El RACC reclama mejorar el transporte público antes de restringir el privado

La entidad propone diez medidas para descongestionar Barcelona y facilitar la vida a sus ciudadanos

Josep Mateu, presidente del RACC, en la presentación de las 10 propuestas para mejorar la movilidad de Barcelona | ACN Josep Mateu, presidente del RACC, en la presentación de las 10 propuestas para mejorar la movilidad de Barcelona | ACN

En los últimos cuatro años, en parte debido a la pandemia, Barcelona no ha impulsado "suficientemente" el transporte público ni ha ganado usuarios, a pesar de ser uno de los grandes objetivos para descongestionar las calles, según subraya un estudio de movilidad del RACC que su presidente, Josep Mateu, ha presentado este miércoles. Este estudio considera "imprescindible" que las restricciones de los vehículos privados se hagan "simultáneamente" a la entrada en servicio de las mejoras del transporte público. Mateu está convencido que habrán menos vehículos privados en el centro de Barcelona "si realmente se ofrece más y mejor transporte público" para acceder en la ciudad desde su área metropolitana.

En una tribuna en el Auditorio de la Pedrera, titulada "La Gran Barcelona, impulsamos una visión de movilidad al servicio de las personas", Mateu ha desgranado diez propuestas para facilitar el transporte y la convivencia. Ha insistido en que las restricciones a vehículos privados en el centro de la ciudad se tienen que llevar a cabo cuando las mejoras previstas en transporte público entren en servicio. Y ha recordado que, en los últimos cuatro años, no se ha impulsado como hacía falta el transporte público ni ha ganado usuarios.

Josep Mateu, presidente del RACC: "habrán menos vehículos en el centro de Barcelona si se ofrece más y mejor transporte público"

Si bien se ha incrementado el espacio para peatones, bicicletas (en 70 kilómetros) y patinetes, este aumento no ha significado ningún cambio de modelo profundo hacia una movilidad más sostenible. En este sentido, el transporte público ha caído un 10% mientras que el vehículo privado solo lo ha hecho en un 4%, según los datos aportados por el RACC. Esta entidad se ha fijado como objetivo para la "gran Barcelona" que el 30% de los desplazamientos en días laborables se hagan en transporte público en el horizonte de 2030. Para conseguirlo, han presentado estas diez propuestas:

  1. Priorizar las inversiones en transporte público metropolitano. Y, en este campo, especialmente los servicios ferroviarios. A pesar de que el Plan de Carcanías prevé 6.300 millones de euros de inversión y más de un centenar de trenes nuevos, consideran que las mejoras estructurales solo se empezarían a notar a partir de 2025.
  2. Impulsar una estrategia metropolitana para desarrollar una potente red de aparcamientos en las estaciones de tren. Falta oferta tanto en Carcanías como en FGC para captar nuevos usuarios.
  3. Replantear el proyecto de la 'Superilla' del Ensanche y coordinar la ejecución de las obras previstas en el espacio público. Hasta 2030 se han previsto más de 20 actuaciones que aumentarán la congestión y dificultarán los desplazamientos diarios en una área donde residen más de cinco millones de personas. Sobre la 'Superilla', Mateu ha apuntado que puede ser una "buena solución para los que viven allí pero no para su periferia" porque en las calles de alrededor se incrementa el volumen de tráfico.
  4. Apostar por la convivencia entre modos y acompañar la movilidad en bicicleta y patinete. Un 65% de los ciclistas se sienten vulnerables y un 33% de ellos admite que no conoce la normativa de circulación. El RACC advierte que hay que garantizar la "coherencia" entre las diversas ordenanzas municipales de circulación del área metropolitana.
  5. Medidas para evitar la siniestralidad y desarrollar el plan de la moto. Estos vehículos representan el 6,9% de los desplazamientos individuales diarios, el doble de los que los hacen en bicicleta o patinete. De las 23 víctimas mortales en accidentes de tráfico de 2022, 16 eran motoristas.
  6. Impulsar la movilidad eléctrica. Se apuesta por incentivos a la compra y para ampliar la red de puntos de recarga. La renovación del parque debería ser una prioridad en términos de descarbonización pero se encuentra frenada por los precios de los vehículos nuevos y por la desconfianza de los usuarios sobre la disponibilidad de puntos de carga.
  7. Fomentar la movilidad compartida y conectada: el modelo de sharing. Formulan propuestas concretas: desplegar un modelo consensuado de coches compartidos, una mejor distribución entre los operadores de motos o convertir el bicisharing en metropolitano. Y avanzar hacia la integración física y tarifaria de todas las soluciones de movilidad compartida con el transporte público.
  8. Resolver el modelo de taxis y VTC. Proponen una regulación que no expulse las VTC del mercado y, a mismo tiempo, facilite la evolución del taxi en clave de digitalización del servicio y eficiencia de los recorridos. Mateu reclamó "determinación política para solucionarlo".
  9. Mejorar el reparto de mercancías y última milla. La reducción del 30% de las plazas para carga y descarga provoca que los transportistas aparquen en doble hilera en la mitad de los servicios. Defienden la preservación de los chaflanes y el aprovechamiento de los aparcamientos urbanos como "contenedores de servicios de la nueva movilidad".
  10. Planificar las infraestructuras del futuro. En este punto, ponen sobre la mesa la necesidad "de acelerar las obras necesarias para tener un aeropuerto intercontinental", el corredor mediterráneo, los accesos al puerto, acabar la estación de la Segrera o la reforma de la de Sants.

En un diálogo con el periodista Xavi Coral, Mateu dejó claro que "somos conscientes que los coches irán desapareciendo del interior de las ciudades", pero se mostró en desacuerdo con "las restricciones obligadas" que solo contribuyen al bloqueo circulatorio. En este sentido, indicó que no se puede pensar solo en los residentes en la ciudad sino también con todos los que entran y salen de ella cada día, ya sean trabajadores o turistas. Y ha recordado que el establecimiento de la zona de bajas emisiones castiga "a los más débiles", a los ciudadanos que tienen vehículos más antiguos precisamente porque no pueden cambiarlos.

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