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Tous cree que hay intereses económicos en la denuncia por estafa

La compañía interpone un recurso contra el auto para exigir que se imponga fianza a la acusación popular y denunciar que está movida por intereses "espúreos"

Tous tiene presencia a los cinco continentes con unas 500 tiendas
Tous tiene presencia a los cinco continentes con unas 500 tiendas
Europa Press
Barcelona
22 de Enero de 2020

La representación jurídica de la compañía Tous ha presentado un recurso contra el auto por el que el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional asumió la competencia para investigar una presunta estafa en la venta de sus joyas y ha acordado las primeras diligencias, para exigir que se imponga fianza a la acusación popular y denunciar que está movida por intereses "espúreos", según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

 

El recurso se refiere en concreto al hecho de que la asociación de consumidores y joyeros Consujoya, que promovió la primera denuncia por este asunto, ha sido admitida como acusación popular en la causa sin que se le exija consignar fianza alguna, trámite habitual en este tipo de procedimientos pero no imprescindible, pues es el juez quien decide si impone caución y cuál es su cuantía. En este caso, no fijó tal requisito.

 

A lo largo de varias páginas, la representación jurídica de Tous carga además contra esta asociación, a quien acusa de moverse por intereses espúreos y meramente economicistas contra la compañía en una conducta que, asegura, han mantenido a lo largo del tiempo. Detalla, entre otros asuntos, que han promovido cerca de media docena de causas contra la empresa catalana en juzgados de instrucción, en su opinión, sin razón de ser.

En cuanto al contenido en sí de los hechos denunciados, el director general de Tous, José María Bosch, ha negado ante el juez irregularidad alguna durante su declaración en representación de la firma, investigada como persona jurídica.

Conforme ha argumentado, las piezas objeto de investigación han sido fabricadas con una técnica denominada "electroforming" y relativamente reciente que por tanto, no está recogida en la Ley de Metales a la que se acogen los denunciantes y que es del año 1995.