La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que su ejecutivo aplaza la reforma fiscal completa, recogida en el informe que los expertos presentaron a principios de marzo, y había acordado con Bruselas, tal y como ha publicado El País. Sin embargo, haciendo referencia a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, Montero asegura que el gobierno español impulsará "un reparto más justo de los beneficios que se están generando como consecuencia de los efectos de la guerra de Ucrania”. "El ministerio está trabajando en una fiscalidad sobre las empresas energéticas que tenemos como objetivo que entre en vigor en 2023, pero sobre los beneficios de 2022", ha dicho.
Según la ministra de Hacienda, “Es obvio que debemos acompañar el crecimiento económico, y la situación que hoy se está produciendo por el encarecimiento de las materias primas y de precios”, poniendo como ejemplo que la reforma fiscal preveía un incremento de los impuestos al diésel, y que la situación ha llevado a su gobierno a hacer todo lo contrario. "Los gobiernos debemos atender las necesidades de los ciudadanos, lo que implica que debemos poner el acento en las consecuencias de la guerra", por lo que el gobierno español ha desplegado medidas por valor de 15.000 millones.
Montero ha hecho referencia también a la reunión de la mesa del diálogo social de esta tarde. La ministra pidió a los agentes sociales que sean capaces de acercar posiciones para lograr un pacto de rentas. "Esperamos que en la reunión se puedan ir acercando posiciones", ha dicho.