El proceso para reducir la burocracia con la que deben convivir las empresas en su día a día ha comenzado a dar los primeros pasos para simplificar la adquisición de permisos en aquellas actividades de mayor impacto urbanístico y medioambiental. El llamado plan de Finestreta Única Empresarial (FUE), puesto en marcha hace casi década y media, quiere centrarse ahora en agilizar la obtención de licencias de obras y autorizaciones relacionadas con cuestiones de seguridad, de salud o ecológicas que aún tardan demasiado tiempo en concederse por parte de la administración. Este tipo de demandas representan únicamente un 20% de las actuaciones de las empresas, pero son, a la vez, las de mayor complejidad en su tramitación y las que más quebraderos de cabeza acaban generando a sus promotores.
El primer objetivo que se plantea el Departamento de Empresa es establecer un criterio ordinario y efectivo para determinar cuántos y qué informes se deben solicitar para llevar a cabo cada una de las actividades. La intención es reducirlos en la medida de lo posible y, por ello, se está trabajando con la metodología BIM (Building Information Modeling), un modelo que permite realizar comprobaciones automáticas y gestionar autorizaciones más rápidamente a partir de la recopilación de datos estandarizados e interoperables, tanto para el empresario como para los órganos públicos. De este modo, por ejemplo, el proyecto que el ingeniero de turno presenta actualmente a través de un PDF de elaboración propia pasará a convertirse en un archivo predefinido, a su alcance, que facilitará el llenado, el cruce de datos y la validación posterior.
1.700 millones de ahorro estimado
Una herramienta para conseguir todo esto es el Directorio de Empresas, Establecimientos y Registros (DEER), del cual se pretende generalizar el uso para evitar duplicidades y favorecer una tramitación unificada. Actuaciones que requieren un Proyecto de Actuación Específica (PAE), como puede ser la instalación de placas fotovoltaicas en una zona rústica con suelo catalogado de uso agrario, verían acelerado el visto bueno y su puesta en marcha.
Este salto adelante en la desburocratización podría favorecer a más de 105.000 empresas, reducir un 30% el tiempo de espera de los trámites y generar un beneficio de 1.718 millones de euros
“La ventanilla única está dando buenos resultados hasta ahora, pero somos conscientes de que debemos avanzar en estos procesos más complejos donde aún hay mucho margen para la optimización”, reconoce la gerente de la Oficina de Gestión Empresarial, Cristina Pruñonosa, para quien este plan de desburocratización debe hacer las cosas “más asequibles para los empresarios y emprendedores, pero también para los funcionarios”. La previsión del Departamento es que esta nueva fase del programa, que culminará en 2028, favorezca a más de 105.000 empresas y suponga un beneficio total de 1.718,8 millones de euros: 551 millones gracias a la reducción de la carga administrativa y 1.167 de ahorro en el tiempo de espera, que disminuirá en un 30% según las estimaciones realizadas.
La excesiva reglamentación sigue lastrando a las pymes
Desde el sector se valora con cierta esperanza este salto adelante de la implantación de la ventanilla única, pero el balance general del entramado burocrático al que se ve sometido no acaba de ser positivo. “Ahora mismo estamos peor que hace diez años. La VUE ha hecho un buen trabajo clarificando y homogeneizando una serie de trámites, sobre todo los más sencillos. El problema es que, paralelamente, ha habido una multiplicación exponencial de normativas a todos los niveles y esto provoca que el empresario no note un alivio, sino más bien al contrario” explica el director del Área de Economía y Empresa de Pimec, Carles Mas, para quien las “muchas virtudes” del plan de ventanilla única solo están consiguiendo, de momento, “minimizar ciertos problemas” sin poder atacar la raíz del asunto.
La VUE ha permitido simplificar la burocracia hasta el límite que la ley le permite, pero la misma administración es víctima —igual que lo somos nosotros— del exceso de reglamentaciones y de su poca claridad. “Las directivas europeas que se transponen en leyes estatales y, a la vez, se adaptan a la normativa catalana, acaban dando pie a duplicidades, diferentes interpretaciones y dudas, incluso entre los funcionarios. Hay normativa que está mal hecha y acaba siendo contradictoria”, detalla Mas. Para seguir mejorando, al menos, en lo que se pueda, la PIMEC es partidaria de que las “buenas prácticas” de la VUE se aceleren y se extiendan lo antes posible a todas las capas de la administración.
Los ayuntamientos, piezas clave del engranaje de la VUE
Hasta ahora, la práctica totalidad de los ayuntamientos (945, incluido el de Barcelona) se han adherido a la VUE como plataforma integral, con 640.000 expedientes gestionados anualmente y el 99% digitalizados. “El reto era la puesta en común de datos de los sistemas que usaban los diferentes consistorios con la ventanilla única, que ‘hablaran’ entre ellos. Ahora es necesario que todos los agentes económicos, las asociaciones empresariales y los colegios profesionales conozcan los procedimientos que estamos implantando”, explica Pruñonosa, que recalca la “seguridad jurídica” que proporciona haber desplegado un régimen de intervención municipal estándar para diferentes sectores.
Esto ha posibilitado que todas las actividades ordinarias sin un impacto especial (ocho de cada diez) puedan resolverse hoy en día con una simple comunicación o con una declaración responsable, sin tener que esperar ninguna respuesta oficial ni quedar a expensas de las ordenanzas y los tempos de cada ente local. Los alojamientos turísticos, los talleres de reparación de vehículos y los servicios de ambulancias son algunos ejemplos donde el modelo de ventanilla única ya se ha implantado plenamente.
Hasta ahora, el plan ha conseguido que 8 de cada 10 actividades ordinarias sin un impacto especial puedan resolverse con una simple comunicación o una declaración responsable, sin tener que esperar ninguna respuesta oficial
La aprobación de la ley de Facilitación de la Actividad Económica en 2020 ha sido el detonante de estas y otras medidas como la obligatoriedad de la tramitación por vía electrónica (con un ahorro de los costes asociados a la presencialidad por parte de la empresa y de la Administración calculados hasta ahora en 27 millones de euros) o la regulación de las figuras de la ‘persona autorizada’ y el 'intermediario’, que puede visualizar datos y notificaciones, rellenar solicitudes y comunicaciones, presentar certificados, proyectos técnicos u otros documentos, pero no tiene capacidad legal de firmar documentos. En los cuatro años y pico desde la entrada en vigor de la ley, el número de trámites disponibles en el catálogo de la VUE ha crecido hasta los 749.