Pimec cree que el nuevo Real Decreto Ley 39/2026 en materia laboral “introduce nuevas obligaciones que incrementan las cargas, los costes y las dificultades organizativas de las pymes”. La entidad pide que la implementación de la normativa, que busca cumplir las directivas europeas en materia de condiciones laborales, se haga “con criterios de proporcionalidad teniendo en cuenta la dimensión de las empresas”.
La patronal ve con especial preocupación que “algunas de las medidas aprobadas vayan más allá de las exigencias mínimas europeas”, y cree que pueden provocar "más burocracia, costes e inseguridad jurídica". Pimec también lamenta que la normativa se haya hecho “sin diálogo social” y reclama su retirada.
Entre las modificaciones que prevé el nuevo real decreto ley destacan la compensación de las horas complementarias y nuevas limitaciones en materia de periodos de prueba
Entre las modificaciones que prevé el nuevo real decreto ley destacan la compensación de las horas complementarias, nuevas limitaciones en materia de periodos de prueba y la ampliación de las obligaciones informativas a los trabajadores. En cuanto a cuestiones en materia de transparencia, la normativa exige determinar la información salarial en las ofertas de trabajo, la ampliación de información sobre posibles retribuciones y nuevos mecanismos para poder hacer un correcto seguimiento salarial.
Pimec denuncia que la aplicación de los puntos de la normativa requiere “adaptar procedimientos internos de las empresas”, una decisión que puede tener un impacto, aseguran, “especialmente significativo para las empresas que no disponen de departamentos en recursos humanos” como pueden ser las pymes.
En este sentido, Pimec recuerda que las directivas europeas prevén una evaluación específica del impacto de las nuevas normativas laborales en empresas de menos de 250 trabajadores, y pide al Govern que haga pública esta evaluación y que “garantice medidas efectivas de acompañamiento para facilitar el cumplimiento de las nuevas exigencias”.
La organización mantiene “el compromiso con el principio de igual retribución” y defiende la creación de “mecanismos efectivos para detectar discriminaciones”. Sin embargo, la entidad cree que la normativa “debería diferenciar las situaciones de discriminación justificadas por factores objetivos como las funciones, las responsabilidades o la composición de las plantillas”.
Entre las medidas que propone la organización hay una revisión del tratamiento de las diferencias retributivas globales de cerca del 5% y garantizar que las nuevas obligaciones de información periódica, que ahora se empezarán a practicar en empresas de entre 50 y 99 trabajadores, se apliquen “de forma proporcionada”.
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