Más de 200 asociaciones han convocado una huelga en el pago de alquiler para este 1 de abril ante "el abandono gubernamental de las arrendatarias afectadas por la crisis de la covid-19". Según los convocantes, entre los que hay el Sindicat de Llogateres, en los últimos días las entidades han recibido más de 8.000 correos electrónicos de personas que explican que no pueden asumir este gasto.
A la huelga están llamadas las familias, pequeños comerciantes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus, que ha obligado a parar la actividad económica no esencial. "Si no cobramos, no pagamos. Si la economía productiva se para, la economía rendista también", argumentan las entidades con el objetivo de dar una "respuesta colectiva" por parte de los afectados.
"Desde hace semanas llevamos advirtiendo que a partir del 1 de abril empezará una cascada de impagos de alquiler masiva que desembocará en una nueva crisis de la vivienda", señalan los impulsores de la iniciativa, que lamentan que el gobierno de Sánchez "ignora" sus demandas y avisa que los impagos son "inevitables".
Entre las reivindicaciones de las entidades, también está la suspensión de los suministros básicos de agua, luz y gas. "Hablamos de servicios básicos para garantizar la vida de las familias. Endesa, Iberdrola y Naturgy tuvieron más de 5.700 millones de beneficios en el último año", afirman las entidades, que también reclaman que se pongan 35.000 viviendas a disposición de personas sin hogar. Para los pequeños propietarios que dependen del alquiler de sus inquilinos, los impulsores de la huelga exigen una renta básica del Estado.
Además, se han mostrado partidarias de no pagar el alquiler "el tiempo que sea necesario" una vez superada la crisis del coronavirus, que se mantengan de alta los suministros básicos a los colectivos más vulnerables y que los desalojos se suspendan de manera "indefinida", además de la "expropiación" de pisos a fondos buitre y bancos. "Es la hora de rescatar a las personas. Es el momento de confinar privilegios", concluyen.
Por otro lado, los impulsores han puesto en marcha una caja de resistencia para financiar las acciones legales que se puedan desencadenar de los impagos a los inquilinos que se adhieran a la huelga.