La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) ha denunciado que durante el 2023 el plazo medio de pago del sector privado aumentó tres días, hasta los setenta días de media. Por su parte, el pago por parte del sector público se redujo doce días, hasta situarse en una media de cincuenta y cinco días. "En los dos casos son registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la ley", avisan desde esta entidad. De hecho, apuntan que la normativa fija un plazo de 60 días a las empresas y de 30 días para las administraciones públicas.
En un comunicado, la plataforma resalta también que al 62% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias. Aun así, alertan que el 93% de estos empresarios no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, mientras que el 85% nunca o casi nunca han exigido a sus clientes morosos los intereses de demora. "Esto demuestra la inutilidad de una ley que no sancione el incumplimiento", lamentan.
Al 62% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias
Desde la PMCM constatan que los plazos de pago a proveedores en Espanya continúen siendo, un año más, superiores a los permitidos por la ley. Con todo, según Antoni Cañete, presidente de la plataforma y de la patronal catalana PIMEC, la llegada del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad marcará "el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y la viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de ocupación".
Desde esta organización esperan que establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago ayude a mejorar la liquidez económica y, por lo tanto, la viabilidad de las empresas. En este sentido, recuerdan que el martes 23 de abril, a su último plenario antes de las elecciones de junio, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar la nueva normativa, que será de cumplimiento obligado y prevé sancionar las empresas morosas si exceden el plazo de pago general fijado en treinta días.