles para considerar como grandes tenedores los propietarios. Así lo ha declarado en una rueda de prensa en la que ha detallado que la alegación se ha resuelto favorablemente porque la nueva ley de vivienda aprobada en el Congreso ya prevé el cambio.
Capella ha explicado que otra alegación que han aprobado es que los promotores sociales que tengan "por objeto la promoción de inmuebles de protección social destinados al alquiler" no serán considerados grandes tenedores, aunque los que se dediquen a vender los viviendas, sí.
Hay 140 municipios que son zonas tensadas donde será necesario aplicar la limitación del alquiler que prevé la Ley de Vivienda
Éstas son las dos únicas alegaciones que han modificado la memoria inicial que preparó el Gobierno en junio y que cifra en 140 los municipios que son zonas tensadas donde habrá que aplicar la limitación del alquiler que prevé la ley. La consellera detalló que ha habido un total de 50 alegaciones que trataban cuatro ejes: la imposibilidad de aplicar la Ley en Catalunya; la compensación económica a los propietarios; la consideración de los promotores sociales como grandes tenedores, y el cambio de definición de los grandes tenedores.
Plazos de la tramitación
Capella ha previsto que el Govern "tendría que avalar la memoria" que la Generalitat ha presentado hoy y ha dicho que la Ley de Vivienda podría entrar en vigor en Catalunya en agosto. Preguntada sobre un posible recurso judicial por parte de las entidades representativas del sector de la promoción, la intermediación y la administración de viviendas, aseveró que espera que los tribunales valoren "los derechos que están en juego".
"No es ninguna contradicción", respondió a los periodistas sobre la votación en el Parlament el próximo 1 de septiembre por considerar si se interpone ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal. Capella ha asegurado que la Generalitat está defendiendo sus competencias y que es su "obligación dar respuesta a la ciudadanía catalana" y garantizar sus derechos. La consellera también ha subrayado que le hubiera gustado que el TC no hubiera anulado la Ley de Vivienda catalana porque daba "respuesta absoluta a la situación de emergencia en materia de contención de riesgo".