Ha pasado un año desde que vecinos y comerciantes crearon la Plataforma Afectados por el TopManta . 365 días después, las más de 500 organizaciones representadas han vuelto a levantar la voz este miércoles contra un problema enquistado. "Es inconcebible la carencia de voluntad política del Ayuntamiento de Barcelona para resolver el TopManta ", ha asegurado Fermín Villar, presidente de la Plataforma y de Amigos de la Rambla. A su lado, una quincena de representantes del resto de firmantes asentían con la cabeza. "Igual que el Ayuntamiento habla con claridad de actividad turística ilegal, queremos que haga el mismo con la venta ilegal a la vía pública", ha comparado Villar.
Un problema que se extiende
A pesar de reconocer que las actuaciones han aumentado hasta intervenir más de un millón de productos en 2016, con 19 entradas a almacenes clandestinos o 16 detenidos; vecinos y comerciantes aseguran que el problema no sólo no se soluciona, sino que se está extendiendo. Villar asegura que se está produciendo "un efecto contagio" por la poca combatividad contra la venta ambulante ilegal. "Hay mucho más producto, más lugares donde se vende y nuevos colectivos que operan. La política actual ha sido insuficiente y ha provocado que se esparza el problema", ha resumido.
Si hace un año el Paseo Joan de Borbón era un punto caliente de actividad del Top Manta durante todo el día, ahora al menos durante unas horas cada día se ha podido controlar con la presencia constante de una furgoneta de los Mossos d'Esquadra de acuerdo con la Autoridad Portuaria. "Pero la actividad se traslada a la otra banda del paseo, que depende de la Guardia Urbana", matiza Villar. De hecho, cuando marchan los Mozos la banda del puerto del Paseo vuelve a llenarse de manters. "Si quieren pueden sacar el polvo al producto porque saben que no los moverán", denuncia.
Un grupo de manters al Paseo Joan de Borbón de Barcelona este miércoles | PGF
La Plataforma de Afectados por el Top Manta asegura que la actividad de venta ambulante ilegal se ha extendido de forma notoria a espacios como el Parque Güell, la playa de la Barceloneta o el Parque de la Ciutadella. Una actividad que se ha extendido a "más colectivos además de los subsaharianos". Además de los productos tradicionales, la actividad ilegal se multiplica con la venta de comer o bebidas en las playas "preparadas en pisos sin ningún control sanitario o con hielo escondido a las papeleras".
Un perjuicio evidente
Los argumentos de denuncia sobre el Top Manta son conocidos, especialmente los agravios hacia los comerciantes. La venta de estos productos amenaza la viabilidad de los comercios legales, provocando "evasión fiscal, falta de contribución a la Seguridad Social o pérdida de ocupación". Para no hablar del daño que provocan las copias en la propiedad intelectual e industrial.
Desde la Plataforma de Afectados por el TopManta , pero, insisten que tolerarlo también es un agravio "a cualquier entidad que quiere hacer una actividad a la vía pública". Si cualquier asociación requiere unos permisos para ocupar alguna calle, "por qué está permitido ocuparlo así por el TopManta ?", se pregunta retóricamente Fermín Villar.
Soluciones, a la administración
Las entidades firmantes del manifiesto apuntan hacia todos los niveles de la administración y encuentran "poca cosa" la última campaña puesta en marcha por la Generalitat. Según Villar, las reuniones llevadas a cabo hasta ahora, organizadas por el Síndico de Agravios y que él mismo ha suspendido por ineficaces, "sólo han servido para decidir la tirita que tiene que tapar la hemorragia que nos cortará la cama".
Sea como fuere, vecinos y comerciantes señalan con más insistencia la actuación del gobierno municipal. "Ada Coláis ha escondido la cabeza bajo el ala con este tema", ha lamentado Villar. "Ha destinado 800.000 euros por 54 plazas de reinserción de manters", ha recordado. Unos 15.000 euros por persona, cifra "ridícula" pero que a su entender demuestra que "cuando interesa hay dinero, falta voluntad política".
Sea como fuere, insisten que "no es nuestro trabajo proponer soluciones, el que tenemos que hacer es exigir a las administraciones el cumplimiento de las leyes existentes igual que ellos hacen con nosotros". Al fin y al cabo, concluye Villar, "una mesa de más en una terraza o cerrar una hora más tarde tiene sanción asegurada". De las casi 80.000 denuncias por venta no autorizadas hechas el 2016, el Instituto Municipal de Hacienda sólo ha podido cobrar una media del 0,1%.