El gobierno español sanciona a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar pisos turísticos sin licencia, con un número de registro que no corresponde o con información incorrecta sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado un total de 65.122 anuncios en la plataforma en línea de viviendas turísticas que incumplen la normativa. La multa por parte del ministerio que dirige Pablo Bustinduy es firme después de que se haya agotado la vía administrativa. La resolución hecha pública este lunes implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta
En un comunicado, el gobierno español ha recordado que publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia contraviene así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad. La plataforma también habría publicitado pisos turísticos “indicando un número de licencia o registro que no corresponde a la numeración utilizada por los registros” o “sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa”.
Por todo ello, la sanción se eleva a 64.055.311 euros, un total equivalente a seis veces el beneficio “ilícito” obtenido por Airbnb durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde la advertencia formulada por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había apoyado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en diferentes actuaciones.
La plataforma también habría publicitado pisos turísticos “indicando un número de licencia o registro que no corresponde a la numeración utilizada por los registros”
"Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos cuantos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus casas", ha manifestado Bustinduy, al tiempo que también ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".