03
de Diciembre
de
2015 - 05:30
Podía David vencer a Goliat? Parece que sí. El 2014, la Generalitat de Cataluña adjudicó 7.333 contratos públicos y en un 68% de los casos estos cayeron en manso de pymes. En total,hubo 2.743 adjudicatarios de la Generalitat y en un 73% de los casos eran pymes las que se llevaron el contrato. Las grandes empresas, el Goliat de nuestra economía, consiguieron el 12% de los contratos públicos. Con este retrato, las cifras se aproximan despacio a la realidad de nuestro país, en la que las pymes representan el 99% del tejido empresarial catalán.
"Es innovador que se utilice la contratación pública para dinamizar el tejido empresarial, es una medida para ayudar nuestro tejido y paliar los efectos de la crisis", declara Teresa Pitarch, quien dirige la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública, un órgano dependiente de Presidencia de la Generalitat que tiene por objetivo impulsar la participación de las pymes en el acceso a los contratos públicos. Creada en 2011 como una decisión estratégica del Gobierno catalán, la Oficina ha cambiado algunos matices, pequeños apuntes, para facilitar que 'David y Goliat' puedan competir en igualdad de condiciones en tiempos en los cuales el sector privado lo ha pasado francamente mal. "No había que crear nuevas empresas durante estos años, pero sí mantener las que tenemos, y esto implica poder obtener contratos públicos que, aunque a veces se tarde a cobrarlos, los permite resistir ante la crisis", reconoce Pitarch.
Desde el sector empresarial se ha visto con muy buenos ojos la iniciativa, tal como explica Joan Vilar, presidente de la Asociación Catalana de Ejecutivos, Directivos y Empresarios (ACEDE) y de la Asociación Española para la Competitividad de las Pymes (AECPYMES). "Creemos que hay un antes y uno después desde la creación de la Oficina. Primero, porque es una oficina que ha dado más transparencia a los procesos de contratación y en segundo lugar, porque por primera vez en Cataluña se ha visto un apoyo a las pequeñas y medianas empresas en materia de contratación pública".
Según Vilar, esta creación responde a una reivindicación proveniente desde el mismo mundo empresarial. "Antes de que el presidente Mas estuviera en el Gobierno, cuando era a la oposición, ya lo intentamos convencer porque creas algún organismo dentro de la Generalitat para hacer algún seguimiento de todos los concursos públicos. Por lo tanto, estamos más que satisfechos", recuerda. También Moisès Bonal, responsable de Estudios y Políticas Sectoriales de Pimec, declara que era una reivindicación desde siempre. "No se había conseguido nunca que se contara qué parte de la contratación pública lograban las pymes y qué parte las grandes empresas, lo habíamos pedido reiteradamente y hasta que no llegó esta oficina no se contaba".
Facilitar la competición
Ejemplo de este apoyo son los pequeños cambios que se han introducido, como la división de los contratos en lotes. "Si sacas a concurso la limpieza de todo el departamento de Presidencia, probablemente se presentarán una empresa grande o una multinacional, pero si divides en lotes los diferentes edificios, la pequeña y mediana empresapuede acceder, tiene más posibilidades. Es una medida simple que no se había impulsado nunca", explica Pitarch. En este sentido, y según explica el responsable de Estudios y Políticas Sectoriales de Pimec, "la directiva europea hace "mucho de énfasis" en que los contratos se puedan dividir en lotes más pequeños, pero la normativa estatal no va en este sentido. "Esto dificulta, porque cuanto mayor es el lote, más exigencia financiera requiere y más empresas quedan excluidas", recuerda.
Otra medida ha sido la publicación de alertas de futuras licitaciones (un aviso a la Plataforma de Servicios de Contratación Pública) porque las empresas estén al quite con la documentación requerida. "Las pymes no tienen un gabinete jurídico especializado a preparar concursos y necesitan su tiempo para preparar una oferta y darlos el tiempo suficiente. Esto no cuesta mucho", añade Pitarch.
Las pymes de Barcelona y Madrid salen ganando
Con los resultados –"se han hecho más notables por los efectos de la economía", apunta- están satisfechos, puesto que el porcentaje del número de adjudicaciones a las pymes se ha incrementado dos puntos porcentuales de 2013 a 2014, es decir, salen ganando en las competiciones públicas. Y es que a pesar de que los procesos de la contratación "siguen siendo cómo siempre", matiza Vilar, el empresario apunta que "antes, el 80% de los concursos públicos los ganaban las grandes empresas, y desde que hay esta oficina en Cataluña los concursos están mucho más equitativos".
Un ejemplo es el de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña quienes recientemente ha sacado a licitación su servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión. Quién ganará, una pyme o una gran empresa, se conocerá el próximo 25 de febrero en un acto en que se abrirá el sobre con el resultado de este contrato por valor estimado de 537.500 euros y de un año de duración.
