El coste económico para Catalunya de la falta de inversiones del Estado

La Cambra de Comerç de Barcelona denuncia que el Gobierno deja de ejecutar 8.000 millones de euros presupuestados en el territorio catalán entre 2001 y 2018

La Cámara de comercio de Barcelona denuncia los incomplents del Estado con Cataluña La Cámara de comercio de Barcelona denuncia los incomplents del Estado con Cataluña

La distribución territorial de la inversión en infraestructuras "perjudica claramente" a Catalunya. Así se desprende del estudio Impacto económico del déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya presentado en la Casa Llotja de Mar por la Cambra de Comerç de Barcelona. Con la presencia (y conclusión) del president del Govern, Quim Torra, y bajo la atenta mirada de patronales, gremios y personalidades políticas, la Cambra ha hecho saber que el Estado ha dejado de ejecutar en Catalunya cerca de 8.000 millones de euros presupuestados en el periodo entre 2001 y 2018. Un impacto económico que se estima en el 3,3% del PIB y en la pérdida de 111.500 puestos de trabajo. Para paliar el déficit en infraestructuras, la Cambra calcula que Catalunya necesitaría una inversión de 45.333 millones de euros hasta 2030.

 

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El estudio, que pone de manifiesto que Catalunya "ha recibido históricamente un porcentaje estatal de inversión en infraestructuras inferior a su peso económico", advierte de que la situación todavía se ha agravado más después de la crisis. El déficit ahora es más grande: si entre 2001 y 2012 la inversión estatal era del 16,5% ante el 19% del PIB, entre 2013 y 2018 ha sido del 12%. Esto confirma, pues, que el territorio catalán "pierde posiciones en el reparto de la inversión estatal a la salida de la crisis a pesar de ser una de las economías que ha liderado la recuperación".

El presidente de la Cambra, Joan Canadell, citando al presidente de Cecot, Antoni Abad -también presente en el acto-, ha recordado que esta carencia de inversiones hace ver que "es cómo si cada cuatro años, uno no se invirtiera nada", es decir, que "en 19 años, hemos tenido prácticamente cinco en blanco". "¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tiene Catalunya que no tengan las otras comunidades?", se ha cuestionado, al mismo tiempo que ha insistido: "¿Cómo puede ser que teniendo el 20% de los pasajeros de los aeropuertos del Estado tengamos sólo el 10% de las inversiones?".

Una deuda con Catalunya

La carencia de inversiones, sin embargo, no sólo afecta a Catalunya, sino que, según advierte la Cambra, "también afecta al conjunto del territorio español por la fuerte independencia económica que hay entre las dos economías". Pero la realidad es otra y, a pesar de que el 12% de los vehículos que van por carretera de competencia estatal circulan por el territorio catalán, sólo se invierte el 9%. A esto se suma que, si bien Catalunya cuenta con el 23% del tránsito ferroviario, sólo se invierte el 13,1%, mientras que del 20% de pasajeros de los aeropuertos españoles es en los aeropuertos catalanes, sólo se invierte un 10,4%.

Canadell: "¿Cómo puede ser que teniendo el 20% de los pasajeros del los aeropuertos del Estado, tengamos sólo el 10% de las inversiones?"

El porcentaje de inversión que menos diferencia tiene es precisamente el de los puertos que, del 18% del tráfico portuario de mercancías con que cuenta Catalunya, se invierte el 15,7%. "Quizás tiene algo a ver que Madrid no tenga puerto", ironiza Canadell. Por todo ello, el presidente de la Cambra exige al Estado que admita que tiene una deuda con Catalunya de 45.000 millones de euros, una deuda que, añade, "no hace falta que nos la den mañana, pero sí que la reconozcan" porque "tendrían que servir para dibujar una Catalunya en red".

Los retos de Catalunya son claros, pero son difíciles de llevar a cabo si no se obtiene la inversión correspondiente. Movilidad, infraestructuras, sostenibilidad, competitividad empresarial, conexión con Europa... Cómo ha dicho Torra, "nos hacen falta estas infraestructuras que vertebren el territorio" porque éste "es un déficit de competitividad para nuestras empresas" y, esto, es "de justicia social denunciarlo porque afecta todos los catalanes y todas las empresas".

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