Pimec ha denunciado que, durante el 2022, los ataques informáticos a las empresas catalanas aumentaron un 30% y un 150% a la hora de hablar del sector público. Según los cálculos de la patronal, cada incidencia por las empresas entre 10 y 50 personas representa un gasto de 23.374 euros. Por ello, desde Pimec se han iniciado los trabajos para presentar una serie de propuestas a las administraciones con el objetivo de promover medidas para reforzar la protección de los datos y los procesos de las pymes.
La documentación presentada recoge que el correo electrónico se consolida como el principal vector de distribución de malware y se utiliza en el inicio del 84% de los ciberataques, mientras que en la dark web circulan 24.600 millones de credenciales completas (usuarios y contraseñas). Asimismo, ha puesto de manifiesto que las campañas de phishing crecieron un 38% en 2022; los fraudes por correo representaron un 20% del total de ciberataques; y que casi la mitad de los sistemas infectados en Catalunya se han contagiado con programas maliciosos. Catalunya cuenta con 495 empresas dedicadas a la ciberseguridad que facturan un total de 1.071 millones de euros, un 17,3% más que el año anterior. Según un estudio de ACCIÓ y la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, el sector emplea a más de 9.400 personas, con un crecimiento del 15%.
El informe subraya también que Catalunya es la tercera región europea en captación de inversión extranjera en este negocio, solamente por detrás de Irlanda y Bruselas. Tal y como apunta el Govern, los conflictos geopolíticos internacionales, las crisis económicas o el surgimiento de industrias cada vez más conectadas han favorecido el auge de esta actividad en los últimos tiempos. Recientemente, la Unión Europea ha destinado 1.100 millones de euros en iniciativas para reforzar la ciberseguridad y responder de forma más eficaz a los incidentes en la red. La propuesta, presentada por la Comisión Europea, quiere garantizar la seguridad de los ciudadanos a la hora de utilizar servicios digitales y proteger entidades críticas como hospitales o centros públicos.