En los últimos tres años, la transposición de la Directiva Europea de Servicios de Medios Audiovisuales (AVMSD) a la legislación española ha generado interesantes debates en los que han participado actores públicos y privados. El proyecto de ley revisado sobre los servicios de medios audiovisuales se aplica a los organismos de radiodifusión y a las plataformas de vídeo a la carta y de intercambio de vídeos, y las nuevasnormas pretenden garantizar una mayor protección de los menores frente a los contenidos nocivos, redefiniendo los límites de las comunicacionescomerciales, y la promoción de obras europeas en los catálogos de las plataformas de vídeo a la carta. La nueva ley también incluye disposiciones relativas a la accesibilidad de las personas con discapacidad, las iniciativas y prácticas de autorregulación, el refuerzo de la independencia de las autoridades reguladoras, la consolidación de la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales y la formalización del papel desempeñado por el Grupo de Reguladores Europeos de Servicios de Medios Audiovisuales.
Las autoridades españolas comenzaron formalmente el proceso de transposición de las nuevas disposiciones de la AVMSD inmediatamente después de su entrada en vigor en diciembre de 2018. La incorporación de estos cambios al ordenamiento jurídico español supone la derogación de la Ley 7/2010, del 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Hasta la fecha límite de transposición, el 19 de septiembre de 2020, las autoridades españolas habían iniciado diversos procedimientos formales para la transposición al ordenamiento jurídico de las nuevas disposiciones de la AVMSD. Entre ellos se encuentran las consultas y audiencias públicas iniciadas por el Gobierno o el Ministerio o autoridad reguladora competente antes de la elaboración del Proyecto de Ley.
En este sentido, este artículo pretende explicar las iniciativas llevadas a cabo por las autoridades públicas españolas y los actores privados relevantes antes de la preparación del Proyecto de Ley. A día de hoy, el Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales Español, que introduce importantes cambios en la legislación nacional, sigue pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
Las autoridades nacionales españolas y su papel durante la transposición de la AVMSD
La transposición de la AVMSD a la legislación nacional española está coordinada por la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa (MINECO). Debemos tener en cuenta que España tiene una estructura administrativa descentralizada, pues el artículo 149.1.27 de la Constitución establece la distribución de poderes y competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Al Estado le corresponde dictar las normas básicas, mientras que las Comunidades Autónomas asumen las competencias de habilitación de estas. En el ámbito autonómico, la supervisión del sector de los medios de comunicación es competencia de los 17 parlamentos regionales.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital representa la autoridad audiovisual estatal competente en materia de política audiovisual, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la autoridad reguladora de ámbito estatal encargada de supervisar y controlar las obligaciones previstas en el Proyecto de Ley. Estos organismos son también responsables de la supervisión de los servicios de VSP, que serán regulados por la eventual legislación. Existen dos consejos regionales de medios audiovisuales: en Cataluña (Consejo Audiovisual de Cataluña, CAC), regulado por la Ley 2/2000, y en Andalucía (Consejo Audiovisual de Andalucía, CAA), regulado por la Ley 1/2004.
A efectos de la ilustración, las iniciativas llevadas a cabo con anterioridad a la elaboración del Proyecto de Ley incluyen consultas y audiencias públicas dirigidas por el Ministerio de Economía y Empresa español, que supervisa la SEAD, responsable de la transposición de la AVMSD, la CNMC, encargada de supervisar y controlar las obligaciones previstas en el Proyecto de Ley, y el Gobierno de Cataluña. Además, en marzo de 2020, el Gobierno catalán anunció su intención de modificar el Código de Consumo para mejorar la protección de los niños y jóvenes expuestos al juego online y a la publicidad subliminal. El CAC y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial han firmado una adenda al convenio de 2011 por el que ambas entidades intercambian información para garantizar los derechos de los usuarios y del público objetivo en el ámbito de la publicidad.
Representación de las partes interesadas durante la transposición
Durante el proceso de transposición se organizaron debates y actos públicos en los que diversas partes interesadas debatieron cuestiones relacionadas con la regulación de la publicidad del juego en línea y de los juegos de azar, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores, a los desafíos normativos generales y a las implicaciones para el sector de la publicidad. Se han observado intervenciones públicas tales como opiniones legales, publicaciones, expresión de opiniones y peticiones formales, principalmente en relación con la regulación de las plataformas digitales, el impuesto de RTVE, la reforma de la Ley Audiovisual y la necesidad de una autoridad nacional reguladora de los medios de comunicación independiente en España, dadas las disposiciones de independencia reguladora estipuladas en la Directiva.
Entre las partes interesadas que han participado públicamente en el proceso se encuentran el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, la Federación de Sindicatos de Periodistas, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía/Radio y Televisión, la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), la Conferencia iCmedia sobre Alfabetización Mediática en España, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Medios de Comunicación y la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
Las principales aportaciones de estas partes interesadas estuvieron relacionadas con la cobertura de los medios audiovisuales de los grupos sociales con discapacidad, las medidas de accesibilidad a los contenidos de los medios audiovisuales, la aplicación de la representación de los grupos sociales en la gobernanza del sector de los medios audiovisuales, la petición de modificar la actual Ley del Cine para garantizar la accesibilidad audiovisual de las personas con discapacidad, las peticiones de independencia de los reguladores de los medios de comunicación y las peticiones a las instituciones y a los grupos de la sociedad civil para que den prioridad a los programas de alfabetización mediática. Además, se publicaron varios informes sobre los marcos de autorregulación existentes en relación con la protección de los menores y la protección de las personas con discapacidad contra los delitos de odio y la incitación al odio.
Asimismo, los actores institucionales hicieron reiterados llamamientos públicos para que se garantizase un marco normativo más equilibrado, pues se considera que la incorporación en el proyecto de ley de los servicios de PSV, las obligaciones de accesibilidad y la promoción de nuevos programas de alfabetización mediática tendrán importantes efectos positivos sobre la población en general una vez que la legislación entre en vigor.
En resumen, la plétora de instituciones -tanto públicas como privadas- activas durante el proceso de transposición arroja luz sobre el competitivo entorno audiovisual español y el importante papel de los responsables políticos a la hora de aplicar la legislación europea sobre medios de comunicación.