La CE investiga posibles casos de publicidad engañosa de influencers

Brussel·les ha creado una plataforma para informar de los aspectos legales de la creación de contenidos

Imagen de archivo de un rodaje | iStock Imagen de archivo de un rodaje | iStock

La Comisión Europea ha iniciado una investigación para detectar posibles casos de publicidad engañosa de influencers. Durante las próximas semanas, el ejecutivo comunitario, con la colaboración de las autoridades de los Estados miembros, empezará a analizar las publicaciones de los creadores de contenido con el objetivo de captar testimonios y afirmaciones que puedan llevar al consumidor al engaño. Desde Bruselas se justifica esta investigación porque los influencers tienen una actividad comercial regular, lo que, según la Comisión, les obliga a seguir las normas europeas de protección de los consumidores.

Por otra parte, Europa también ha anunciado el impulso de un centro legal de influencers, una plataforma en la que los creadores de contenido podrán encontrar información sobre las normas europeas de prácticas comerciales. La Comisión Europea justifica la investigación en las publicaciones de los influencers por tratarse de un "pilar de la economía digital" que, según el ejecutivo comunitario, generará 19.980 millones de euros este año. "Este modelo de negocio comporta obligaciones legales. Los influencers también deben seguir prácticas comerciales justas y sus seguidores tienen derecho a una información transparente y fiable", apuntó el comisario de Justicia, Didier Reynders.

La noticia llega pocas horas más tarde de que todos los ministros de finanzas de la Unión Europea hayan validado la adenda del Plan de Recuperación de España, la última formalidad que quedaba por el acceso a más de 93.000 millones de euros en préstamos y subvenciones hasta 2026. En una reunión celebrada en Luxemburgo, los 27 también han dado luz verde a las estrategias renovadas de la República Checa, Países Bajos, Portugal y Eslovenia. España dispondrá así de más de 10.000 millones de euros en ayudas directas y hasta 83.000 millones de euros en préstamos en condiciones favorables para impulsar sobre todo la transición verde –un 40% de la inversión del plan se destina a esta partida-, la transformación digital y actuar en ámbitos como la vivienda o la investigación.

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