El Govern y En Comú Podem han cerrado el acuerdo definitivo para los presupuestos. Con este pacto, el Parlament dará su sí a las cuentas del ejecutivo el próximo 23 de diciembre. Las partes han publicado una entente de 17 páginas con las medidas sectoriales firmadas, desde una inversión en vivienda de 1.000 MEUR a la reducción del IRPF a las rentas bajas, el incremento de 80MEUR en salud mental pública o 50MEUR dedicados a un dentista público. El acuerdo recoge, además, nuevos impuestos medioambientales y a alimentos ultraprocesados.
Además de estas medidas, los puntos acordados con los Comuns recogen aumentos en la inversión social. El Govern ha comprometido 160 millones de euros a la recuperación de la actividad asistencial no relacionada con la Covid-19 en los centros de salud del país. Concretamente, se prevén 60 millones de euros dedicados a un programa de recuperación de pruebas diagnósticas y control de dolencias a la atención primaria y 100 MEUR más para atención hospitalaria y actividad quirúrgica.
En cuanto a la fiscalidad, los dos nuevos impuestos relacionados con la generación de gases de efecto invernadero entrarían en vigor en 2023. Además, el pacto prevé ampliar los sujetos pasivos del impuesto sobre viviendas vacíos, y la posibilidad de deducción por nacimiento o adopción de un hijo por las familias monoparentales, que pueda deducirse del alquiler de la vivienda habitual.
Las inversiones en infraestructuras también crecerán a los próximos cuentas con la adopción de este acuerdo. En este ámbito, Govern y Comuns han ratificado varias intervenciones, como la pacificación de la N-II en el Maresme, que significará una inversión de 49 MEUR, o el inicio de las obras del tranvía del Camp de Tarragona, que costará unos 5 millones de euros – así como un millón más para un estudio informativo para el tranvía del Bages. Además, el ejecutivo se ha comprometido a "finalizar el despliegue del servicio Rodalies de Lleida", y a una mejora de la conexión con el Penedès.
En cuanto a las políticas sociales, el Govern se ha comprometido a llegar a los 1.000 millones de euros en políticas de vivienda. Esto supone un crecimiento de 251 MEUR respecto de la dotación prevista; que irían dedicados al aumento del parque de vivienda pública "mediante el tanteo y retracto y la construcción de viviendas dedicadas a alquiler social". En el bloque de políticas sociales, destacan la inversión de 10 MEUR para aumentar el número de plazas a centros y servicios para personas con diversidad funcional, así como una suspensión temporal de las ayudas a jóvenes extutelats cuando se incorporan al mercado laboral que permita devolverlos si dejan de tener trabajo, en vez de eliminarlos cómo se hace actualmente. Más allá de las medidas, el pacto recoge la instauración de una comisión trimestral de evaluación del cumplimiento de los acuerdos ratificados.