El PSOE y Esquerra Republicana han cerrado un acuerdo para el traspaso del servicio de Cercanías en Catalunya, dentro del proceso para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Según informa la Agència Catalana de Notícies, el documento acordado por ambas partes tendrá el título de Culminar el traspaso integral de Cercanías. El entendimiento deberá validarse en tres fases e incluye las vías, trenes y recursos económicos. A principios de año, Renfe ya anunció una inversión de 850 millones de euros en la compra de 97 trenes para mejorar el servicio catalán de Cercanías. Los nuevos convoyes serán mayores, contarán con una capacidad de hasta 900 personas y nuevos servicios como wifi, enchufes para cargar distintos dispositivos, espacios para los más pequeños, una mejora en la comodidad de los asientos e incluso zonas para bicis. Parte de la producción se llevará a cabo en Catalunya, en la fábrica de Alstom en Santa Perpètua, donde se fabricarán 49 trenes de 100 metros.
Para llevar a cabo el seguimiento del traspaso se creará la empresa Rodalies Catalunya, con una participación mayoritaria de la Generalitat y un consejo de administración con representantes de la administración catalana y el Estado. El objetivo de este mecanismo es agrupar todos los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de Cercanías. Ante las críticas de los sindicatos de maquinistas, PSOE y ERC aseguran que la nueva empresa contará con un convenio de colaboración para preservar los derechos adquiridos de los actuales trabajadores y trabajadoras. En clave técnica, el pacto de Cercanías incluye las vías y catenarias de las líneas del Maresme (R1), Hospitalet-Puigcerdà (R3) y Sant Vicenç de Calders-Barcelona (R2). Otro de los aspectos más destacados del documento corrige también el actual déficit tarifario, de 335 millones de euros. Este punto será formalizado a través de un grupo de trabajo que deberá definir sus posiciones en los primeros trimestres de los años sucesivos.
Este punto será formalizado a través de un grupo de trabajo que deberá definir sus posiciones en los primeros trimestres de los años sucesivos. Un servicio, el de Cercanías, que utilizan entre 300.000 y 400.000 pasajeros diarios y registra constantes averías que tanto el Govern como el PSC han atribuido siempre a una "inversión insuficiente" por parte del Ejecutivo central en la última década. El presidente de la empresa mixta que pivotará el traspaso será propuesto por la Generalitat.
La reacción del mundo empresarial y económico
Las principales organizaciones empresariales y económicas de Cataluña ya han ofrecido su posicionamiento sobre el acuerdo político entre las dos formaciones. "Cercanías es muy importante no sólo por el bienestar de las personas sino también por el crecimiento económico", ha apuntado Carlos Puig de Travy en una conversación con VIA Empresa. El decano del Col·legi cree que para que el acuerdo sea efectivo "hará falta sensatez y consensuar todos los aspectos operativos, de personal y las inversiones correspondientes". En este sentido, el economista también ha recordado cómo un proceso de estas características "no es un tema de hoy para mañana".
Por su parte, la patronal Cecot, en un comunicado publicado el 31 de octubre para realizar una valoración general de las negociaciones de investidura en el Estado, definió la actual negociación política como "una oportunidad histórica" para ver "reflejadas demandas recurrentes e históricas como la mejora de la financiación, las inversiones y las infraestructuras". Foment del Treball "se ha felicitado" por el traspaso de Cercanías, pero a la vez reclama un protocolo de seguimiento "exhaustivo" del cumplimiento del acuerdo. Anteriormente, la patronal dirigida por Josep Sánchez Llibre cifró en 35.000 millones de euros el déficit inversor del Estado en infraestructuras.
La eterna asignatura pendiente
El documento firmado entre el ministro Félix Bolaños y Oriol Junqueras no es el primer gran anuncio sobre Cercanías. En el 2009, la Generalitat, bajo la presidencia de José Montilla, y el Estado acordaron que, a partir del 1 de enero del 2010, fuera Catalunya quien asumiera la gestión del servicio. En aquella época, el acuerdo contemplaba que la Generalitat se hiciera cargo de la planificación y gestión de las rutas, pero las infraestructuras y el material técnico todavía era propiedad de Adif y Renfe. En paralelo, también se firmó una propuesta por la que, una vez finalizado el contrato programa, la Generalitat tenía derecho a elegir a otro operador que no fuera la compañía ferroviaria española.
Entre la última etapa del gobierno Zapatero y la primera fase del ejecutivo de Mariano Rajoy, Renfe presentó un plan de Cercanías para el período 2008-2015 con una inversión de 4.000 millones de euros. Según datos de la Generalitat, el Estado solamente ha ejecutado casi el 15% de esa aportación. El último gran anuncio fue en diciembre del 2020, durante la pandemia, cuando el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dio a conocer una inversión de 6.300 millones de euros para revertir incidencias en la red y las estaciones, así como la compra de nuevos trenes.
Solo entre enero y abril de este año, a partir de los cálculos de la Cambra de Comerç de Barcelona, las incidencias de Cercanías han hecho perder 228.000 horas a los trabajadores. Para llevar a cabo los cálculos, la organización empresarial toma los datos de las incidencias y no de los atropellos u otros actos vandálicos. A principios de 2023, Renfe aseguraba que la puntualidad del servicio era del 93%, por delante de otras ciudades europeas como Londres, Bruselas o Milán.