Aigües de Barcelona ha llevado a cabo una actuación para reforzar el punto de tratamiento de agua potable de Sant Joan Despí. En pleno contexto de emergencia por la sequía, la compañía ha llevado a cabo una actuación para dotar al sistema de una mayor resiliencia y robustez con el objetivo de garantizar el aprovechamiento de todo el agua disponible con la máxima calidad. El acto de inauguración de esta obra ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y Ciril Rozman, vicepresidente de Aigües de Barcelona.
Desde principios de 2023 se están impulsando 1.500 litros de agua por segundo desde la Estación Regeneradora de Agua (ERA) del Baix Llobregat aguas arriba del río hasta un punto, situado entre Sant Vicenç dels Horts y Molins de Rei, donde se añade al caudal en condición de agua prepotable. Ocho kilómetros curso abajo, esta agua llega al punto de captación de la planta potabilizadora (ETAP) de Sant Joan Despí, donde el agua vuelve a entrar en el proceso de tratamiento y potabilización para enviarla posteriormente a la red de distribución con total garantía.
El agua de origen superficial del río Llobregat captada actualmente en la planta tiene una composición que hace más complejo su tratamiento, ya que cada vez hay menos caudal de agua en el río y además parte de este caudal proviene del proceso de regeneración de agua residual. En esta situación, el agua superficial requiere un tratamiento más robusto, como la ultrafiltración y la ósmosis inversa, para poder ser potabilizada. Hasta la actualidad, el agua superficial y la subterránea, proveniente del acuífero del Llobregat, se mezclaban en la planta y se derivaban por igual hacia la línea de tratamiento por ultrafiltración y ósmosis inversa y hacia la línea de tratamiento por ozonización y carbón activo. "Es la peor sequía del último siglo y estamos preparados para superarla, con planificación, con anticipación", afirma Aragonès. El proyecto ha supuesto una inversión de 9 millones de euros.
Esta semana, la Generalitat ha decretado la entrada en fase de emergencia en el sistema Ter-Llobregat, del que dependen 202 municipios y cerca de 6 millones de personas. Entre las medidas que entrarán en vigor con la nueva fase, se encuentra la reducción de la dotación de agua por habitante y día a 200 litros, la restricción de un 80% en los usos agrícolas, de un 25% en los usos industriales y un 25% en los recreativos.
Las administraciones locales, a través de sus planes de emergencia, pueden establecer limitaciones o prohibiciones adicionales en el uso del agua en instalaciones deportivas, públicas o privadas y en espacios lúdicos. Las entidades prestamistas del servicio de abastecimiento de agua aplicarán las medidas de sus planes de emergencia, que pueden incluir reducciones de presión e incluso la suspensión temporal en la prestación del servicio de abastecimiento. Asimismo, el Gobierno podrá establecer salvedades puntuales a las limitaciones o prohibiciones por razones de interés público.