El gobierno español ha archivado este viernes el expediente que tenía abierto contra Holaluz desde el pasado mes de julio. Según ha informado el diario Ara y ha podido confirmar VIA Empresa, la compañía encabezada por Carlota Pi ha salvado finalmente la amenaza de inhabilitación derivada de una causa relacionada con diversas facturas que sumaban 4,4 millones de euros.
Durante el tiempo que ha durado la investigación, la compañía catalana ha explicado ante el ministerio español para la Transición Ecológica que los pagos pendientes estaban integrados en un plan y formaban parte de su sistema de gestión de tesorería. Holaluz admitió, sin embargo, que los plazos previstos en este plan no coincidían con las fechas en que las facturas se volvían exigibles. Desde entonces, el caso ha estado en punto muerto, e incluso la cotización de la empresa en el BME Growth se ha visto suspendida desde el pasado 20 de julio.
Ahora, la firma sostiene que esta situación ya está resuelta y que se encuentra "al corriente de pago" de todas sus obligaciones con las empresas distribuidoras, incluyendo las facturas que habían originado la discrepancia.
El archivo del procedimiento implica que la compañía catalana evitará la medida más grave que podía derivarse del expediente: perder su habilitación para comercializar electricidad y que sus clientes tuvieran que ser asignados a comercializadoras de referencia en el mercado eléctrico.
Pi, CEO de la compañía, tildó en una entrevista a VIA Empresa que la situación se trataba de un "procedimiento administrativo" y lamentó que en el sector había "otros actores que lo que hacen es esforzarse por tenernos atados a 'Matrix', al viejo modelo".
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