La Generalitat ha detectado irregularidades en el 71% de las empresas inspeccionadas por el Black Friday. A través de la Agencia Catalana del Consumo y la Dirección General de Comercio del Departamento de Empresa y Trabajo, la administración ha llevado a cabo actuaciones sobre 55 empresas del sector de la electrónica de consumo y artículos para el hogar, tanto con tienda física como con canal de venta por internet, analizando y realizando el seguimiento de precios de 440 productos que tradicionalmente concentran la mayor parte de los descuentos en esta fecha. La monitorización de precios se inició un mes antes de la cita y se prolongó hasta el mismo día del Black Friday.
En materia de ofertas o promociones, la legislación contempla obligaciones para las empresas y los comercios, tales como: informar tanto del precio original como del precio rebajado o el porcentaje de descuento, teniendo en cuenta que el precio original sobre el que se realiza la rebaja será el más bajo que haya tenido el producto en ese mismo establecimiento en los treinta días anteriores a la promoción; o informar de la duración de las ofertas. Sin embargo, las actuaciones que vulneren la normativa sobre comercio pueden recibir sanciones de hasta 20.000 euros.
Este año, el 72% de los catalanes y catalanas habrán comprado productos de segunda mano por el Black Friday, principalmente por el incremento de precios derivado del contexto inflacionista. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por Adevinta, donde también se destaca que casi la mitad de la población catalana (45%) considera que algunas de las ofertas del Black Friday son una estafa. Tal y como recoge Packlink, la previsión es que en Catalunya se haya generado un gasto de 4.409 millones de euros entre la citada jornada comercial y la campaña de Navidad.