Hace unos días comentábamos que, algunos países e instituciones, acusaban a los Países Bajos de ser un paraíso fiscal por su particular sistema fiscal. Probablemente más de uno se sorprendió, y es que, cuando hablamos de paraísos fiscales, lo primero que se nos viene a la mente es una isla paradisíaca en el Caribe o en el Pacífico, donde los millonarios y las grandes empresas guardan su dinero sin tener que pagar impuestos. La realidad, sin embargo, es algo más compleja.
El origen de los paraísos fiscales se remonta al siglo XIX, cuando las potencias europeas establecieron centros financieros offshore en sus colonias para atraer la inversión extranjera y financiar sus propias empresas. En este contexto, las Islas Caimán y las Bahamas se convirtieron en destinos populares para la inversión extranjera y la ocultación de la riqueza. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando los paraísos fiscales se popularizaron como herramienta para la evasión fiscal y el lavado de dinero. En la década de 1960, Suiza se consolidó como uno de los principales paraísos fiscales gracias a su política de secreto bancario y baja tributación. Desde entonces, se han establecido muchos otros paraísos fiscales en todo el mundo.
Hoy en día, estos centros ofrecen servicios financieros a capitales provenientes del exterior y suelen tener una normativa fiscal diferenciada para la actividad local y para los capitales extranjeros. En otras palabras, se trata de lugares donde se puede operar con cierta discreción y ventaja fiscal en comparación con los países de origen de los capitales.
Se trata de lugares donde se puede operar con cierta discreción y ventaja fiscal en comparación con los países de origen de los capitales
Así lo ve Occidente
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a los paraísos fiscales como territorios que cumplen con tres características principales: imponen un impuesto nominal muy bajo (o nulo), tienen un alto secreto bancario y no cooperan en materia fiscal con otros países o estados. La OCDE incluye también como característica que no haya actividad económica real.
Este organismo confeccionó una serie de listas en las cuales se señalaban los distintos países a los que consideraba paraíso fiscal. Evidentemente, los ahí mencionados podían salir si realizaban algunos progresos. La primera lista incluía 31 países. Actualmente no hay ninguno, según informa el organismo en su propia página web. Entre los paraísos fiscales más conocidos se encontraban las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, Singapur y Panamá.
Basta la opacidad para proporcionar oportunidades de evasión y fraude fiscal a los grandes capitales
Abramos los ojos
Si bien muchos de estos países se han comprometido a cooperar más con las Agencias Tributarias del resto del mundo, en la mayoría sigue habiendo un secreto bancario altísimo y problemas con el intercambio de información. Por ello, y por mucho que la OCDE pretenda hacernos ver una realidad diferente, siguen existiendo múltiples paraísos fiscales, donde la actividad financiera exterior (prácticamente) no paga impuestos
No lo malinterpreten. Si entendemos el secreto bancario como el derecho de un banco de mantener a su cliente en el anonimato, un cierto grado de secreto bancario existe en todos los bancos del mundo. Es más, existen países que tienen una larga tradición de secreto bancario, pero que no se consideran paraísos fiscales.
La problemática reside, como señala Francisco de la Torre en su libro ¿Hacienda somos todos?, en la opacidad. Basta la opacidad para proporcionar oportunidades de evasión y fraude fiscal a los grandes capitales, del mismo modo que pueden fomentarse otros delitos, además de impedir controlar adecuadamente los riesgos financieros en que incurre la Banca.
En los últimos años ha habido un mayor escrutinio y regulación sobre las actividades financieras en paraísos fiscales
El camino por recorrer
En los últimos años ha habido un mayor escrutinio y regulación sobre las actividades financieras en estos lugares. La misma OCDE ha impulsado medidas para limitar la evasión fiscal a nivel global, y muchos países han adoptado leyes más rigurosas para evitar el uso de paraísos fiscales. El problema no es solo el fraude fiscal que generan, sino su impacto en la economía global.
El Fondo Monetario Internacional estimó que la evasión fiscal global asciende a entre el 5% y el 10% del PIB mundial, lo que equivale a entre 2,6 y 5,2 billones de dólares. Por su parte, las estimaciones de la OCDE consideran que los paraísos fiscales albergan alrededor de 10 billones de dólares en activos financieros, lo que equivale al 6% del total de los activos financieros globales. Esto tiene un efecto negativo en los ingresos fiscales de los países, que dejan de recaudar miles de millones de dólares en impuestos cada año. Por ejemplo, según la Red de Justicia Fiscal Global, se estima que los países en desarrollo pierden alrededor de 200.000 millones de dólares al año debido a la evasión fiscal de las empresas multinacionales en los paraísos fiscales.
Pero a pesar de las evidentes consecuencias negativas de los paraísos fiscales, su existencia es legal y está protegida por el derecho internacional. Los países que los albergan argumentan que son una herramienta para atraer inversión extranjera y crear empleo en sus territorios (¿recuerdan cómo intentaba defenderse el gobierno neerlandés de la críticas?). Esta justificación es cada vez más difícil de sostener ante la creciente demanda de transparencia y responsabilidad fiscal por parte de la sociedad y de los gobiernos.
Los paraísos fiscales se han adaptado a las nuevas leyes y han encontrado nuevas maneras de eludir la regulación
La lucha contra los paraísos fiscales es un reto global que requiere una acción coordinada entre países, organismos internacionales y la sociedad civil. La Unión Europea ha liderado esta lucha en los últimos años, estableciendo listas negras y medidas para aumentar la transparencia fiscal de los países miembros. También se han creado iniciativas internacionales como el G20 y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el fraude fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Pero aún queda mucho por hacer. Las medidas que se han tomado hasta ahora han sido insuficientes; los paraísos fiscales se han adaptado a las nuevas leyes y han encontrado nuevas maneras de eludir la regulación. La complejidad y opacidad de los paraísos fiscales dificultan su control y regulación. Es necesario establecer medidas más efectivas para detectar y sancionar a los infractores.