El sector de la dependencia tendrá que aumentar los salarios un 6,5%

La UGT Servicios Públicos gana una sentencia sobre la aplicación del convenio colectivo que comporta una mejora de las condiciones de los trabajadores

Los trabajadores de residencias, centros de día o empresas de teleassistència a personas dependientes verán mejorados sus salarios | ACN Los trabajadores de residencias, centros de día o empresas de teleassistència a personas dependientes verán mejorados sus salarios | ACN

El sector de los cuidados a las personas con dependencia tendrá que pagar un 6,5% más a sus trabajadores. La Audiencia Nacional ha dictaminado a favor de sus representantes sindicales en una demanda interpuesta por la UGT Servicios Públicos que reclamaba la aplicación correcta de una cláusula de revisión salarial incluida al convenio colectivo, en un proceso que, subrayan desde el sindicato, ha venido después de "intentar todas las vías de conciliación posibles" con las emprendidas empleadoras.

En concreto, la sentencia de la Audiencia Nacional afecta la aplicación del artículo 8 del VII convenio colectivo de la dependencia, que recoge una cláusula de revisión salarial automática; así como al incremento de los conceptos retributivos de los trabajadores según el crecimiento del IPC real durante el 2021. Así, el juez ha dictado una subida de sueldos de un 6,5%, de acuerdo con la inflación del ejercicio pasado.

La denuncia llega después de la negativa de las patronales del sector a aplicar el incremento salarial que correspondía según los términos del convenio estatal, que se encuentra en situación de ultraactividad indefinida. La actitud de los empresarios en este sentido, según lamenta UGT, "implica además del incumplimiento del convenio una desconsideración hacia el trabajo de las plantillas". El acuerdo de 2019 afecta unos 300.000 trabajadores de centros diversos, desde residencias y centros de día a empresas de ayuda a domicilio o teleassistència.

Además de la revisión salarial, la sentencia impone a todas las patronales demandadas una sanción de 1.000 euros por "conducta procesal temeraria". La secretaria de dependencia de UGT Servicios Públicos, Ana Francés, critica que las empresas habían "dejado en el olvido" de las prometidas de mejoras laborales que se hicieron después de los complicados meses que los trabajadores del sector vivieron durante la pandemia.

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