De la necesidad de encontrar alternativas para conseguir una fórmula asequible de acceso a la vivienda, en un contexto de precarización del sector, surgió en 2016 la asociación vecinal Cohabitem Sant Andreu. Esta inquietud, mostrada por un grupo de ciudadanas, ha cristalizado este año con el inicio de las obras de construcción de un edificio de 35 viviendas de protección oficial en Sant Andreu, en los terrenos de los antiguos Cuarteles de Artillería. En esta trayectoria, ha tenido un papel esencial la cooperativa de vivienda social, La Regadora, que ha impulsado el proyecto con "la voluntad de diseñar construcciones en un entorno sostenible, inclusivo y cooperativo", tal como explica Laura Contreras, una de las socias de la entidad. Después de las gestiones realizadas con el distrito de Sant Andreu, se logró que el Ayuntamiento de Barcelona comprara el solar para levantar Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que facilitara a las cooperativas de carácter social optar al concurso de adjudicación.
Uno de los rasgos diferenciales de la promoción impulsada por La Regadora es la fórmula escogida para la gestión: el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, caracterizado por la propiedad colectiva y el derecho de uso. Así, Contreras señala que la cesión de uso supone un nuevo paradigma, en que la tenencia de la vivienda no se concreta ni con la compra ni con el alquiler. Finalmente, el pasado 18 de marzo, hace poco más de un mes, se celebró la primera reunión técnica y se formalizó el acta de replanteo y de inicio de la obra.
Las obras de construcción del edificio, ubicado en la calle Teresa Boronat i Fabra, 10, se espera que finalicen a finales de 2025 o principios de 2026, momento en que ya podrán vivir las primeras vecinas. El terreno sobre el cual se construirán los pisos son una cesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona y estos tendrán una dimensión de entre 42 y 76 metros cuadrados. Además, está previsto que dispongan de espacios comunitarios, como una cocina, una lavandería o una biblioteca.
Las obras de construcción del edificio, ubicado en la calle Teresa Boronat i Fabra, se espera que finalicen a finales de 2025 o principios de 2026
Apoyo financiero a la cooperativa
Contreras recuerda que en el sistema en cesión de uso las socias de la cooperativa, en este caso las 35 unidades de convivencia del futuro edificio, han realizado una aportación media superior a los 20.000 euros, cantidad que era la base a la hora de pedir un crédito que financiara la construcción. Es en este escenario, "donde el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se nos ofreció a financiar el proyecto", comenta Contreras. El ICF, organismo perteneciente a la Generalitat de Catalunya, concedió un crédito de 4,2 millones de euros destinado a las obras de construcción, que suponían un presupuesto total de 6,4.
Contreras elogia el apoyo financiero del ICF y "su apuesta por una cooperativa de vivienda social como la nuestra, que utiliza la fórmula de la cesión de uso y que no tenemos experiencia en los procesos de licitación". Precisamente, la vivienda social es uno de los principales ejes de actuación del organismo y donde está poniendo el foco. Su apoyo financiero se concreta a través de su línea ICF Vivienda Social Promoción, que está destinada a impulsar la construcción de viviendas de protección oficial de alquiler social.
La Regadora agradece el apoyo del ICF y "su apuesta por una cooperativa de vivienda social como la nuestra, que utiliza la fórmula de la cesión de uso y que no tenemos experiencia en los procesos de licitación"
Además de facilitar un acceso asequible a la vivienda, Laura Contreras precisa que "el proyecto favorecerá la convivencia y el apoyo mutuo entre sus cohabitantes, ofreciendo espacios comunes, que fomentarán la interacción y la creación de una comunidad fuerte y unida". El edificio está diseñado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Paralelamente, la cooperativa considera que la iniciativa ayuda a constituir un modelo de alternativa residencial más justo y sostenible.
Un modelo alternativo de vivienda
La Regadora subraya el valor de que una entidad pública, como el ICF, pueda colaborar en el objetivo de fomentar un acceso más justo a la vivienda y unas condiciones de vida más dignas a través de la cesión de uso. Este modelo, extendido en países como Dinamarca o Uruguay, ya hace dos décadas que se empezó a implantar en Catalunya. En este caso, la cooperativa es la titular de las viviendas y se crea con voluntad de duración indefinida. La propiedad colectiva evita la especulación, puesto que imposibilita el lucro individual a partir del alquiler o la venta del piso. A la vez, permite y fomenta la participación de las socias de la cooperativa, que son también propietarias, a diferencia de un modelo en que esta solo sea pública.
Las viviendas se consideran un bien de uso y las socias de la cooperativa pueden disfrutarlo indefinidamente o por un periodo muy largo. Requiere una aportación inicial y el pago de cuotas mensuales que derivan de los costes de adquisición, mantenimiento y funcionamiento del proyecto cooperativo y no tanto de la situación del mercado.
Desde La Regadora insisten que en el edificio que están promoviendo, las curas y la convivencia se encontrarán en el centro y que la arquitectura está pensada para la vida comunitaria. Una vez el proyecto dé sus frutos, Laura Contreras cree que "podremos utilizar nuestra experiencia para asesorar en el desarrollo de iniciativas similares". En el caso del edificio de la calle Teresa Boronat i Fabra, que impulsa la cooperativa, el hecho de ubicarse en los antiguos cuarteles de Sant Andreu representa un espacio recuperado para el barrio, en el cual se podrá hacer comunidad. Para las socias de la cooperativa, La Regadora es la primera semilla que permitirá el crecimiento de una planta que se tiene que continuar regando.