Empresas de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida se pueden presentar al concurso, pero también madrileñas, valencianas o andaluzas. De hecho, la estadística de 2014 que manega la Generalitat de Cataluña revela que los contratos de importes superiores a los 100 millones de euros los han conseguido pymes que tienen su sede social en Barcelona y Madrid, principalmente, seguidas, esto si, por los otros tres territorios catalanes, por las que se asientan en Zaragoza, Valencia y Sevilla... y así hasta borde una treintena de provincias diferentes.
En total, el importe de las adjudicaciones del año 2014 fue de 1.603 millones de euros, de los cuales el 55,1% recayó en las pymes y el 35,9% en empresas grandes. Bonal reacciona a estas cifras apuntando que, teniendo en cuenta que las pymes son el 99,9% de las empresas, "este indicador todavía puede mejorar. Hay todavía un poco de distancia entre la riqueza generada y la contratación pública obtenida".
Los más valiosos, para las grandes empresas de Madrid
En cuanto a las empresas grandes, los contratos que superan los 100 millones de euros han ido a parar a manso de compañías de Madrid en un 58% de los casos. En cuanto a las grandes empresas de Barcelona, estas han conseguido el 35% de los contratos de más alto importe. Por su parte, las de Girona, como también las grandes firmas de las Islas Baleares, con contratos públicos de hasta 15 millones de euros y las grandes empresas con sede social en Tarragona se han hecho con contratos de hasta 5 millones de euros.
Qué pasa con la morosidad?
Si hablamos de contratos públicos, es inevitable hablar de morosidad. Estos días el sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia denunciaba impagos por parte de las administraciones por valor de 2.000 millones de euros en un acto conjunto celebrado a la sede de Pimec en Barcelona. En respuesta a esta situación, Teresa Pitarch asegura que "lamentablemente es un tema derivado de la crisis pero también de situaciones políticas, como la situación que tiene Cataluña en estos momentos". Una reflexión que comparte Joan Vilar quién considera que la Generalitat está incumpliendo la Ley de Morosidad porque no tiene el dinero que tienen que llegar de Madrid para pagar sus proveedores. "Es una angustia muy grande para todas las empresas que están prestando servicios por la Generalitat de Cataluña", apunta en relación a la tensa polémica entre el ministro Cristóbal Montoro y el presidente catalán Artur Mas en cuanto al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que, parcialmente, se ha cobrado este último viernes.
Pero, la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública está trabajando para impulsar que, en el caso de los subcontratistas, estos puedan cobrar en el momento que cobra el contratista principal, puesto que a veces cobra el primero pero el segundo no, o el segundo no cobra hasta que el otro lo decide. Del mismo modo, Bonal alude a la directiva europea. "Esta sí que prevé que los Estados que lo quieran, puedan hacer que la Administración pública pague directamente a su contratista", pero recuerda que esto en el ordenamiento jurídico público no se contempla", mantiene. Por su parte, Pitarch apunta que "estamos mirando la manera en que se pueda establecer con un plazo. Es una medida que tendremos que impulsar cuanto más antes, mejor", se compromete.
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"Es innovador que se utilice la contratación pública para dinamizar el tejido empresarial, es una medida para ayudar nuestro tejido y paliar los efectos de la crisis", declara Teresa Pitarch, quien dirige la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública, un órgano dependiente de Presidencia de la Generalitat que tiene por objetivo impulsar la participación de las pymes en el acceso a los contratos públicos. Creada en 2011 como una decisión estratégica del Gobierno catalán, la Oficina ha cambiado algunos matices, pequeños apuntes, para facilitar que 'David y Goliat' puedan competir en igualdad de condiciones en tiempos en los cuales el sector privado lo ha pasado francamente mal. "No había que crear nuevas empresas durante estos años, pero sí mantener las que tenemos, y esto implica poder obtener contratos públicos que, aunque a veces se tarde a cobrarlos, los permite resistir ante la crisis", reconoce Pitarch.
Desde el sector empresarial se ha visto con muy buenos ojos la iniciativa, tal como explica Joan Vilar, presidente de la Asociación Catalana de Ejecutivos, Directivos y Empresarios (ACEDE) y de la Asociación Española para la Competitividad de las Pymes (AECPYMES). "Creemos que hay un antes y uno después desde la creación de la Oficina. Primero, porque es una oficina que ha dado más transparencia a los procesos de contratación y en segundo lugar, porque por primera vez en Cataluña se ha visto un apoyo a las pequeñas y medianas empresas en materia de contratación pública".
Según Vilar, esta creación responde a una reivindicación proveniente desde el mismo mundo empresarial. "Antes de que el presidente Mas estuviera en el Gobierno, cuando era a la oposición, ya lo intentamos convencer porque creas algún organismo dentro de la Generalitat para hacer algún seguimiento de todos los concursos públicos. Por lo tanto, estamos más que satisfechos", recuerda. También Moisès Bonal, responsable de Estudios y Políticas Sectoriales de Pimec, declara que era una reivindicación desde siempre. "No se había conseguido nunca que se contara qué parte de la contratación pública lograban las pymes y qué parte las grandes empresas, lo habíamos pedido reiteradamente y hasta que no llegó esta oficina no se contaba".
