El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que desbloquea la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas. La norma permitirá que estos trabajadores accedan a la jubilación hasta tres años antes de la edad ordinaria siempre que se formalice un contrato de relevo. El decreto fija como opción prioritaria la contratación de personal laboral fijo para cubrir los puestos de los trabajadores que accedan a la jubilación parcial. Pero con el decreto, cuando no sea posible este contrato fijo de relevo, las administraciones podrán recurrir a contratos temporales de sustitución hasta que se incorpore el relevista fijo o, como máximo, hasta dos años después de la extinción de la jubilación parcial.
Según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la reforma “mejora y amplía derechos” y da cumplimiento a los compromisos adquiridos con los sindicatos más representativos de la función pública. La nueva regulación establece un sistema “gradual y flexible” para adaptar la jubilación parcial a las particularidades del empleo público. Las administraciones deberán prever la cobertura de estas jubilaciones mediante instrumentos de planificación, preferentemente a través de las ofertas públicas de empleo.
La reforma responde a las dificultades que se generaron tras la entrada en vigor de la reforma de la Seguridad Social, que exigía que el contrato de relevo fuera indefinido y a jornada completa
La reforma responde a las dificultades que se generaron tras la entrada en vigor, el 1 de abril de 2025, de la reforma de la Seguridad Social, que exigía que el contrato de relevo fuera indefinido y a jornada completa. Esta obligación era difícil de cumplir en el sector público por los procedimientos de acceso al empleo basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la periodicidad anual de las ofertas públicas de empleo.
Los trabajadores que opten por esta modalidad deberán acreditar, entre otros requisitos, al menos 33 años de cotización y una antigüedad mínima de seis años en la administración correspondiente. Además, podrán reducir la jornada entre un 25% y un 75%, con la correspondiente reducción salarial, mientras perciben la parte proporcional de la pensión.
El gobierno español ha recordado que la oferta pública de empleo de la Administración general del Estado para 2026 ya incorpora 854 plazas destinadas a personal relevista fijo. La norma incluye también un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las administraciones al nuevo sistema.
Además, el decreto incorpora una disposición adicional que habilita la revisión de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado a las Illes Balears. El ejecutivo se compromete a revisar sus cuantías en un plazo máximo de seis meses y a negociar su actualización con las organizaciones sindicales, sin que esta revisión pueda comportar una reducción de las cantidades que actualmente perciben los trabajadores.