El diálogo, en huelga

Fueron los egipcios quienes documentaron la primera huelga de la historia. Alrededor del año 1152 a.C., los artesanos y picapedreros del faraón Ramsés III habían llegado a un límite. Durante los días previos, apenas se habían podido alimentar con los remanentes de su salario anterior. Su demanda era, pues, tan sencilla como esencial: o cobraban las raciones que les correspondían o dejaban de trabajar. Así nació el primer testimonio acreditado de un conflicto laboral entre dos partes. Claro que entonces los conceptos de empresa y trabajador eran más difusos.

A lo largo de la historia, las empresas y los trabajadores han ido construyendo una relación inevitablemente llena de fricciones, en la que a veces resulta complicado conciliar los intereses de ambas partes. La huelga general de este 11 de noviembre representa, en parte, un caso excepcional. La reivindicación inicial de una vivienda digna y accesible es compartida por patronales y asociaciones empresariales catalanas. Sin embargo, la convocatoria del paro, en plena eclosión del caso Maricarmen, canalizó el malestar de la clase trabajadora a costa de romper con el espíritu de organismos como el Consell del Diàleg Social de Catalunya o el Consejo Económico y Social del estado español.

Todo ello constituye una irresponsabilidad con un coste de entre 1.850 y 4.560 millones de euros, según los cálculos de Conpymes. Un dinero que no saldrá solo del bolsillo de los empresarios, sino que repercutirá en el conjunto de la sociedad. Llegados a este punto, cabe preguntarse si la precipitación de la huelga era el recurso final para esta problemática, tal como se ha promocionado. Si las patronales y los sindicatos compartían la necesidad de implementar medidas en el mercado de la vivienda, ¿cuál es el objetivo de una ruptura tan radical? ¿Quién ocupa el banquillo de los acusados en un juicio sin un juez claro?

La respuesta son las empresas. Es un recurso tan previsible como desafortunado, que constata que se ha avanzado muy poco en el objetivo de acabar con la demonización del empresario. El 99,8% de las compañías de Catalunya son pequeñas y medianas empresas, con una carga fiscal cada vez más elevada y, por lo tanto, muy alejadas de la imagen de las grandes corporaciones que buena parte de la ciudadanía sigue asociando a la palabra empresario. Buena parte son, además, empresas familiares que este miércoles no podrán levantar la persiana y que deberán asumir el coste de esta imprudencia.

Con el paso de las semanas, al leitmotiv original de la huelga se han sumado otras exigencias, de naturaleza muy diversa, que tampoco se resolverán con un paro repentino. Las demandas de salarios más altos y de un coste de vida más asumible son, nuevamente, luchas muy lícitas, pero no se pueden resolver a golpe de amenaza. Ambas cuestiones plantean debates profundos que deben incluir consideraciones como el impacto de la inflación, la evolución de los costes laborales o la deflactación del IRPF, entre muchos otros factores. 

Con una nueva legislatura en el estado español en el horizonte, cuesta entender los motivos por los cuales se precipitan y banalizan unas causas que requerirán grandes acuerdos, concesiones y esfuerzos por todas las partes. Incluyendo, por supuesto, el nuevo gobierno entrante que deberá ejercer de árbitro e impulsor de este marco. El diálogo es hoy un concepto gastado que habrá que reivindicar de nuevo si se quiere avanzar en todo aquello que preocupa a la ciudadanía. En este camino que habrá que recorrer juntos, sin embargo, la empresa debe ser considerada parte de la solución y no del problema. Y la huelga debe convertirse en un instrumento legítimo de presión, que habrá que emplear con responsabilidad y sin pervertir su sentido original.