España pacta con la Comisión Europea en la negociación por la adenda de los fondos europeos que las entidades que dependen de los ministerios puedan ejecutar recursos y, de este modo, esquivar el límite que obliga a concluir los proyectos en 2026. De este modo, en los próximos tres años será suficiente con decidir la estrategia de inversión y podrá quedar pendiente la operativa. Es decir, que "lo que quede para hacer sea ejecutar y no decidir", apuntan fuentes del Ministerio de Industria a la ACN. Este cambio de estrategia afectará especialmente a Enisa, una entidad que depende del ministerio de Industria y que pasará de gestionar 139 millones a más de 3.233 millones.
El el pasado lunes la Comisión Europea confirmó la aprobación de la adenda al Plan de Recuperación remitido por España, de la cual depende el desembolso de fondos europeos. Después de esta aprobación, ahora el ejecutivo estatal se prepara para pedir la cuarta remesa. La aprobación de esta extensión no solo amplía en 94.000 millones los fondos sino que facilita su gestión.
Enisa pasará de gestionar 139 millones a más de 3.233 millones
En concreto, se podrá alargar la ejecución de estos fondos, la gran mayoría de los cuales son préstamos, sin que la gestión sea directamente por parte de los ministerios sino de empresas públicas vinculadas como la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), el Instituto por la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) o Red.es. Las mismas fuentes aseguran que los proyectos, como por ejemplo la creación de una planta de baterías, son "de mucha envergadura y necesitan más que tres años escasos de gestión".
En el caso de Enisa, que hasta ahora estaba dedicada exclusivamente al impulso de pymes y startups, esta decisión les obliga a modificar su estatus jurídico de sociedad mercantil a pública empresa y a redimensionarse. Esta organización gestionará los fondos de tres proyectos estratégicos para la transformación y la resiliencia (perte): el del vehículo eléctrico y conectado, con 1.250 millones de euros, de los cuales 1.000 son préstamos; el de descarbonización, con 1.480 millones, de los cuales 1.050 son créditos y del agroalimentario con 200 millones que se dividirán en tres tramos.