El Ajuntament de Barcelona ha enviado este martes a Airbnb una propuesta de nuevo convenio que incluye que la plataforma deba retirar en un máximo de 48 horas los anuncios de pisos turísticos ilegales, que el consistorio tenga “acceso ilimitado” a los anuncios publicados y mejorar las vías de comunicación con la empresa, entre otros. Así lo ha anunciado la primera teniente de alcaldía del Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, que ha advertido a Airbnb que el Ajuntament no negociará las medidas incluidas en la propuesta de convenio, que quiere sustituir el del 2018 —ya caducado— y que la plataforma tenga un control “riguroso” y “exhaustivo” sobre los anuncios.
La propuesta de nuevo convenio que el Ajuntament ha hecho llegar a Airbnb quiere que el consistorio pueda tener acceso “ilimitado” a los datos de los anuncios publicados en la plataforma. La propuesta del consistorio es hacerlo con un sistema de compartición que sea mensual a través del cual Airbnb haría llegar al Ayuntamiento los datos exigidos según la normativa estatal vigente desde el 1 de julio mientras no estén accesibles a través de la ventanilla única digital de arrendamientos.
En cuanto a la retirada de anuncios, el Ajuntament quiere reducir a un máximo de 48 horas la supresión de aquellos que sean ilegales —actualmente son 15 días— y que no se puedan volver a publicar. En el caso de reincidencia, el consistorio quiere que la desactivación deba ser inmediata. Para hacerlo, la propuesta prevé que la plataforma ponga en marcha un sistema web de desactivación rápida de anuncios, que permitiría al Ajuntament comunicar listados de anuncios a eliminar. La intención es también mejorar así el sistema de comunicación con Airbnb para que el consistorio no tenga que enviar una carta a Irlanda.
Compartir datos
El nuevo convenio plantea el envío sistemático de datos básicos, como por ejemplo la URL del anuncio, el correo electrónico y el nombre del anfitrión, el CIF, la titularidad, las licencias, la dirección, el tipo de habitación y la coincidencia entre la licencia y la dirección del inmueble. “No nos podemos encontrar con anuncios publicados por un anfitrión que se llama James Bond”, ha dicho Bonet. El nuevo convenio también quiere obligar a Airbnb a no publicar ningún anuncio sin verificar los datos e incluye que la empresa deba ceder los datos de los titulares de las cuentas bancarias donde se reciben los pagos de las operaciones efectuadas a través de la plataforma.
El Ajuntament quiere que los anunciantes deban acreditar la titularidad del inmueble y, en el caso de los inquilinos o gestores, que deban tener una autorización del propietario registral. Para los anuncios de alquileres de menos de 32 días, sería obligatorio introducir el número de licencia de piso de uso turístico, que desde julio será sustituido por el número de registro único que otorga el registro de la propiedad correspondiente.
Según plantea la propuesta del Ajuntament, en los anuncios de alquileres de 32 días o más no se podrían hacer reservas de corta duración sin una licencia vigente y solo se podrían registrar alojamientos registrados en la ventanilla única estatal.
La propuesta de convenio también propone la constitución de una comisión de seguimiento del convenio de la cual formen parte cuatro miembros, dos por parte del Ajuntament y dos por parte de Airbnb, y que estaría presidida por un representante del consistorio, que tendría voto de calidad.
Sin espacio para la negociación
Bonet ha asegurado que la propuesta de nuevo convenio quiere que “los datos sobre los pisos se ajusten a la realidad” y que se verifique la información. “Son demandas de sentido común”, ha indicado, esperando que Airbnb acepte las demandas. Según ha explicado, la empresa tiene ahora 15 días para responder. “Esperamos que así sea y que sea de forma positiva”, ha añadido.
En caso de que Airbnb no responda o que la respuesta sea negativa, la primera teniente de alcaldía del Ajuntament de Barcelona ha indicado que no negociarán las medidas y que en caso de incumplimiento tomarán las medidas que “correspondan” por “la vía civil, administrativa o penal”. “Necesitamos poder garantizar el cumplimiento de la normativa en un tema tan sensible como el acceso a la vivienda”, ha remarcado.
El envío de la propuesta de nuevo convenio llega después de que el gobierno municipal se reuniera con representantes de Airbnb el 17 de junio. En el marco de aquella reunión, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró que había trasladado a los representantes de la empresa que era necesario un nuevo convenio que incorporara la nueva normativa que afecta al sector y confió en que fuera de forma “acordada”.