En la demarcación de Barcelona, el porcentaje de viviendas con sistema de refrigeración pasa del 38,9% en los hogares de menos ingresos, al 71,2% entre los de renta alta, con una media provincial del 57,2%. Pero solo el 2,2% del total dispone de aerotermia, la opción eficiente que no dispara ni la factura ni las emisiones. Es una de las principales conclusiones de un estudio del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), que ha analizado el riesgo de mortalidad por el calor según la vivienda en la provincia de Barcelona.
La conclusión de fondo es que la mortalidad y el sufrimiento por calor son el resultado de unas desigualdades que el clima amplifica, pero no origina. Quién se puede proteger del calor y quién no depende de la renta, del estado de la vivienda y del territorio donde se vive, resiste mejor las altas temperaturas. La respuesta privada, sobre todo de aire acondicionado, llega primero allí donde las rentas lo permiten, de manera que reproduce esta fractura en vez de cerrarla.
Quién se puede proteger del calor y quién no depende de la renta, del estado de la vivienda y del territorio donde se vive, resiste mejor las altas temperaturas
El documento concluye que el confort térmico de verano debe tener el mismo estatus que la protección ante el frío en invierno, y para hacerlo efectivo propone desplegar una transición energética justa, ordenada en el tiempo y financiada con criterios redistributivos a través de un fondo climático provincial. Este desplazamiento tiene, además, una base legal reciente: el real decreto ley 7/2026 convierte la transición energética en competencia propia de los entes locales.
Según el informe, la desigualdad ante el calor se explica por tres dimensiones con una raíz común: la exposición (que en el litoral toma la forma de noches tropicales y en el interior de días tórridos), la vulnerabilidad social (renta, edad, composición del hogar y estado del parque de vivienda) y la capacidad de respuesta, que tienden a coincidir en los mismos barrios, porque la densidad, la renta baja y el parque envejecido se acumulan sobre unas mismas calles. Al mirar dentro de cada perfil de edad, la fractura decisiva sigue siendo la renta: la edad modula, pero la renta decide quién puede combatir el calor dentro de casa.
El acceso a la refrigeración sigue el gradiente de renta. En la demarcación de Barcelona, el porcentaje de viviendas con sistema de refrigeración pasa del 38,9% entre los hogares de menos de 1.000 euros al mes al 71,2% entre los de 3.000 o más, con una media provincial del 57,2%. Esta brecha de 32 puntos se repite, sin excepción, en los dieciséis municipios de más de 50.000 habitantes con muestra suficiente.
Cerca de dos de cada tres hogares metropolitanos ya tienen algún aparato de aire acondicionado, pero, entre estos, solo un 2,2% dispone de aerotermia, la opción más eficiente y más compatible con un modelo renovable. El aire acondicionado no resuelve la raíz del problema por sí solo. A escala global, la refrigeración representa alrededor del 7% del consumo eléctrico y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un peso que crece año tras año.
Cerca de dos de cada tres hogares metropolitanos ya tienen algún aparato de aire acondicionado, pero, entre estos, solo un 2,2% dispone de aerotermia
El riesgo se concentra en 39 municipios prioritarios. Son los que cumplen a la vez tres condiciones: renta baja, parque de vivienda deficiente y una exposición al calor por encima de la mediana de su familia climática. Conviven dos realidades: ciudades medianas y pueblos del interior que se cuecen de día (Manresa, Cardona, Artés), que entran sobre todo por el estado del parque, y el continuo metropolitano y la costa donde la noche no refresca (l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona, Cornellà, Sant Boi), que entran por la antigüedad de un parque denso y envejecido.
El verde urbano, que refresca sin que nadie tenga que pagar ninguna factura, también escasea donde más hace falta. Los municipios densos y más expuestos son los que menos tienen por habitante: l'Hospitalet se queda en 4,2 metros cuadrados, Santa Coloma en 5,3 y Badalona en 7,9, todos muy por debajo de la mediana provincial (28,5). Un corte de suministro de varios días durante una ola de calor puede más que duplicar la mortalidad, porque deja sin protección justamente los hogares que dependen de él.
El informe ofrece una diagnosis de la desigualdad ante el calor extremo en la demarcación de Barcelona. Lo hace a partir de datos reales de los 311 municipios y los 5,9 millones de habitantes de la provincia de Barcelona, combinando fuentes climáticas, socioeconómicas, del parque de vivienda y energéticas organizadas alrededor de tres dimensiones: la exposición al calor, la vulnerabilidad social y la capacidad de respuesta de cada hogar y cada territorio.
Los estudios sitúan en una media de 546.000 las muertes anuales por calor en el mundo en la última década, un 23% más que en los años 90 del siglo XX
La mortalidad por calor sigue un patrón social recurrente. Los estudios sitúan en una media de 546.000 las muertes anuales por calor en el mundo en la última década, un 23% más que en los años 90 del siglo XX. El verano de 2022, el más cálido registrado en Europa, se estimaron 1.772 muertes atribuibles al calor en Catalunya, de las cuales 1.327 en la provincia de Barcelona, 235 por cada millón de habitantes. El perfil de riesgo se repite en todas las olas estudiadas: una mujer mayor, enferma, de un barrio de renta baja y sin aire acondicionado.
La transición energética, sin correctivos, reproduce la desigualdad con tecnología nueva. La capacidad de generar energía propia se reparte al revés de la necesidad. En el área metropolitana, el potencial fotovoltaico en cubierta es de 9,9 kWh/m2 en las secciones más vulnerables y de 27,2 en las menos, casi el triple. El autoconsumo se concentra en la vivienda unifamiliar de renta alta: el 80% de los expedientes de bonificación del IBI en la provincia corresponden a esta tipología.
Recomendaciones
El informe propone diez medidas organizadas en tres horizontes temporales (proteger ahora, desplegar en los próximos años y transformar estructuralmente) y regidas por tres decisiones redistributivas: a quién se prioriza, con qué instrumentos y con qué relación entre administraciones. Estas medidas requieren cuatro condiciones que las hagan posibles: una ley estatal de protección ante el calor extremo, un fondo climático provincial financiado en parte por el excedente de las renovables de titularidad pública o público-comunitaria, una gobernanza multinivel entre Estado, Generalitat, Diputación y municipios, y un sistema público de indicadores de calor y desigualdad climática.
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