La Ley de Movilidad Sostenible, cada vez más cerca

El anteproyecto tiene el objetivo de sentar las bases para un sistema de transportes que garantice el derecho a la movilidad sostenible a toda la ciudadanía

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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, han presentado el nuevo anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible en un acto privado en la sede del Racc. La sesión se ha enmarcado en el ciclo de conferencias que organiza el Racc Mobility Institute, la plataforma creada por el Racc y Deloitte que analiza las nuevas tendencias y modelo de negocio en el ámbito de la movilidad, los Mobility Talks, que se dirige a los miembros adheridos a la iniciativa.

El anteproyecto de Ley busca establecer las bases para un sistema de transportes que garantice el derecho de la ciudadanía a la movilidad. La propuesta tiene la sostenibilidad como eje vertebrador, no solo en cuanto al medio ambiente, sino también desde el punto de vista social y económico. También es una apuesta por la introducción de las nuevas tecnologías y la digitalización para garantizar la eficiencia del sistema de movilidad.

Según el presidente del Racc, Josep Mateu, "la Ley de la Movilidad Sostenible es imprescindible para hacer frente a la profunda transformación de la manera de desplazarnos que estamos viviendo en todo el mundo", y ha subrayado que el nuevo marco plantea oportunidades, pero también dudas. El presidente del Racc ha recordado que "la movilidad tiene que ser segura y sostenible pero también compatible con el progreso económico de nuestro país" y que considera fundamental que la nueva norma tenga en cuenta "la visión metropolitana, puesto que es necesario establecer herramientas que permitan mejorar la planificación de las inversiones en transporte público y que las leyes ayuden en esta dirección".

El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible fue aprobado por el Consejo de Ministros del 1 de marzo de 2022 y tendrá que volverse a presentar a Proyecto de Ley en las Cortes Generales por tramitación parlamentaria antes de que acabe este año. El compromiso del Ministerio con la Comisión Europea es que la nueva norma se haya aprobado antes de que finalice en 2023.

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