Se duplica la tasa turística a partir del 1 de abril. La medida se aplicará de forma gradual en Catalunya, mientras que en Barcelona será de efecto inmediato. Dos cuestiones planean alrededor del nuevo impuesto. La primera, qué discriminación se ha hecho entre unos establecimientos y otros a la hora de pagarlo. Y la segunda, a qué actividades se destinarán los recursos incrementados. Estos dos temas han sobrevolado el debate político de los últimos meses hasta el punto de provocar el retraso en la modificación de la Ley del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), que finalmente ha requerido tramitación y aprobación parlamentaria.
Cualquier incremento del impuesto es bienvenido si se orienta hacia una fiscalidad un poco más equilibrada y comprensible socialmente
Partimos de la base de que los turistas que llegan pagarán de ahora en adelante una tasa superior, pero los residentes continuarán contribuyendo de forma permanente —a través del IBI, las tasas municipales, los impuestos especiales, el IRPF, el IVA, el impuesto de patrimonio y el resto de cotizaciones— a la financiación del territorio del que los turistas disfrutan temporalmente. La tasa turística corrige ligeramente esta asimetría, pero ni de lejos aporta proporcionalidad al coste real de la limpieza de las calles, de los desastres de las catástrofes naturales, del alumbrado, de la seguridad, del transporte público, de los servicios sanitarios, o de la puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales. Dicho esto, cualquier incremento del impuesto es bienvenido si se orienta hacia una fiscalidad un poco más equilibrada y comprensible socialmente.
Los más fiscalizables
En cuanto a la primera cuestión —quién paga y quién no paga—, el impuesto sigue gravando principalmente a las empresas de alojamiento, no al conjunto de la cadena de valor turística que se beneficia de las estancias de los visitantes. En este sentido, afecta directamente a hoteles y hostales, campings y bungalows, albergues y residencias, viviendas de uso turístico y cruceros. Son los actores más fácilmente fiscalizables, pero también los sectores más intensivos en capital, en ocupación estable y en inversión local. Además, el incremento de la tasa acaba repercutiendo en el precio final o en los márgenes empresariales, especialmente en un contexto de costes crecientes y de demanda cada vez más sensible al precio.
En cambio, quedan fuera, como hasta ahora, los aeropuertos, los autobuses turísticos, la restauración, el ocio, las agencias de viajes, las plataformas digitales, los comercios y todos los proveedores de servicios. Son actividades que se benefician claramente del turismo, pero que, exentas del impuesto, no contribuyen de manera directa a un reparto equitativo de las cargas. Aquí se produce un desajuste evidente: unos pagan por todos mientras los otros recogen los frutos sin asumir el coste fiscal. No es tanto un problema de cuantía como de diseño del tribut
Este sesgo tiene consecuencias económicas. Penalizar reiteradamente el alojamiento regulado significa tensionar un sector que actúa como eje vertebrador del sistema turístico, que fija actividad en el territorio, genera ocupación directa e indirecta y contrata proveedores locales. Cuando se encarece la estancia, el turista no suele dejar de volar o de consumir entretenimiento, pero sí que acorta la duración del viaje, reduce pernoctaciones o ajusta el gasto. Esto acaba afectando también a aquellos sectores que no pagan el impuesto, pero que dependen del volumen y de la calidad del turismo.
El reparto
La segunda cuestión relevante es la redistribución de los ingresos que plantea la reforma. Del 75% de la recaudación destinada al Fondo para el Fomento del Turismo, menos de la mitad acabará llegando directamente a los municipios turísticos para cubrir los gastos asociados a la presión turística: sostenibilidad, mantenimiento de infraestructuras, promoción, pero sobre todo mejora de la competitividad, innovación y desestacionalización. La cantidad recibida por los municipios será ligeramente superior a la actual, entre el 15 y el 30% de media, no más. Los ayuntamientos, además, podrán aplicar recargos adicionales, lo que introduce una cierta asimetría territorial en función de las decisiones locales.
La principal novedad de la reforma consiste en destinar el 25% de la recaudación a las políticas de vivienda impulsadas por la Generalitat. Esta decisión finalista es controvertida. Por un lado, parece razonable buscar recursos adicionales para mejorar el acceso a la vivienda, probablemente el principal problema social y económico del momento. Pero, por otro, vincular de manera directa la financiación de la vivienda al turismo transmite la idea de que este es el causante, cuando las raíces de la crisis de vivienda se encuentran en el déficit de oferta, la rigidez de la normativa, la falta de inversión pública sostenida y otros múltiples factores que nada tienen que ver con el turismo.
La principal novedad de la reforma consiste en destinar el 25% de la recaudación a las políticas de vivienda impulsadas por la Generalitat
Utilizar tasas finalistas para compensar externalidades negativas generadas fuera de la actividad económica concreta abre la puerta a la discrecionalidad. Si el turismo debe financiar vivienda, ¿por qué no aplicar criterios similares a las plataformas digitales, a los mercados de los big data, a los operadores logísticos que congestionan las ciudades, a los grandes fabricantes o a los organizadores de macroeventos que tensionan servicios y espacio público? El precedente es relevante y el debate, inevitable.
Las leyes no son perfectas, quizás ni siquiera el mismo día que se promulgan. Pero cuando nacen del consenso, una vez entran en vigor contribuyen a mejorar la convivencia y a orientar las sociedades en el camino que deciden recorrer... hasta que un nuevo consenso las modifique. El acuerdo entre PSC, ERC y Comuns para reformar la tasa turística en Catalunya refleja una voluntad clara de incorporar criterios sociales y territoriales a la fiscalidad turística. Al mismo tiempo, sin embargo, pone de manifiesto la ausencia de un consenso amplio con el sector y con una parte de la oposición.
El reto no es solo recaudar más, sino diseñar mejor. Una fiscalidad turística equilibrada debería repartir las cargas a lo largo de toda la cadena de valor, garantizar que los municipios reciban suficientes recursos para afrontar la presión real del turismo y evitar que el impuesto se convierta en un instrumento simbólico que descarga responsabilidades estructurales sobre un solo sector.