Facilitar la competición
Ejemplo de este apoyo son los pequeños cambios que se han introducido, como la división de los contratos en lotes. "Si sacas a concurso la limpieza de todo el departamento de Presidencia, probablemente se presentarán una empresa grande o una multinacional, pero si divides en lotes los diferentes edificios, la pequeña y mediana empresapuede acceder, tiene más posibilidades. Es una medida simple que no se había impulsado nunca", explica Pitarch. En este sentido, y según explica el responsable de Estudios y Políticas Sectoriales de Pimec, "la directiva europea hace "mucho de énfasis" en que los contratos se puedan dividir en lotes más pequeños, pero la normativa estatal no va en este sentido. "Esto dificulta, porque cuanto mayor es el lote, más exigencia financiera requiere y más empresas quedan excluidas", recuerda.
Otra medida ha sido la publicación de alertas de futuras licitaciones (un aviso a la Plataforma de Servicios de Contratación Pública) porque las empresas estén al quite con la documentación requerida. "Las pymes no tienen un gabinete jurídico especializado a preparar concursos y necesitan su tiempo para preparar una oferta y darlos el tiempo suficiente. Esto no cuesta mucho", añade Pitarch.
Las pymes de Barcelona y Madrid salen ganando
Con los resultados –"se han hecho más notables por los efectos de la economía", apunta- están satisfechos, puesto que el porcentaje del número de adjudicaciones a las pymes se ha incrementado dos puntos porcentuales de 2013 a 2014, es decir, salen ganando en las competiciones públicas. Y es que a pesar de que los procesos de la contratación "siguen siendo cómo siempre", matiza Vilar, el empresario apunta que "antes, el 80% de los concursos públicos los ganaban las grandes empresas, y desde que hay esta oficina en Cataluña los concursos están mucho más equitativos".
Un ejemplo es el de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña quienes recientemente ha sacado a licitación su servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión. Quién ganará, una pyme o una gran empresa, se conocerá el próximo 25 de febrero en un acto en que se abrirá el sobre con el resultado de este contrato por valor estimado de 537.500 euros y de un año de duración.
Empresas de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida se pueden presentar al concurso, pero también madrileñas, valencianas o andaluzas. De hecho, la estadística de 2014 que manega la Generalitat de Cataluña revela que los contratos de importes superiores a los 100 millones de euros los han conseguido pymes que tienen su sede social en Barcelona y Madrid, principalmente, seguidas, esto si, por los otros tres territorios catalanes, por las que se asientan en Zaragoza, Valencia y Sevilla... y así hasta borde una treintena de provincias diferentes.
En total, el importe de las adjudicaciones del año 2014 fue de 1.603 millones de euros, de los cuales el 55,1% recayó en las pymes y el 35,9% en empresas grandes. Bonal reacciona a estas cifras apuntando que, teniendo en cuenta que las pymes son el 99,9% de las empresas, "este indicador todavía puede mejorar. Hay todavía un poco de distancia entre la riqueza generada y la contratación pública obtenida".
Los más valiosos, para las grandes empresas de Madrid
En cuanto a las empresas grandes, los contratos que superan los 100 millones de euros han ido a parar a manso de compañías de Madrid en un 58% de los casos. En cuanto a las grandes empresas de Barcelona, estas han conseguido el 35% de los contratos de más alto importe. Por su parte, las de Girona, como también las grandes firmas de las Islas Baleares, con contratos públicos de hasta 15 millones de euros y las grandes empresas con sede social en Tarragona se han hecho con contratos de hasta 5 millones de euros.
Qué pasa con la morosidad?
Si hablamos de contratos públicos, es inevitable hablar de morosidad. Estos días el sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia denunciaba impagos por parte de las administraciones por valor de 2.000 millones de euros en un acto conjunto celebrado a la sede de Pimec en Barcelona. En respuesta a esta situación, Teresa Pitarch asegura que "lamentablemente es un tema derivado de la crisis pero también de situaciones políticas, como la situación que tiene Cataluña en estos momentos". Una reflexión que comparte Joan Vilar quién considera que la Generalitat está incumpliendo la Ley de Morosidad porque no tiene el dinero que tienen que llegar de Madrid para pagar sus proveedores. "Es una angustia muy grande para todas las empresas que están prestando servicios por la Generalitat de Cataluña", apunta en relación a la tensa polémica entre el ministro Cristóbal Montoro y el presidente catalán Artur Mas en cuanto al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que, parcialmente, se ha cobrado este último viernes.
Pero, la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública está trabajando para impulsar que, en el caso de los subcontratistas, estos puedan cobrar en el momento que cobra el contratista principal, puesto que a veces cobra el primero pero el segundo no, o el segundo no cobra hasta que el otro lo decide. Del mismo modo, Bonal alude a la directiva europea. "Esta sí que prevé que los Estados que lo quieran, puedan hacer que la Administración pública pague directamente a su contratista", pero recuerda que esto en el ordenamiento jurídico público no se contempla", mantiene. Por su parte, Pitarch apunta que "estamos mirando la manera en que se pueda establecer con un plazo. Es una medida que tendremos que impulsar cuanto más antes, mejor", se compromete.
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