El Parlament ha validado este miércoles el decreto ley del Govern que servirá para aumentar la tasa turística. Los textos, pactados con los Comunes, preveían que el impuesto duplique —y en algunos casos triplique— el importe aprobado en 2017, que en el caso de los hoteles de cinco estrellas de Barcelona pasaría de 2,25 a 7 euros, y de los 2,25 a los 6 euros en el resto de Catalunya. Las viviendas de uso turístico duplicarían la tasa en todo el territorio y los barcos con estancias de menos de 12 horas pasarían a pagar 6 euros por día.
El decreto también prevé que todos los ayuntamientos, y no solo el de Barcelona, puedan aplicar recargos a las tarifas. Además, establece una nueva distribución de los ingresos derivados de la tasa, el 25% de los cuales se destinarían a políticas de vivienda de la Generalitat, y el 75% restante, al Fondo para el Fomento del Turismo, el 50% del cual iría a los municipios y el 20% al Consejo General de Aran.
Originalmente, la nueva tasa turística tenía previsto entrar en vigor en octubre, ya que varios grupos parlamentarios y entidades del sector habían pedido aplazarla para incluir modificaciones en el texto. Sin embargo, el Parlament ha rechazado este martes el decreto para llevar a cabo el retraso y ha exigido que se implemente ya este mes de mayo. Después de la votación, el Govern ha anunciado que aprobará en el Consejo Ejecutivo del próximo martes un nuevo decreto con carácter retroactivo para aplazar nuevamente la entrada en vigor de la tasa turística.
Durante el debate, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha recordado que los turistas son quienes pagan la tasa, y que está bien que puedan aportar “un poco más” para compensar las “externalidades negativas” que provocan. Romero ha subrayado que la tasa se creó en 2012 y que ya se ha ido modificando en los años 2017, 2020 y 2023, y que los turistas han seguido viniendo a Catalunya “sin generar ningún elemento negativo”.
Reacciones a la nueva tasa turística
El incremento de la tasa turística ya fue rechazado a finales de febrero por el Gremi d'Hotels de Barcelona, quien denunció que el sector está sometido a una “asfixia fiscal continua”. En el comunicado publicado en aquel momento, la entidad dejaba claro que el sector no está dispuesto a “seguir siendo la fuente constante de financiación para las administraciones” y advertía que la medida podía hacer peligrar la competitividad de un tejido empresarial “clave para el desarrollo económico y social”. Más posteriormente, a principios de abril, el presidente de la entidad y de Turisme de Barcelona, Jordi Clos, pedía que el sector de los grandes eventos y congresos quedara “exento” de pagar el aumento de la tasa turística para evitar que la capital catalana pudiera “perder competitividad”.
El rechazo del Parlament al aplazamiento del aumento de la tasa turística hasta el mes de octubre ha sido recibido con “sorpresa, perplejidad y desconcierto” por la Federació Catalana de Càmpings (FCC). La entidad consideraba que el tiempo de margen era “una buena vía para poder incorporar nuestras peticiones y consensuar una modificación del impuesto que, entre otros, tuviera en cuenta el esfuerzo del sector para desestacionalizar la temporada y las características de cada territorio”. La FCC ha pedido “consignas claras” sobre cómo deben actuar los próximos días los empresarios del sector. “No se pueden cambiar las reglas del juego de un día para otro y nos preocupa la imagen que nuestro destino está dando últimamente”, ha indicado el presidente de la entidad, Miquel Gotanegra.