Las patronales de las pymes, recelosas de la 'ley Aragonès'

Creen que el proyecto de la normativa de contratos de atención a las personas "penaliza a las empresas mercantiles"

El presidente de PIMEC, Josep González, en una imagen de archivo | ACN El presidente de PIMEC, Josep González, en una imagen de archivo | ACN

Las patronales de las pymes desconfían de la ley Aragonès. Consideran que el proyecto de la normativa de contratos de atención a las personas que está en trámite en el Parlament "penaliza a las empresas mercantiles", puesto que "discrimina a los licitadores por su forma jurídica". PIMEC y otras organizaciones patronales (ACELLEC, AECPYMES, UPIMIR, ASCEN, ACCAC, ACES y ACAD) han enviado un comunicado conjunto en el que ven "justificadas" algunas de las críticas que ha recibido la conocida como ley Aragonès.

El texto critica la "inseguridad jurídica y el riesgo de exclusión" de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública en las áreas de atención a las personas. El proyecto de ley del Govern pretende incluir parámetros de calidad en estos tipos de licitaciones, actualmente basadas en el precio.

¿Promover la externacionalización?

Así, las patronales rechazan las críticas de la CUP y Catalunya en Comú Podem, que creen que la normativa será una manera de promover la externalización de servicios públicos y que favorecerá a las grandes empresas. En este sentido, PIMEC defiende que el proyecto de ley "únicamente establece las condiciones de la contratación pública de los servicios [...] una vez que ya se ha decidido su externalización".

Los criterios cualitativos, según el comunicado, hacen referencia a "la estructura societaria de los licitadores y a aspectos organizativos, que no tienen nada que ver con la calidad del servicio que se prestará". Esto perjudicaría a las pymes, según PIMEC, porque "basan su competitividad en el trabajo de proximidad y en la calidad del servicio".

Las patronales ven "una evidente inseguridad jurídica" en la posibilidad de establecer como parámetro formar parte de empresas sociales, "una figura jurídica que todavía no se ha regulado". Otra de las medidas que contempla la ley, según el comunicado, es reservar contratos para este tipo de empresas, hecho que hace que "el riesgo de exclusión de la pequeña y mediana empresa sea incluso más elevado".

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