El Govern prevé abrir la segunda convocatoria de reserva pública de solares para vivienda social a finales de este 2025. Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Territorio, Vivienda, Sílvia Paneque, en la jornada La vivienda, un reto de país. Se trata de un paso más del plan anunciado hace un año para construir 50.000 pisos públicos hasta 2030. Según ha detallado, "en las próximas semanas" saldrán los concursos correspondientes a la primera convocatoria. Paneque también ha explicado que están diseñando un plan de vivienda que pone el foco en el mundo rural. "Sin duda, las políticas de vivienda centrarán este nuevo curso político y lo queremos hacer de la mano del sector privado", ha dicho la consejera a los principales actores del sector.
En el encuentro, el mundo público y privado han llevado a debate la situación de la vivienda en Catalunya. Todos han coincidido en decir que hay una "gran alineación de país" al situar la cuestión como un problema y han apostado por el incremento de la oferta como respuesta.
Tres grandes paquetes del plan de 50.000 viviendas
El plan del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 50.000 pisos públicos hasta 2030 y el compromiso a invertir 1.100 millones de euros anuales en políticas de vivienda, anuncios de hace prácticamente un año, han centrado buena parte de la jornada. En mayo el Ejecutivo anunció que ya tenía identificados 665 solares identificados con potencial para construir cerca de 22.000 viviendas. Este lunes el responsable de este plan, Ramon García Bragado, ha actualizado algunas cifras de esta hoja de ruta.
En mayo el Ejecutivo anunció que ya tenía identificados 665 solares identificados con potencial para construir cerca de 22.000 viviendas
Según ha explicado, cerca de la mitad de los solares, con un potencial para 14.000 pisos, ya tienen promotor y su construcción es "inmediata". Hay un segundo paquete de unos 130 solares donde los ayuntamientos han pedido al Govern que les busque un operador y es en este donde se están preparando los pliegos para que puedan salir los concursos. Finalmente, hay unos 200 solares más pequeños, que tan solo permiten una veintena de viviendas, que tienen una salida "más difícil" al mercado y que el Ejecutivo está "perfilando" vías para que haya promotores interesantes.
García Bragado ha asegurado que, visto el panorama, son "moderadamente optimistas" y ha reclamado "aprovechar" la unanimidad "tan grande" que hay para revertir el problema de acceso a la vivienda. "Estoy al frente de un plan para hacer 50.000 viviendas, pero es obvio que el problema no son solo 50.000 viviendas", ha dicho. "Lo que pretendemos es poner en marcha la maquinaria nuevamente", ha añadido.
Críticas del sector privado
El sector privado, sin embargo, ha mostrado sus desavenencias en algunas cuestiones. El presidente de la Cámara de Contratistas, Lluís Moreno, ha asegurado que la construcción "está preparada" y tiene "capacidad" para hacer 40.000 viviendas al año. A su vez, se ha mostrado escéptico sobre algunos de los planes del Ejecutivo. "Hasta que no lo tengamos escrito en el DOGC, no me creeré nada", ha afirmado.
Xavier Vilajoana (APCE): "70.000 euros brutos anuales es lo que cobra el 70% de la gente de este país"
A su vez, el presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, ha cuestionado los planes que ya ha descrito García Bragado. Según el representante de la patronal, a la vivienda asequible pueden acceder el 80% de los catalanes. "Hoy en día la horquilla de renta que debe tener un ciudadano para acceder a una vivienda de protección oficial se sitúa entre el 15% del precio de la vivienda y unos 70.000 euros brutos anuales", ha dicho. "70.000 euros brutos anuales es lo que cobra el 70% de la gente de este país", ha opinado.
Alquiler de temporada
En el debate, también se ha puesto sobre la mesa el alquiler de temporada. El teniente de alcaldía de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha defendido que hacen falta "medidas paliativas de forma inmediata" en el mercado de la vivienda, como el control de rentas o la eliminación de las viviendas de uso turístico y ha apostado por la colaboración público-privada.
Por su parte, el presidente de la comisión de Economía Territorial y Urbana del Colegio de Economistas, Joan Ràfols, ha defendido que el uso del alquiler de temporada es "estrictamente necesario". "Tenemos una sociedad abierta y un área metropolitana donde hay mucha población flotante", ha dicho. Ràfols ha admitido que hay un "trasvase" hacia este modelo, ha apostado por "limitarlo".