Más de 450 trabajadores que trabajan en empresas del sector porcino de Santa Eugènia de Berga están incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (ERTE) que presentó la empresa de trabajo temporal para la que trabajan a raíz del brote de Peste Porcina Africana (PPA). Según ha podido saber la ACN y ha confirmado el Departament de Treball, la empresa ETT es GCT Plus y el total de trabajadores afectados por la suspensión de contratos es de 458 personas. Estos empleados trabajaban en algunas empresas del Grupo Jorge, como Le Porc o Rivasam.
Inicialmente, el sindicato CCOO denunció que el grupo cárnico había prescindido de 300 trabajadores temporales por la caída en picado de la producción debido al brote de peste porcina. El expediente presentado por la ETT el pasado miércoles es el único que ha recibido el Departament de Treball desde el inicio del brote de peste porcina, que ya tiene trece casos en Catalunya. Ahora, la autoridad laboral tiene cinco días hábiles -es decir, hasta el próximo jueves- para aprobar o no el expediente.
Los ERTE de fuerza mayor no implican la pérdida del puesto de trabajo y se pasa a cobrar la prestación por desempleo, así que no se puede hablar de despidos
Los ERTE de fuerza mayor son instrumentos que permiten suspender los contratos laborales cuando no se puede mantener la actividad laboral por causas imprevistas y se utilizaron masivamente durante el estallido de la pandemia de covid-19. Los trabajadores no pierden su puesto de trabajo y pasan a cobrar la prestación por desempleo. Por lo tanto, no se puede hablar de despidos.
El pasado martes el secretario de Trabajo, Paco Ramos, aseguró que la conselleria estaba “preparada” para resolver las solicitudes de expedientes temporales en el plazo que marca la normativa. Ante las informaciones de impacto en la ocupación, el alcalde de Santa Eugènia de Berga aseguró que había conversado con la empresa que le había confirmado que reincorporarían en cuanto pudieran a los trabajadores.
El alcalde, Xavier Fernández, puso a disposición de los afectados los servicios sociales municipales y afirmó que es una problemática que se agrava porque muchos de los trabajadores de alguna de las empresas como el matadero son migrantes.